Abogados 'talibanes' buscan cobijo; no les va a servir: Almaguer

GUADALAJARA, JALISCO (10/OCT/2013).- No hay marcha atrás. La determinación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) contra el grupo de abogados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje conocidos como " talibanes", es firme... pese a que éstos buscan cobijo en varias instancias.
 
Desde colegios de abogados y "personajes que pueden opinar a favor de ellos públicamente", hasta sindicatos y empresarios, el grupo de litigantes señalados en diversos actos jurídicos con irregularidades en su desarrollo ha tratado de asirse a cualquiera que les signifique apoyo.
 
Eduardo Almaguer, secretario de Trabajo en la Entidad, confirma lo anterior, al tiempo que advierte que la intentona de los abogados por evitarse represalias de carácter penal "no les va a servir".
 
Queremos verlos en prisión
 
Contundente, expone: "Queremos ver a todos los delincuentes en la cárcel, y ellos son delincuentes y tienen qué estar en la cárcel".
 
La investigación de la dependencia que encabeza ha concluido. Todos los expedientes están en manos de la Fiscalía, y confía que en breve se ejercite acción penal contra los "malos abogados".
 
En dichas indagatorias, la STPS señala a presidentes de juntas especiales y auxiliares, secretarios, auxiliares administrativos y hasta notificadores. En total, son 40 ex servidores.
 
"Una abogada está todos los días ahí en la agencia del Ministerio Público para que finalmente se pueda ejercer acción penal en contra de esta mafia y de estos delincuentes de cuello blanco".
 
A partir de la que, confía, será una resolución favorable por parte de la Fiscalía, el mensaje para el resto de los funcionarios públicos que intenten participar en actos de corrupción "queda claro".
 
Ex funcionarios de SIAPA, en la mira por laudos millonarios
 
Tanto los ex colaboradores del SIAPA (Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado) que demandaron al organismo por sumas millonarias sin estar en la nómina, como los funcionarios de la propia paramunicipal que poco hicieron para evitar que ganaran el juicio, están en la mira de la Fiscalía.  
 
De acuerdo con el secretario de Trabajo, Eduardo Almaguer, la responsabilidad en que todas las partes incurrieron resulta evidente.
 
"Para que pudiera darse esta relación de trabajo que no existía y estos salarios que tampoco nadie gana, tuvo que haber articulación de malos servidores públicos de todas las dependencias que participaron".
 
La última palabra está en la Fiscalía
 
No obstante, advierte que será la Fiscalía quien dé la última palabra, aunque también avizora resultados en el corto plazo.
 
La Secretaría de Trabajo, concluye, "ahorró" al organismo 39 millones de pesos en indemnizaciones laborales fraudulentas, aunque sí lograron cobrarse 30 millones más previo al arranque de la administración estatal en curso.
 
Eduardo Almaguer asegura que la política de "cero tolerancia" ha rendido frutos, pues también se ha reducido en un 90% las demandas laborales con salarios altos.

EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA