Acercan asesoría legal y médica a las víctimas  

GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2016).- Aunque hace dos años los diputados aprobaron la Ley de atención a víctimas, que obliga al Estado a la reparación integral del daño, a la fecha los afectados que se han acercado a la Comisión ejecutiva de atención a víctimas no han recibido un peso, cuando se tienen 25 millones. Sin embargo, hay otros beneficios hacia la población.

A un año de su instalación, la Comisión ha proporcionado atención multidisciplinaria a 350 personas que han sido víctimas directas e indirectas de un delito o que han sufrido una violación a sus derechos humanos.

“A estas víctimas se les han proporcionado atenciones continuas entre asesorías jurídicas, atenciones psicológicas, médicas y de trabajo social”, presume el secretario Felipe Luis Navarro.

El recuento de las atenciones son: 13 servicios de trabajo social, 247 consultas psicológicas y 259 atenciones médicas, aunque en lo referente a las atenciones jurídicas “no existe un número exacto en razón de la variedad de gestiones y porque cada asunto es distinto”.

El problema es que la Comisión tiene un presupuesto limitado frente a las comisiones estatales, como en el Estado de México y Nuevo León, que disponen de 140 millones y 47 millones, respectivamente, para atender y reparar el daño a las víctimas.

Para Javier Perlasca Chávez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), el riesgo de tener un presupuesto tan limitado puede redundar en una “mala, incompleta y deficiente atención”, lo que podría concluir en que los solicitantes padezcan una “doble victimización”, pues además de ser afectados de un delito o de una violación a sus derechos humanos, tendrán que estar sujetos a la espera de la atención que no pueden recibir por razones presupuestarias, de recursos humanos o infraestructura.

Entre los retos que la Comisión enfrenta destaca que, a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, tendrá que proporcionar un defensor de oficio a todas las víctimas en la Entidad, “es un reto inmenso… en algún futuro vamos a tener presencia en los 12 distritos judiciales”, reconoce Felipe Luis Navarro. Tan sólo en lo que va del mes, la Fiscalía Central registra 12 mil 769 nuevas carpetas de investigación.

En tanto la Comisión no disponga de más recursos, solamente podrá representar y atender a las víctimas en el distrito I de Guadalajara, en donde asisten dos médicos, dos psicólogos y 14 abogados. En esa demarcación se contabilizan cuatro mil 252 carpetas de investigación desde que entró en vigor el nuevo sistema penal. Por ello, el funcionario anticipa que se necesitarán al menos 54 abogados para los distritos interiores.

Mientras tanto, la asesoría jurídica corre a cuenta de la CEDH, que actualmente cubre los 11 distritos judiciales en el interior del Estado; sin embargo, el organismo no tiene un número específico de abogados: “Conforme van llegando los asuntos se van turnando… no es suficiente (el personal), pero hay el compromiso”.

A la fecha ya se acumulan rezagos en la prestación de servicios, “la carga laboral nos ha hecho que no les demos a las víctimas la atención psicológica hoy mismo, al principio sí era así, ahora tenemos una agenda que crece cada día de manera exponencial.”, señala el secretario técnico de la Comisión.

NUMERALIA

Quejas y fondo
 

655	1 millón	25 millones	0 pesos	15,329	95,329
Personas se han acercado a la Comisión de víctimas entre 2015 y 2016	Millón de pesos para el Fondo de atención a víctimas en 2015	Millones de pesos para el Fondo de víctimas en 2016	Pesos entregados a solicitantes de la compensación de daños	Quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2015	Delitos del fuero común durante 2015 en el Estado

SALDO DE LA LEGISLACIÓN

Sólo en nueve casos procedería compensación

Han pasado casi cuatro meses desde que una madre habló por última ocasión con su hijo de 23 años. Desde el 20 de febrero se desconoce su paradero.

Como madre del estudiante desaparecido, ella es víctima indirecta de la comisión de un delito; sin embargo, la ley no la reconoce como víctima en el Registro Estatal porque no tiene una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) ni una resolución judicial.

Hasta que eso no suceda, la víctima no podrá ser parte del Registro estatal de atención a víctimas, por lo que no podrá acceder a la reparación del daño.

Desde que se instaló la Comisión de víctimas, hace un año, se han acercado 655 peticionarios, pero sólo se han identificado 255 probables casos de afectados de delitos del fuero común o violaciones a sus derechos humanos. El problema es que la mayoría no cuenta ni con una recomendación ni sentencia de un juez.

Según la Comisión de víctimas, solamente seis afectados cuentan con una recomendación de derechos humanos y otros tres están en proceso de obtener algún recurso judicial, “En estos casos (nueve de un total de 255 en estudio) sí procedería la posible reparación integral del daño”, confirma el secretario técnico Felipe Luis Navarro.

El resto de las solicitudes se derivan para que las personas reciban atención.

El otro obstáculo es que no hay un plazo para que se conforme el Comité Interdisciplinario evaluador, que deberá analizar cada expediente para dictaminar la procedencia o improcedencia de la solicitud y elaborar el proyecto de dictamen que determine la compensación.

Pero el reglamento tampoco define qué perfiles integrarán el Comité, aunque el secretario técnico de la Comisión aclara que podría quedar integrado por peritos con capacidad de resolver cuestiones de salud, psicológicas, jurídicas y de trabajo social. “En la próxima sesión se decidirá qué tipo de perfiles integrarán el Comité y la cantidad de personas e inmediatamente procederá la secretaría técnica a integrarlo”.

¿El próximo mes será una realidad?: “Son cosas que escapan de mi capacidad”, responde.

El artículo 37 del reglamento indica que la Comisión de víctimas tomará en consideración los montos que establece la Ley Federal del Trabajo, en el caso de los riesgos laborales, para la elaboración y aprobación de los tabuladores de montos compensatorios.

Los diputados lanzan un llamado a la Comisión a que integre el Comité: “Se debe aprobar de inmediato para dar respuesta a las víctimas”, señala Felipe Romo Cuéllar, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. “Tenemos que exhortar (a la Comisión) para que se conforme el Comité… no podemos esperar más”, advierte Refugio  Ruíz Moreno, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Para el legislador Ismael del Toro, los requisitos que marca el reglamento revictimizan a los afectados de algún delito, “todo el peregrinar que requiere hacer una víctima para poder acreditar que es una víctima, hace disfuncional todo el esfuerzo de la ley, el reglamento debería de haber hecho las cosas más fáciles: una ruta clara y sencilla para que las víctimas sean atendidas”.

El otro instrumento cuya creación está pendiente es el modelo integral de atención a víctimas, a través del cual se establecerá la ruta de atención a víctimas y los procedimientos para la su asistencia y protección. Tampoco hay fecha.  

En el olvido, víctimas de violaciones a derechos humanos

El 29 de febrero pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una recomendación al secretario de Educación, Francisco Ayón, para que lleve a cabo la reparación por el daño a seis menores de edad que sufrieron agresiones de carácter sexual cuando estudiaban segundo grado de kínder, en el municipio de Tlaquepaque.

Una de las menores, de cuatro años de edad, denunció los abusos que recibían ella y sus compañeras por parte de su profesor de deportes: “por eso yo ya no quiero ir a la escuela, porque no me gusta lo que me hace mi maestro, cada vez que me tocaba me dolía”, recoge su testimonio.

Este año las autoridades estatales y municipales han sido omisas en asumir la responsabilidad de los actos de abuso, omisiones o negligencias cometidas por sus servidores públicos. Pese a que la CEDHJ ha emitido 18 recomendaciones (15 han sido aceptadas) ninguna autoridad ha desembolsado recursos para reparar del daño a las víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos.

En años anteriores las víctimas corrieron con suerte, pues en 2014 el pago por la reparación del daño por parte de dependencias del gobierno estatal o gobiernos municipales alcanzó 25 millones 177 mil pesos, mientras que el año pasado el pago a las víctimas cayó a dos millones 886 mil pesos.

De las recomendaciones emitidas este año, siete son dirigidas a la Fiscalía del Estado; tres a la Secretaría de Salud por violar el derecho a la protección de la salud; dos contra el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, por violación de los derechos a la libertad persona, integridad y seguridad personal; y dos más contra la Secretaría de Educación.

El resto de las recomendaciones se emitieron a los alcaldes de Guadalajara, Tlajomulco, Tequila e Ixtlahuacán de los Membrillos, por diversos motivos. En entrevista, Javier Perlasca Chávez, primer visitador de la CEDHJ, reveló que no ha habido disposición y voluntad de quienes deben reparar el daño a las víctimas.

El incumplimiento de las autoridades en la reparación del daño, a decir del primer visitador, se debe a que las autoridades están “tratando de empatar la parte (de recursos monetarios) que ya le asignaron a la Comisión Estatal de Víctimas para que por esa vía, junto con la parte que se asigna a cada dependencia, puedan corresponder a la reparación del daño que se tendrá que dar porque fueron aceptadas las recomendaciones”.  

Sin embargo, aclara que el hecho de que no esté operando el Fondo de Atención a Víctimas, “no es pretexto para incumplir con las recomendaciones”.

En ello coincide la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, a través de un exhorto legislativo: “ninguna autoridad ha resarcido económicamente a los agraviados, esto a pesar que para el ejercicio 2016 se asignaron 25 millones de pesos para el Fondo de Atención a Víctimas, lo que es una omisión delicada por parte de las autoridades, considerando que las víctimas de derechos humanos han crecido”.

Una víctima invisible

La mañana del 21 de febrero una mujer de 44 años recibió una noticia que la dejó derrumbada. Apenas se adentraba a lo que sería su peor pesadilla: su ex esposo le confirmó que su hijo estaba desaparecido desde las 15:30 horas del día anterior.

El joven estudiante de 23 años fue visto por última vez en el municipio de Zapopan. En Jalisco,  la estadística arroja que dos mil 390 personas se encuentran desaparecidas, hasta el corte de abril pasado.

Desde entonces su madre ha movido cielo, mar y tierra para encontrar al joven, pero a casi cuatro meses de la desaparición no hay noticias ni avances en la investigación. No se han practicado las diligencias necesarias a fin de acreditar el cuerpo del delito.

A la mujer ya no le importa que se haga justicia, lo único que quiere es tener a su hijo de vuelta. La madre desesperada relata el calvario que ha tenido que sortear: primero fue atendida en el área de desaparecidos, después la mandaron a secuestros, donde le dijeron que volviera al día siguiente, pero no desistió y finalmente le abrieron en esa unidad la averiguación previa, aunque a partir del 26 de mayo su expediente fue remitido al área de extorsiones.

La madre del joven desaparecido ha tocado la puerta de la Procuraduría General de la República, de Derechos Humanos, de asociaciones civiles y hasta fue recibida por el fiscal Eduardo Almaguer y el gobernador Aristóteles Sandoval.

“En la unidad de secuestros me dijeron que el caso de mi hijo requería mucho trabajo de escritorio y que tanto el personal de secuestros como de desapariciones están todo el día fuera”. La remitieron a la unidad de extorsiones para darle una mejor atención.

Sin embargo, ella percibe que no hay avances: “no voy a soltar a mi hijo hasta que aparezca o hasta que haya una confirmación de algo, hasta que mi corazón deje de latir”.

Lo único que quiere es tener la certeza de que hay una autoridad buscando a su hijo, “mientras no tenga la certeza, ¿Cómo le hago? ¿Quién va a responder si a mi hijo lo mataron o si tiene tres meses sufriendo porque no lo buscan? ¿Quién se lo llevó? ¿Qué le hicieron? ¿Dónde está?”, son preguntas que la atormentan todos los días.

La autoridad le responde que “no son magos, que tienen que ir poco a poco y que hay casos más urgentes”, pero ella lo único que pide es que lo encuentren.

Mientras el tiempo pasa, en las más de 15 ocasiones en que ha acudido a la Fiscalía desde febrero pasado, los diferentes ministerios públicos que la han atendido apuntan a la misma conclusión: no hay avances en la investigación.

La promesa del encargado del caso es presentar avances esta semana, aunque casi cuatro meses después de la desaparición, la Fiscalía ni siquiera ha ubicado si existen cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores del domicilio en que se le vio por última vez.

La madre del estudiante es una víctima invisible. En la Comisión de Atención a Víctimas un asesor jurídico le explica que no puede ser considerada como víctima (en el Registro Estatal de Víctimas) en tanto no tenga una resolución judicial o recomendación de un organismo defensor de derechos humanos, aunque de inmediato le garantizan asesoría jurídica, atención psicológica y médica.

La psicóloga le agenda una cita hasta la próxima semana, “la idea es que el apoyo sea integral y que esté acompañada en todo momento”, le consuela, al tiempo que el asesor jurídico se compromete a informarle sobre los avances en las diligencias, aunque cuando se le pide acompañar a la mujer a la Fiscalía, su agenda se lo impide. Mientras tanto, la mujer no pierde la esperanza de que algún día su hijo regrese, aunque sea, por su propio pie.

Pretenden reducir tiempo

De acuerdo con el reglamento de la Ley de víctimas, la Comisión tiene un plazo de hasta 90 días hábiles para integrar el expediente de los afectados una vez que reciba la solicitud de compensación.

En esta etapa del procedimiento, la Comisión deberá valorar y analizar la información presentada por la víctima para formular un proyecto de dictamen que deberá aprobarse o rechazarse en el pleno.

En la última etapa, es el pleno de la Comisión el que deberá emitir la resolución definitiva en un plazo no mayor a 20 días hábiles.

En suma, la Comisión y el pleno disponen de más de 100 días para integrar, evaluar y aprobar o rechazar un expediente.

El diputado Felipe Romo Cuéllar, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, planteará al interior del Congreso modificar la ley para que garantice una atención rápida y oportuna.

En tanto, la legisladora Refugio Ruíz Moreno se compromete a presentar una iniciativa para agilizar los tiempos, “vamos a bajar los plazos, es importante manejar esto para ayudar a las personas”.

Para Javier Perlasca Chávez, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la víctima que llega con una resolución judicial o recomendación de derechos humanos, no merece esperar tanto tiempo. Por eso plantea reformar la reglamentación para actualizar debidamente los tiempos de atención y reparación del daño a las víctimas, “es tarea del Legislativo, esto urge, hay que cumplir con esto, no esperar a cuestiones de tramitología burocrática o reglamentaria”.
 
Pendientes en transparencia
 
De acuerdo con el artículo cuarto del reglamento de la Comisión de atención a víctimas, debe contar con una unidad de enlace para el acceso a la información pública gubernamental, pero no tiene una unidad propia ni una plataforma digital en la que publique la información fundamental.

Otras comisiones estatales, como las de Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí, sí tienen un sitio de difusión de la información pública.

La Comisión de Veracruz es la más transparente en el país. En su portal se puede acceder al marco legal que la sustenta, estructura orgánica, actividades relevantes, convenios de coordinación, licitaciones, resultados de auditorías, salarios y remuneraciones, estados financieros y ejercicio del presupuesto que ha tenido desde 2013 a la fecha.

El secretario técnico de la Comisión de víctimas en Jalisco, Felipe Luis Navarro, responde que, sobre el Registro estatal de atención a víctimas, no será público bajo ninguna circunstancia, aunque sí se publicará próximamente información estadística sobre el número de víctimas y los delitos y violaciones con mayor incidencia. Aunque hasta la fecha no se tiene un sistema de indicadores y evaluación, admite que se trabajará en la creación de datos, como el grado de satisfacción de los afectados respecto a los servicios y atenciones proporcionados.

A un año de su creación, la comisión sigue sin publicar información sobre su calendario de labores, los programas operativos anuales, los convenios de coordinación, los proyectos de presupuesto y su ejercicio, informes anuales de desempeño, estados financieros, información sobre el gasto operativo y nómina, actas de sesiones, acuerdos tomados, ni sobre las acciones emprendidas para garantizar el derecho de las víctimas.

CONTACTO
 
CEDHJ

• Pedro Moreno 1616, Colonia Americana, Guadalajara.
Teléfono: 3669-1100.
 
• Comisión de atención a víctimas
Madero 110, Zona Centro, Guadalajara.
Teléfono: 1543-8809

Legislación en papel

Creación. El 26 de febrero de 2014, tras una discusión que rebasó las dos horas, el Congreso del Estado aprobó la Ley de víctimas. El nuevo estatuto desapareció el fideicomiso que estaba destinado para la indemnización de afectados y obligó a crear una partida presupuestal anual para un fondo especial. Además, se restó facultades de defensa hacia las víctimas a la Procuraduría Social, asumiéndolas el Sistema estatal de víctimas.

Registro. Según el artículo 25 del reglamento, la Fiscalía de Derechos Humanos operará el Registro Estatal de Atención a Víctimas, como mecanismo técnico y administrativo que dará soporte al proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos al Sistema Estatal.

Víctimas. Son víctimas todas las personas que sufrieron (de manera directa o indirecta) un daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier riesgo o lesión a sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución.

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