Abren investigación sobre trámites del motel de Mezquitán

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUN/2013).- La Secretaría de Contraloría Municipal de Guadalajara y la Oficina de Combate a la Corrupción, fueron instruidas para verificar la autenticidad de las autorizaciones del motel que se edifica en la colonia de San Miguel de Mezquitán, luego de que ex funcionarios tapatíos afirmaran que sus firmas fueron falsificadas y que se trata de documentos apócrifos.
 
El síndico tapatío, Luis Ernesto Salomón Delgado, en funciones de presidente municipal de Guadalajara, confirmó que la investigación sobre el caso está en curso: "Le hemos pedido a la Contraloría, al señor contralor, Gustavo César Galindo, que inicie una investigación para llegar al fondo de las cosas, y deslindar, en el caso de que así procediera, responsabilidades, independientemente de que estamos valorando las acciones jurídicas que pudieran resultar. También hemos dado cuenta y vamos a solicitarle a la unidad de Combate a la Corrupción que se involucre en el tema".
 
Luego, prometió: "Vamos  a hacer una investigación seria y profunda para llegar a conocer la verdad de lo que sucedió,  y a partir de lo que ahí descubramos, vamos a actuar".
 
El día de ayer se reveló que dos de los ex funcionarios de Guadalajara cuyas firmas aparecen en el recurso de revisión resuelto a favor del proyecto del motel en 2008, están asegurando que son apócrifas, y que nunca autorizaron dicho inmueble.

Son específicamente José Juan Carlos Ulloa Sánchez, quien fungía entonces como secretario particular del ex alcalde, Alfonso Petersen Farah, y como su representante en el Comité para la Revisión de Recursos en Materia de Desarrollo Urbano en 2008, y Ricardo Oliveras Ureña, ex director general de Obras Públicas.
 
Ulloa Sánchez, inclusive, presentó una denuncia ante la Fiscalía Central por la falsificación que presume a su firma; Oliveras Ureña, por su parte, informó, en entrevista, que dicho Comité, cuando valoró el recurso del motel lo votó en sentido desfavorable, y sin embargo, existe una supuesta resolución positiva al proyecto del 21 de noviembre de 2008, de la que se desprendieron el resto de sus trámites y que lo tienen ahora en desarrollo.  
 
Además, Oliveras Ureña declaró que durante su gestión al frente de la Dirección General de Obras Públicas, en 2009, nunca fue expedido un dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos para el motel en la colonia, y no obstante, el inmueble cuenta con uno de esos trámites, presuntamente emitido el 23 de octubre de ese mismo año.
 
Todos estos elementos, refirió el síndico Salomón Delgado, en funciones de presidente municipal, donde no sólo tuvo participación el Comité (de donde salió la resolución del recurso), sino también la Secretaría de Obras Públicas (de donde surgió el Dictamen de Trazo),  serán abordados dentro de la indagatoria que se ha puesto en marcha para esclarecer su sustento:
 
"Vamos investigar todo el caso, no estamos acotando nada, queremos saber qué paso, tener una visión clara, cierta y actuar con toda responsabilidad. Lo estamos haciendo con toda decisión".

Los dos documentos cuya autenticidad es cuestionada por los ex funcionarios (la resolución del Comité y el Dictamen de Trazo), habrían sido utilizados el 29 de marzo de 2010 para la emisión de la licencia de construcción del motel, ya en una administración del PRI.

De concluir ciertas las irregularidades, la autoridad municipal le estará dando vista al Ministerio Público; por el momento, empero, estas aseveraciones no son suficientes para la suspensión de las obras del motel, como lo solicitan los vecinos, aunque esto podría ocurrir a través del proceso legal que ellos iniciaron ante la Procuraduría de Desarrollo Urbano, según lo dejó entrever el síndico, en funciones de presidente municipal:
 
 "No podemos dar nosotros por hecho una situación que tiene en este momento un grado presuntivo, hay que acreditar, hay que probar, hay que hacer una serie de procesos y en el momento que lo tengamos cierto, llegado el caso, daremos cuenta a otras autoridades si es que consideramos que hay algún delito o alguna otra falta que perseguir. Tengo entendido que hay una serie de procesos jurídicos que están en marcha impulsados por los vecinos y que, probablemente, darán resultados los próximos días".
 
Otra inconsistencia señalada por el ex director de Obras Públicas tapatío, es que en la resolución del recurso supuestamente favorable para el motel, él aparece como eso, como titular de la dependencia, a pesar de que en esa fecha aún no lo era -21 de noviembre de 2008-, pues recibió el nombramiento hasta el 19 de diciembre, es decir, casi un mes después.

Salomón Delgado concluyó acerca de todo este caso: "esta situación es nueva, es un elemento nuevo y vamos a investigar; por supuesto, es un asunto muy grave en caso de que resultara cierto, pero no quisiera adelantar juicios, sino hay que investigar".
 
El Comité y el motel
 
La construcción del motel en la colonia San Miguel de Mezquitán requería forzosamente de la intervención a su favor del Comité para la Revisión de Recursos en Materia de Desarrollo Urbano de Guadalajara, pues el plan parcial de desarrollo urbano vigente marca un uso de suelo que no lo permite.   
 
El Comité tuvo que haberle autorizado un uso de suelo Turístico Hotelero Densidad Mínima, compatible con el motel, pero distinto al que marca ahí el plan: Turístico Hotelero de Densidad Media.
 
Ahora, sin embargo, los ex funcionarios tapatíos aseguran que el Comité nunca avaló el motel, por lo que, de ser cierto, nunca se le tuvo que haber emitido un Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos (donde se autoriza el nuevo uso de suelo que requería), mucho menos una licencia de construcción.
 
Dicho Comité, facultado para autorizar giros y construcciones que no se apegan a lo que marcan los planes parciales de desarrollo urbano vigentes,  operó durante toda la administración 2010-2012, y lo sigue haciendo en estos momentos, en sesiones cuya programación nunca es difundida o anunciada por la autoridad municipal.

EL INFORMADOR / LUIS HERRERA