Alcalde congela propuesta para pagar a ejidatario

GUADALAJARA, JALISCO.- La propuesta aprobada en la Comisión de Panteones del Ayuntamiento tapatío para pagar en plazos las tierras invadidas en el Panteón Guadalajara será congelada y retirada si es que llega a presentarse ante el pleno de los regidores. El alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, señaló que primero deben agotarse todas las instancias del juicio agrario, y en caso de que el Ayuntamiento no resulte favorecido con los resolutivos, entonces se deberá negociar con el ejidatario.

“Nosotros tenemos la obligación legal de llevar a cabo todas y cada una de las acciones del Ayuntamiento hasta la última de las instancias y no hemos llegado a ese momento. El patrimonio del municipio que está contemplado, no sólo por sus recursos públicos sino también por sus bienes, es obligación del Ayuntamiento defenderlo hasta el último momento.

“Llevar a cabo una propuesta económica antes de que ese momento llegue es una acción que realmente debemos de evitar. Hoy lo que tenemos que hacer es cumplir con todos y cada uno de los pasos que nos obliga la ley para determinar una posible indemnización económica”.

Dijo que hubo falta de comunicación entre la Comisión de Panteones y la Dirección Jurídica, ya que la primera se adelantó al tomar una decisión que no fue consensuada entre los diferentes órganos de decisión.

“Yo por su puesto hablaré con los integrantes de la comisión para pedirles que este dictamen no se agende, hasta en tanto no se resuelvan las diferentes instancias jurídicas que es nuestra responsabilidad atender”.

El pasado 30 de junio la Comisión de Panteones del Ayuntamiento tapatío aprobó por unanimidad pagar en abonos al ejidatario  Candelario Hernández Martínez, por las casi cinco hectáreas que el municipio invadió para ampliar el Panteón Guadalajara.

El regidor y presidente de la comisión, Pablo Vázquez Ramírez, señalóÊque para realizar el pago sobre “una base real” también se acordó solicitar un avalúo de las tierras en litigio al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
 
Telón de fondo

EL INFORMADOR publicó el 3 de julio que para el director jurídico del Ayuntamiento tapatío, José de Jesús Hidalgo Sánchez, el síndico suplente, Juan Felipe Macías González, violaba el Reglamento Orgánico del municipio, al aprobar en la Comisión de Panteones la indemnización en abonos por la parcela invadida en el Panteón Guadalajara.

En entrevista, el funcionario indicó que dicho reglamento establece que la Sindicatura debe salvaguardar el patrimonio municipal, por lo que al no haberse agotado el juicio, el síndico actuaba en contra de los intereses del Ayuntamiento.

Y es que el Ayuntamiento tapatío tendría que pagar alrededor de 187 millones de pesos por casi cinco hectáreas del Panteón Guadalajara, ya que el Tribunal Unitario Agrario finalmente emitió una sentencia definitiva, en la que ordena al municipio a que pague por las tierras del ejidatario Candelario Hernández Martínez.

En el cuerpo de la sentencia se establece que el monto de la indemnización tendrá que ser fijado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). También se condena al Ayuntamiento de Guadalajara para que sea éste, el que solicite el avalúo de la superficie en conflicto.

Aunque el Indaabin será el que determine la cantidad que el municipio deberá pagar por las tierras, el 14 de diciembre de 2006 el pleno del Ayuntamiento aprobó elevar una solicitud al Ejecutivo estatal para que declarara la utilidad pública de la parcela y se comenzaran los trámites de la expropiación.

Lo anterior significa que el Ayuntamiento tapatío tácitamente había aceptado pagar al ejidatario, toda vez que la Ley Agraria establece que todas las expropiaciones deberán tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria mediante una indemnización.

En aquella fecha, el Ayuntamiento de Guadalajara había considerado indemnizar al ejidatario por la cantidad de 187 millones de pesos, pero debido a la fuerte erogación se optó por rechazar cualquier negociación con el ejidatario, agotar el juicio agrario y solicitar la expropiación de las tierras para que la indemnización se programara en el presupuesto de egresos del año correspondiente.