A contrarreloj, cumplimiento de Ley de austeridad en Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (23/JUN/2015).- La Ley de Austeridad y Ahorro en Jalisco quedará en el papel para varias entidades públicas. Aunque todas tuvieron 180 días para aprobar un reglamento de austeridad y publicar un tabulador de viajes y viáticos, así como estructurar un programa de optimización de estructuras laborales que les permitan simplificar sus labores administrativas y eficientar los recursos humanos con los que cuentan, en la mayoría de los ayuntamientos los dictámenes aún no han sido aprobados.

Alcaldías como Zapopan y Tlajomulco trabajan a marchas forzadas para sacar los reglamentos que eviten los manejos discrecionales y dispendios del erario, mientras las comunas de Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque no dieron respuesta a la petición de qué avances tienen en los reglamentos de austeridad.

Todas las entidades públicas que reciben recursos públicos, como los tres Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, organismos públicos autónomos y ayuntamientos, están obligadas a presentar los reglamentos y demás ordenamientos; sin embargo, hasta el momento siguen en las distintas comisiones y algunos por su falta de recursos humanos y pericia técnica ni siquiera los tendrán en forma y tiempo, principalmente los municipios u organismos pequeños.

Ni siquiera ha cumplido el Congreso del Estado, que fue el que aprobó la ley a finales del año pasado. Hasta el momento se informa que tiene la iniciativa del reglamento de austeridad por parte de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano, la cual se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero falta la aprobación del pleno, indica el coordinador Clemente Castañeda.

La diputada Gabriela Andalón Becerra, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, confirma que el reglamento se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales desde el 21 de abril de 2015, una iniciativa que fue presentada por la fracción de Movimiento Ciudadano. “Estamos en espera de que manden el dictamen a la Dirección de Procesos Legislativos para subirlo al pleno y que sea votado dentro del término que viene en la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco”.

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) del Gobierno de Jalisco estableció que el próximo 29 de junio presentará su reglamento de manera oficial. Entre sus organismos, solamente el Consejo Económico y Social (Cesjal) lo presentó desde el pasado mes de febrero.

Según la ley, los ahorros obtenidos irían orientados a inversión pública y no a gastos operativos, pago de deuda o servicios personales, entre otros, pero tiene que quedar claro cómo se aplicará. Para ello sirven los reglamentos que todavía están pendientes en la mayoría de entidades, las cuales tuvieron los 180 días casi transcurridos (vencen a finales de este mes).

“Está ley lo que hace es contener el despilfarro del dinero público, prohíbe una serie de gastos que han sido un práctica común en los gobiernos, al tiempo que obliga a que todos los sujetos obligados disminuyan su gasto corriente para que este dinero se pueda reorientar a cosas que le sirvan a la gente, como inversión en estructura pública productiva u otro tipo de programas”, acota Castañeda. “Tienen lo que resta del mes para que puedan cumplir con todos los requisitos, en el Congreso ya se presentó una iniciativa de reglamento de austeridad y estamos obligados a hacerlo a la brevedad, se ha ido trabajando conforme a las posibilidades, pero es una obligación legal, por lo cual estamos obligamos a cumplir en forma y tiempo”.

Las sanciones

El diputado de MC estableció que será difícil que todas las entidades públicas cumplan a tiempo con las normas y especificó que sí existen castigos.

“En municipios pequeños será difícil la reglamentación de la Ley de Austeridad, se necesitan recursos humanos y pericia técnica, por lo que habrá disparidad entre la Zona Metropolitana de Guadalajara y el resto del Estado, pero se tendrá que asesorar e impulsar a todos los municipios y entidades públicas por más pequeñas que sean para que cumplan con la normatividad”.

Explica que existen sanciones con base en la Ley de Servidores Públicos, “de tal suerte que de no hacerle caso u omitir la propia ley se requerirá de una sanción con base en la Ley de Servidores Públicos”.

El ordenamiento es una demanda que la ciudadanía solicitaba desde hace tiempo por el mal manejo de los recursos públicos, abunda, por lo que tendrán que dejarla funcionar, evaluarla y rediscutirla con el fin de que acabe el despilfarro que muchos servidores públicos hacen de los recursos.

LA VOZ DEL EXPERTO
¿Quién contrapesa a los diputados?

Jaime Preciado Coronado (investigador de la UdeG).

Sobre la ley mencionada, el académico indica que hay un problema de corte estructural, de cómo se contrapesan los poderes y quién regula a quién. “Porque parece que los diputados, por ejemplo, como lo muestran con la reestructuración de su gasto, se constituyen en entidades soberanas, en la que ellos deciden aumentos, despidos, basificaciones y todo ello hay que vincularlo con las pasadas elecciones”, por lo cual el problema de la austeridad tiene un primer paso de quién contrapesa a los diputados.

“Cómo podemos pensar en austeridad si el balance neto de lo que presentaron los diputados es negativo, ni los diputados se bajan los sueldos. Existen aumentos altos en algunos puestos, y no se ve que haya una idea central de austeridad, lo cual implica regresar al debate que se hablaba de austeridad republicana, es decir, valores cívicos republicanos, en donde haya principios de equidad y responsabilidad. No se puede reducir el problema a una cuestión de mera administración o normatividad, es una cuestión política, para la cual no solamente influye la composición interna del Congreso sino también la relación entre los poderes republicanos”.

En cuanto a posibles sanciones por no entregar en tiempo y forma los reglamentos de la Ley de Austeridad, comenta: “El mismo legislador no se puede poner la soga al cuello, todas las medidas son acuerdos políticos a los que se llegan entre la correlación de fuerzas que hay en cada Congreso, y es donde está el problema estructural y teórico. Técnicamente se pueden hacer avances muy importantes, pero el problema es quién se los compra, quién los sostiene, quién los vigila para que los cumplan y qué sanciones se imponen”.

LA VOZ DEL EXPERTO
Ayuntamientos pequeños, el riesgo

Alberto Bayardo Pérez Arce (investigador de ITESO).

De entrada, “hay muchísima resistencia para aplicar la Ley de Austeridad, porque esa iniciativa pretende evitar la discrecionalidad en la asignación de recursos y además está pensada para que no exista un uso indebido de atribuciones, como la contratación de asesorías, el pago de ciertos tipo de viáticos, ya que había maneras de darle la vuelta a los límites que ponía la ley para cierto tipo de pagos. Esta ley pone límites a eso”.

La resistencia de algunas entidades públicas es porque hubo un buen diagnóstico de lo que estaba pasando con los recursos. “Lo que se legisló sí estaba apuntando en la dirección correcta, pero no hay voluntad de corregir el abuso en el recurso público”.

Por otro lado, manifiesta que los ayuntamientos pequeños ni siquiera saben cuáles son las implicaciones que tendrán.

“Por la falta de recursos humanos es difícil que entiendan lo que implica la Ley de Austeridad y redactar el propio reglamento. Algunos ayuntamientos ni siquiera tienen un contador, el que lleva las cuentas es el que más o menos sabía sumar y restar. Hay ayuntamientos que están así, y otros que no están acostumbrados para autolimitarse porque es un poco la cultura en unos ayuntamientos: el que llega se despacha con la cuchara grande”.

Añade que si la ley se respeta contribuirá a que se elimine el gasto suntuario, “dificultará que paguen gastos indebidos y tendrán un ahorro para que el presupuesto no se vaya en lujos. La Ley de Austeridad implica cambiar muchas cosas, muchas maneras de cómo se asignan los recursos”.

EVADEN ENTREVISTA SOBRE EL TEMA
Niegan privilegios al Poder Judicial

Aunque los magistrados y los jueces en Jalisco buscaron a toda costa no renunciar a sus bonos y seguros de gastos médicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que tienen que ajustarse a las disposiciones de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado.

La justificación del Poder Judicial para interponer una controversia constitucional ante la Corte fue porque, entre los poderes, debe existir una “no intromisión, no dependencia y no subordinación”; sin embargo, la los rechazó.

La ley aprobada en octubre de 2014 entró en vigor el 1 de enero de 2015. Pretende eliminar los gastos superfluos que muchas dependencias realizaban y obligarlos a realizar ahorren que sean destinados a la inversión pública.

Los gastos que se limitan son: gastos de representación, viajes, alimentación y combustible, publicidad y difusión, gastos en papelería, equipos de cómputo, telefonía y útiles de escritorio. Y deberán publicar los tabuladores y un plan de austeridad. De no acatarse, la Secretaría de Planeación Administrativa y Finanzas (SEPAF) presentará las observaciones pertinentes y en siguiente presupuesto se tomarán medidas.

Se buscó al Poder Judicial para saber cómo va la iniciativa del reglamento de austeridad, pero la respuesta fue que todavía “se elabora el plan de ahorro”, que deberá ser aprobado.

En Zapopan y Tlajomulco detallan sus reglamentos

En Zapopan trabajan desde febrero para tener el proyecto de Reglamento de Austeridad y Ahorro del Municipio, por lo cual se turnó para su estudio y dictaminación a la Comisión Colegiada y Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales.

Se realizaron dos mesas de trabajo en marzo y mayo, en las que participaron las siguientes áreas: Oficialía Mayor Administrativa, Tesorería y Sindicatura, así como la regidora Beatriz Gómez Tolentino y los asesores.

En virtud de lo anterior, se encuentra en espera de las últimas observaciones por las áreas involucradas para efecto de que se elaboré la propuesta final que se someterá a estudios a la Comisión de Reglamentos y, en caso de ser aprobado, se someterá a la aprobación del pleno del Ayuntamiento.

Por su parte, el 8 de mayo se mandó a comisiones un punto de acuerdo para homologar el Reglamento de viajes y manual de austeridad que ya tenía el municipio de Tlajomulco, con lo que dispone la Ley de Austeridad, por lo que se espera que el próximo 26 de junio quede aprobado y sea entregado a la Sepaf en tiempo y forma el próximo 29 de junio.

Erick Tapia Ibarra, secretario general del Ayuntamiento, estableció que desde 2010 se adelantaron. “Desde la administración de Enrique Alfaro (en mayo de 2010) emitimos un Manual de Austeridad y Ahorro para la Administración Pública Municipal, que se encuentra vigente a la fecha. En junio de 2011 emitimos un reglamento para viajes oficiales y viáticos del Ayuntamiento, pero el pasado 8 de mayo de 2015 se turnó en sesión el punto de acuerdo 86/2015 para que se trabajara en homologar nuestro reglamento de viajes y manual de austeridad con lo que dispone la Ley de Austeridad, que será muy similar”.

Afirma que con su programa se han ahorrado por lo menos 11 millones de pesos en gastos de representación y telefonía, por lo que han rendido frutos las políticas de austeridad y ahorro que se desarrollan en Tlajomulco.

Tapia Ibarra acentúa que gracias al manual y a los reglamentos que ya tenían prácticamente tienen 80% de avance en la homologación.

Exige medidas para mejorar defensa jurídica

El programa de Austeridad y Eficiencia en el Gasto que implementó el Gobierno del Estado en marzo de 2013 sigue en marcha y proyectan 600 millones de pesos en ahorro en el sexenio.

El pasado 12 de junio se publicó en el Periódico Oficial de Jalisco el acuerdo en el que el gobernador Aristóteles Sandoval pide mejorar la defensa jurídica en laudos, sanciones administrativas y otros asuntos judiciales.

Ante el incremento de los juicios por laudos y los pagos millonarios que han tenido que desembolsar, el mandatario solicita “medidas para mejorar la defensa jurídica de los asuntos judiciales en los que sean parte, privilegiando la prevención y la reducción de sus contingencias judiciales”.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como algunos organismos públicos descentralizados, son los que más se han visto afectados por las demandas laborales. No solamente deben hacer frente a las erogaciones por las deudas con bancos, pensiones y proveedores sino que se agrega dichos pasivos por cifras millonarias en perjuicio de las finanzas públicas.

El tema de los laudos no es nuevo, cada tres años las administraciones municipales, el Poder Legislativo y otras dependencias son notificados de los pagos por juicios laborales de otras administraciones, que afectan los presupuestos y ponen en jaque los recursos que tienen etiquetados para otros gastos.

Por ello, el gobernador exhorta a tomar medidas inmediatas de austeridad a dependencias y entidades para mejorar la defensa jurídica, el problema es que la mayoría de las demandas laborales no fueron en el tiempo de los que reciben el dictamen del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y que es a favor del demandante.

TELÓN DE FONDO
Las prohibiciones

En el primer minuto de este año entró en vigencia la Ley de Austeridad y Ahorro de Jalisco. Todas las entidades públicas tienen 180 días naturales para crear un programa y reglamento de austeridad, elaborar un plan de optimización de estructuras orgánicas, así como un tabulador de viáticos. Esto vence el último día de este mes.

En el tema de salarios, la burocracia se ajustará a las recomendaciones emitidas por el Comité Técnico de Transparencia y Valoración Salarial. Pero quedan prohibidos los bonos, percepciones extraordinarias y contratación de seguros de gastos médicos. Tampoco se permitirá que los funcionarios de segundo nivel o menor grado jerárquico tengan secretarios privados. Por otra parte, los servicios de consultoría y asesoría se restringen, lo mismo que la contratación de personal por honorarios.

La ley es de observancia general para todas las instancias públicas que reciben dinero del erario: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Jalisco y sus organismos públicos, así como los 125 ayuntamientos.

Para todos, los gastos en publicidad y comunicación, por cualquier medio, redes sociales e internet, no podrán rebasar 0.3% del presupuesto total de los sujetos obligados, con excepción de los anuncios por motivo de seguridad pública, salud y protección civil.

También se limita el desembolso en servicios profesionales, científicos, técnicos y de asesoría, el cual no podrá rebasar 0.1% del presupuesto total.

Sobre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ordena que se adjudicarán a través de licitaciones públicas, que “sólo podrán autorizarse si el precio es igual o menor al precio de mercado de mayoreo, considerando la calidad, garantías y servicio”.

Sobre el uso de los servicios de telefonía (fija y móvil) se regula mediante un tabulador de cuotas que determina los topes en función de las atribuciones, necesidades y responsabilidades de los servidores públicos, quienes tendrán prohibido otorgar regalos u obsequios con cargo al erario.

La norma estipula que los recursos generados por estos ahorros deben destinarse al capítulo de inversión pública, como obras y servicios. Por ninguna razón podrán ir al gasto operativo. Por ello deben elaborar un informe de austeridad.

Héctor Rafael Pérez Partida, titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), explicó que las reglas para el ahorro y gasto eficiente forman parte de la segunda etapa del programa de Austeridad y Eficiencia en el Gasto que implementó el Gobierno en marzo de 2013. “Cuando vimos que en el Congreso del Estado había una iniciativa, la analizamos, estuvimos trabajando y pensamos que esa es la segunda etapa (…) A partir del acuerdo de austeridad hay una ley que obliga a todos”.

NUMERALIA
Resultados

2013, año en el que se aplicaron las primeras reglas del programa de Austeridad y Eficiencia en el Gasto del Gobierno de Jalisco.

600 millones de pesos proyecta ahorrar el Gobierno del Estado con el programa de Austeridad y Eficiencia en el Gasto.

220 millones de pesos se han ahorrado entre los años 2013 y 2014 por el programa antes mencionado.

150 millones de pesos de ahorro adicional al mejorar la calidad crediticia de cuatro créditos. En resumen, el destino de los ahorros del Gobierno del Estado han incrementado las bolsas para programas para los bienevales, adultos mayores, mochilas, apoyos a empresas y otros.

GUÍA
La nueva legislación

— ¿Quiénes son los sujetos obligados?

— Los poderes del Estado, sus dependencias y entidades; los organismos públicos autónomos del Estado; los ayuntamientos, sus dependencias y entidades; los organismos públicos intermunicipales y metropolitanos, así como cualquier instancia que reciba o administre recursos públicos.

— ¿Qué obligaciones tienen?

— Remitir en su anteproyecto de presupuesto un informe de austeridad donde se especificará el monto de lo ahorrado durante el ejercicio fiscal sobre el gasto operativo, para que la Sepaf contemple el ahorro proyectado en la elaboración del paquete presupuestal para el ejercicio fiscal siguiente.

— ¿Qué sigue?

— Los sujetos obligados tienen un plazo de 180 días para elaborar un programa y reglamento de austeridad y ahorro, un programa de optimización de las estructuras orgánicas y ocupacionales, además de un tabulador de viáticos.

En el mismo lapso deberán determinar y aprobar las modificaciones presupuestales que sean necesarias para cumplir las disposiciones establecidas en la ley de austeridad.

— ¿Tope máximo para viáticos?

— El tope máximo para gastos en viáticos, sin incluir alimentos, en el interior del Estado, no podrá superar los 30 salarios mínimos diarios por día; y en el resto del país, no podrán superar los 35 salarios mínimos.

— ¿Cuál es el tope máximo por concepto de alimentos?

— Los topes máximos no podrán superar el equivalente a los 15 salarios mínimos diarios generales vigentes en la metrópoli, por día, cuando se justifiquen los tres alimentos.

El Cesjal, el primero

En febrero pasado, el Consejo Económico y Social de Jalsico (Cesjal) aprobó el Plan de Austeridad y Ahorro y entregó el documento al titular de la Sepaf, Héctor Pérez Partida. Con ello se convirtió en el primer organismo estatal en cumplir con la norma de la Ley de Austeridad y Ahorro.

Algunas medidas que implementa el Consejo, según Óscar Ábrego de León, secretario general, son los instrumentos para la evaluación y el control del desempeño personal, la eliminaron de gastos en publicidad y se trabaja en proyectos estratégicos orientados a la elaboración de estudios y, con ello, la emisión de recomendaciones y opiniones técnicas sobre asuntos claves para el desarrollo y la competitividad del Estado.

Así se convirtió en el primer sujeto obligado en cumplir con esta disposición a menos de 60 días de que entró en vigor la ley. Le restaban 120 días para cumplir.

Ábrego de León señala que desde 2009, el organismo emprendió una serie de acciones administrativas tendientes al buen manejo de sus finanzas, lo que derivó en la construcción de su sede institucional, proyectándose un significativo ahorro por concepto de arrendamiento y mantenimiento, así como mayores ahorros por concepto de adquisición de insumos para las labores cotidianas del personal en general, entre otras.

“En el último año logramos con estas medidas incrementar en un millón de pesos los recursos que se destinan a investigación y estudios para emitir recomendaciones”.

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