— Portación de franela

En seco: ni la “portación de cara” es delito, ni la “portación de franela” tampoco...

—II—

Ante el fracaso, en los hechos, de su rollo electorero de pasar a la historia como “los gobernantes —Presidente, Gobernador, Alcalde, etc.— del empleo”, quienes cobran por gobernar como si lo hicieran bien (gobernar, no cobrar), han pifiado de lo lindo... Para no desperdiciar tinta, ni espacio, ni el tiempo del lector en recordar la fallida intentona de erradicar a los “limpiaparabrisas” que se habían convertido en una plaga en la ex “Perla de Occidente”, y para no desviarse hacia las múltiples variantes del “lumpenproletariado” (rateros, “coyotes”, prostitutas...) detectadas y definidas por antropólogos y sociólogos, viene al caso centrarse en uno de los temas de moda: el afán de la autoridad municipal por elaborar un “padrón” de los “franeleros” que ante la impotencia de los ciudadanos y la ineficiencia crónica de los seudo-gobernantes, se han apoderado de las calles. En ese afán de “ordenar” —es decir, legalizar de alguna manera— lo esencialmente ilegal, se ha cometido el gravísimo error de convertir, como se dijo al principio, la “portación de franela” en delito. Y aunque los “aparta-lugares” que a la soberana ley de sus pistolas se han adjudicado la concesión de imponer cuotas a los automovilistas por permitirles estacionar sus vehículos en los espacios públicos, suelen utilizar una franela como herramienta de trabajo, no todos los ciudadanos que portan una franela son “aparta-lugares”. También hay “lavacoches” equipados de la misma suerte, y que —como nos recuerda don Ricardo Legarreta en una atenta misiva—, al señalar lugares disponibles a los automovilistas, primero; al recordarles que los inspectores infraccionan a quienes no coloquen monedas en los parquímetros, después, y al ofrecerles, finalmente, su servicio de lavado del coche, no están cometiendo falta administrativa, ni mucho menos delito alguno.

—III—

Sábado y martes pasados, según el remitente, varios “lavacoches” fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Municipal de Guadalajara y arrestados injustamente —puesto que no cometieron ningún delito— durante 36 horas. A uno de ellos se le impuso, sin el menor fundamento legal, una multa de 800 pesos para dejarlo en libertad.

Hasta donde se sabe, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya tomó, oficiosamente, el caso, a partir de la base de que una cosa es perseguir la ilegalidad... y otra muy diferente —como escribió Caryl Chessman— poner al lobo a que nos cuide del perro.