Al menos 200 agentes de Fiscalía serán cesados

GUADALAJARA, JALISCO (30/OCT/2014).- Aunque uno de cada cuatro elementos de la Fiscalía del Estado atraviesan por una reevaluación en el Centro Estatal de Control de Confianza, la dependencia estatal ya tiene certeza de que al menos 200 se irán definitivamente de la corporación, por acreditarse omisiones de relevancia en sus pruebas.
 
El fiscal general, Luis Carlos Nájera, ha defendido que los oficiales en "segunda vuelta" de aplicación de exámenes lo están porque no acreditaron nexos con la delincuencia organizada, sino debilidades más bien en el ámbito personal.
 
A ellos, dijo, se les dio una oportunidad, pero estarán bajo "suspensión" de labores en tanto no se les notifiquen los resultados de los nuevos exámenes. Eso para que no haya violaciones a la ley, que estipula castigos para los mandos policíacos (o los jefes de éstos) que no hayan cesado a los elementos no aptos para su puesto, llegado el día límite.
 
Según el fiscal, los 200 oficiales menos en patrullaje --que podrían ser más si los reevaluados no pasan nuevamente las pruebas--, no inciden en que la seguridad del Estado sea vulnerable. Por el contrario, confía que la corporación recibe una limpia, pues se van quienes podrían estar trabajando para dos frentes.
 
"Es preferible que se vayan a donde pertenecen, porque son delincuentes, a que estén infiltrados en la institución. Hacen más daño (...) Nosotros hemos sido testigos de mucha gente que se ha separado, y que al tiempo aparecen haciendo funciones en definitiva como delincuentes".
 
Bajo ese argumento, Luis Carlos Nájera dice que "el tiempo dirá" si hubo aciertos en la depuración, pues el hecho que haya ex policías presos "nos habla que sí hay mucha gente infiltrada en las instituciones. Por eso siempre es mejor una institución confiable, sin gente vinculada con la delincuencia organizada, que gente que trabaje para ellos (en el interior)".
 
Concluye que la Fiscalía ofrecerá, "en la medida de sus posibilidades", apoyo en el reforzamiento de seguridad para los municipios de Jalisco que resientan un aumento en la inseguridad por las bajas obligadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.