Acredita la CEDHJ abuso policial en Cihuatlán

GUADALAJARA, JALISCO (28/DIC/2010).- Tras comprobar que policías y médicos adscritos a la cárcel municipal violaron los derechos al trato digno, legalidad y seguridad jurídica e integridad y seguridad personal de una mujer que acudió a visitar a su esposo, La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ( CEDHJ) emitió este martes una recomendación dirigida al Ayuntamiento de Cihuatlán.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo, cuando la mujer que visitaba a su esposo, previo a su ingreso fue sometida a una revisión dactilar vaginal por el médico Jacobo Leonardo Chávez Padilla, para evitar el ingreso de objetos prohibidos, de acuerdo con la recomendación 34/2010.

"La autoridad no encontró nada ilícito, pues no acreditó que la agraviada hubiese portado alguna sustancia u objeto prohibido", determinó la CEDHJ.

Para la Comisión resulta más grave aún que las revisiones se hayan realizado en un cuarto que no era higiénico, ni cómodo para que un médico auscultara a una persona, ya que, según refirió el ombudsman, en el lugar se observaron cajas, una llanta en el piso, una mesa y unas mochilas, además sin privacidad, pues había unas celosías con suficientes espacios para ver a través de ellas.

El ombudsman explicó que el médico accedió a hacer la inspección por órdenes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal; durante ésta, una mujer policía estuvo presente, pero omitió señalar lo ilegal de la acción y por la tarde de ese mismo día, otro médico realizó tres acciones similares.

Ante los hechos, la CEDHJ solicitó al presidente municipal de Cihuatlán, Roberto Gallardo Ruiz, que inicie un procedimiento administrativo contra los servidores involucrados; proporcione tratamiento sicológico en el DIF o con un particular a la mujer para que supere el trauma; que elabore un manual de procedimientos para la detección de objetos y sustancias prohibidas al ingreso de la cárcel municipal, además de capacitación para el personal de la cárcel y la adquisición del equipo necesario para evitar revisiones degradantes.

Además solicitó una disculpa por escrito para la agraviada.

 “Las autoridades penitenciarias son las principales responsables de salvaguardar la seguridad en los centros carcelarios a su cargo, tanto de los internos como del personal que ahí labora y de quienes acuden a visita; sin embargo, el cumplimiento de esa tarea no debe ser mediante la realización de actos que violen los derechos humanos”, manifestó.

EL INFORMADOR / LILIANA NAVARRO