Acceso a la información es más difícil y burocrático

GUADALAJARA, JALISCO (01/ABR/2012).- Para el ex titular del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco (Itei), Augusto Valencia, la Ley de Información vigente desde hoy es un retroceso que “judicializa” el proceso de acceso a la información y afecta al ciudadano. “No se respeta el espíritu de la Ley, se afecta al ciudadano. Esta Ley se creó para protegerlo, no para atacar a quien tiene derecho a solicitar información”.

Con la nueva Ley de Información, aprobada fast track por el Congreso, se tiende a burocratizar el derecho a la información e incrementar considerablemente el costo de la infraestructura para hacerlo operable, tanto en los sujetos obligados como en el Instituto de Transparencia, consideró José Bautista Farías, académico del Centro de Investigación y Formación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Para el académico del ITESO, mientras que en la Ley de Transparencia que ha quedado abrogada defiende el derecho de los ciudadanos, conocer y participar en las deliberaciones de las autoridades, con la actual Ley, esto se suprime. Además, cualquier opinión que forme parte de un proceso deliberativo de los servidores públicos será considerada como información reservada.

El académico del ITESO cuestionó los tres supuestos beneficios de la nueva ley pues, dice, el incremento de las obligaciones de transparencia puede ser poco relevante para el ciudadano, y no hacía falta aumentar el número de sujetos obligados, ya que la misma legislación establece que cualquier entidad que se haya creado con recursos públicos entra en esta categoría.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), capítulo Jalisco, condenó la entrada en vigor de esta norma pues, recordó que no se cumplió con los procesos legislativos marcados por Ley. Asociaciones civiles y académicos califican la norma como un retroceso.

Señaló que para la elaboración de la controversial norma que hoy entra en vigor, no se tomaron en cuenta las observaciones que la Amedi realizó en abril de 2010, para modificar la Ley de Transparencia, y que para el aval de la nueva norma no se escucharon voces de académicos y especialistas en la materia.

Recientemente el Consejo Económico y Social (Cesjal), a través del presidente de la Comisión de Transparencia, Óscar Ábrego expuso que en breve enviarían una serie de recomendaciones al Congreso para exponer los motivos por los que afirman está norma “es una vergüenza y un retroceso” en Jalisco, en materia de transparencia y rendición de cuentas. Recordó que Jalisco fue pionero a nivel nacional por los alcances de la norma.

FRASE

"Esto (nueva ley) atenta no sólo contra la libertad de expresión, sino contra el derecho a saber lo que deciden los gobernantes en nuestro nombre "

José Bautista Farías,
académico del ITESO.

Cierra Infomex ingreso de solicitudes

En el artículo 24 de la Ley de Información establece en la fracción octava que una de las obligaciones de los sujetos obligados será implementar un sistema de recepción de solicitudes y entrega de información pública vía electrónica, que garantice el seguimiento de las solicitudes y genere los comprobantes de la recepción de la solicitud de información.

Esto implica que los sujetos obligados tendrán la posibilidad de elaborar sus propias plataformas electrónicas para recibir información; mientras que el sistema conocido como Infomex, quedaría obsoleto.

Este sistema, es uno avalado a nivel nacional y en Jalisco estaban sumados prácticamente casi todos los municipios y las dependencias gubernamentales a excepción del Poder Legislativo y Judicial.

En este portal de internet se observa una leyenda en la que se lee “Derivado del cambio en la normatividad en el uso del Sistema Infomex Jalisco, por la entrada en vigor de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se les informa a la sociedad en general que a partir del primero de abril, fecha en que entra en vigor la nueva ley, el Sistema Informex Jalisco estará deshabilitada la opción ‘ingresar nueva solicitud’, todas las demás funciones del sistema permanecerán sin cambios. Las adecuaciones para iniciar Infomex con la nueva ley, ya comenzaron, por lo que se espera que a la brevedad se encuentre trabajado al cien por ciento”.

Cuestión de voluntad

En tanto, las opciones que tienen los ciudadanos para elaborar solicitudes de información  es acudir personalmente a las unidades de transparencia de los respectivos sujetos obligados.

Al respecto, el presidente del Itei, Jorge Gutiérrez Reynaga, explicó que la diferencia con este nuevo sistema es que podrán solicitar información a través de un sistema único, siempre y cuando los sujetos obligados deseen sumarse a este programa aunque reconoció que no están obligados a hacerlo.

CESJAL
Cuestionamientos preliminares

1.- Las normas de la Ley son confusas y en el Código Penal son amplias, se corre el riesgo que las autoridades comiencen procedimientos administrativos o penales en contra de empleados públicos, informantes de actos de corrupción, líderes sociales, ciudadanos, académicos o periodistas. La propuesta es derogar el artículo 106.

2.- La Ley no incluye la garantía del acceso al procedimiento de toma de decisiones públicas. La propuesta es regresar a la anterior Ley.

3.- El Itei pasará de ser instancia que proponía sanciones a una sancionadora, con la posibilidad que sus determinaciones se puedan recurrir ante el TAE.

4.- Nunca se llevó a cabo un estudio de impacto regulatorio de la Ley, se desconocen sus alcances y costos. La propuesta es regresar a la anterior Ley.

5.- Los plazos para la entrega de información son ambiguos. Esta nueva norma burocratiza el acceso a la información.

6.- Trabas y procesos burocráticos para conocer datos e información para tomar decisiones en materia económico, ello afecta las inversiones.

7.- Complica el ejercicio del derecho a la información al cambiar procedimientos, términos y conceptos. Existe sobrerregu- lación en términos.

Bajo análisis

Diez observaciones clave a la nueva ley

1. En el título y objetivos hay un retroceso en materia de derecho a la información, pues se elimina la palabra “transparencia” y en su lugar se coloca el concepto “información pública”.

2. En las 213 páginas del dictamen aprobado por el Congreso no hay un solo argumento que justifique por qué se abrogó la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y no simplemente reformarla.

3. En el objeto de la nueva ley, los legisladores eliminaron “la garantía del derecho fundamental de toda persona a conocer el proceso y la toma de decisiones públicas, así como acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información” (artículo 2 de la Ley vigente). En su lugar, el objetivo de ley se reduce a “clasificar información, proteger datos personales, acceder a información y organizar el funcionamiento del ITEI”.

4. La nueva Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios permite que el ITEI amplíe el número de empleados y los recursos necesarios para su operación cotidiana. Crear una estructura legal que incentive el crecimiento presupuestal para esta institución es poco sensato.

5. En la nueva ley se elimina la obligatoriedad de los sujetos obligados de dejar testimonio de las discusiones entre los funcionarios públicos (Artículo 55 de la Ley vigente). Se prescinde de la disposición de transparentar las decisiones de los servidores públicos (artículo 56 de la Ley vigente). También se reserva información que contenga opiniones, recomendaciones y puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo para la toma de decisiones (Artículo 41 de la nueva ley). La eliminación de estas dos disposiciones y la implementación de nuevas restricciones limitan seriamente la posibilidad de que los ciudadanos conozcan cómo trabaja el Gobierno.

6. En la nueva ley no hay modificación alguna que genere garantías para que en el futuro no se repita una elección de consejeros poco transparente y marcada por intereses partidistas.

7. En la nueva ley (artículo 106) se infracciona a particulares por difundir o publicar información considerada como reservada. Esta nueva disposición constituye una limitación a la libertad de expresión de los ciudadanos.

8. El artículo 298 que se agrega al Código Penal del Estado de Jalisco lastima los derechos a la información así como la libertad de prensa y expresión.

9. La ley no cumple con el concepto de “progresividad” de los derechos humanos, establecido en el Artículo 1º de la Constitución de México y atenta contra el Artículo 6 de la Constitución.

10. Con la nueva ley, usted podría hacerse acreedor  a una multa de 100 a mil días de salario mínimo general vigente para la Zona Metropolitana de Guadalajara (entre cinco mil 813 a 58 mil130 pesos), por dar a conocer información pública reservada e incluso se prevé la cárcel.

Fuente: Asociación Mexicana de Derecho a la Información.