A propósito de Chalacatepec

Apenas iniciado el mes de febrero de este año, los medios dieron cuenta de la existencia de este mega proyecto turístico al que pomposamente el gobernador de Jalisco se refirió como el “nuevo Cancún, pero bien hecho”. Sólo eso de por sí daba para polemizar, pero en realidad no era lo más importante. Lo sustantivo del tema, en mi opinión, era el despojo de tierra que este proyecto entrañaba; la reforma apresurada que se hizo a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco para permitir la creación del Instituto de Pensiones; la decisión atropellada del cabildo del municipio de Tomatlán para modificar el cambio de uso de suelo de agropecuario y forestal a turístico de dos mil 730 hectáreas de la playa Chalacatepec. Pero, sobre todo, el hecho de pretender hacer uso de los dineros del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de Jalisco para un negocio privado.

Desde entonces el tema se ha mantenido en la opinión pública. Muchas cosas se han dicho al respecto, otras sólo se han podido conocer recurriendo al derecho a la información y otras más se mantienen en secreto. Por otro lado, también ha sido creciente el número de sujetos e intereses, unos legítimos y otros todo lo contrario, que están interviniendo en este caso. Esto ha logrado enredar terriblemente la madeja de este escenario y es justo esa situación de “enredo” la que facilita que avance el proyecto turístico que, de realizarse como se pretende, dejará millonadas de ganancia a cambio de empleos mal pagados y un cambio radical en el paisaje natural, identidad y tradición social de la comunidad.

Entre los sujetos sociales intervinientes, los que considero más importantes son justamente los campesinos ejidatarios, varios de los cuales se encuentran en una circunstancia de empobrecimiento que, como han destacado algunos reportajes, se sienten en una situación de desesperación y ven en este proyecto una oportunidad. De manera perversa la pobreza o la aspiración de enriquecimiento en casos similares suelen utilizarse como elementos manipuladores de las necesidades de la gente.

La combinación de una situación de pobreza con las facilidades que otorga el Artículo 27 Constitucional para comprar y vender tierra ejidal o comunal, ha dado como resultado grandes despojos que a la postre se convierten en pingües negocios para los capitalistas y de mayor pobreza para quienes suponían que mejorarían su situación al vender sus tierras.

No resulta sencillo sugerir que los campesinos pobres no se deshagan de sus tierras. Que no las vendan, por el contrario, que sigan resistiendo y buscando entre ellos mismos, de forma colectiva, maneras de sobrevivir.

El punto es que hasta ahora quienes han vendido sus tierras cuando mucho de forma temporal han mejorado su situación económica. Pero el dinero se acaba pronto y cuando esto suceda tampoco tendrán tierra. Ya no serán campesinos.