GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2017).- El nuevo Sistema de Justicia Penal aún no requiere ajustes sino que se refuerce la capacitación de los involucrados y se trabaje en políticas reales de prevención del delito, aseveró Víctor Hugo Hernández Escobedo, representante de la Comunidad de Abogados Independientes de Jalisco, quienes salieron en defensa del nuevo modelo. Argumentó que el periodo de un año de aplicación de este sistema no es tiempo suficiente para evaluarlo y pretender hacerle cambios. El abogado afirmó que las reformas al sistema, que han solicitado actores como el Gobernador y los alcaldes metropolitanos, no son necesarias y podrían convertirse en una regresión.“Las voces oficialistas que atacan al nuevo sistema de justicia y que buscan sepultarlo con la contrarreforma, son precisamente los que fallaron en su fortalecimiento y evadiendo su responsabilices. La capacitación a la que se le destinaron millones en muchos casos se redujo a dos días de instrucción. Realmente la capacitación a los policías, al primer respondiente que es el sustento es prácticamente nula”, expuso.Hernández Escobedo sostuvo que, para que el nuevo sistema arroje mejores resultados, se requiere el diseño de una política de prevención del delito y fortalecimiento de las capacidades de investigación, profesionalizar a policías, ministerios públicos y unidades de apoyo al proceso. Además, de una política social para que se conozca en el funcionamiento del modelo en todos los grupos sociales. Solicitó que desde escuelas de educación básica, comités vecinales, sindicatos y asociaciones en general se difunda los cambios.Añadió que propuestas como la de ampliar el catálogo de delitos en los que se aplica la prisión preventiva son riesgosas pues se volvería al sistema inquisitivo, donde todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario. El especialista dijo que se debe dar un periodo de por lo menos tres años para que el cambio de modelo dé resultados en aspectos como combate a la corrupción, despresurización de prisiones, dar más transparencia a los procesos y garantizar el derecho de acceder a una justicia pronta y expedita.Calificó como grave la decisión del Consejo de la Judicatura de trasladar a los titulares de los juzgados del anterior sistema, conforme van cerrando estos juzgados, y convertirlos en jueces de control en el nuevo modelo. Argumentó que se trata de una decisión arriesgada ya que el sistema de justicia adversarias requiere una preparación y formación totalmente diferente.EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS
