— Máscaras

Una vez que el Gobierno del Estado ya le puso nombre (Raúl) y apellido (Padilla) al diablo oficial de la pastorela, en vísperas de la “megamanifestación” de universitarios, en demanda de más recursos públicos para la Universidad de Guadalajara anunciada para este miércoles, hubo otra marcha, aunque en versión “bonsai”...

Poco más de medio centenar de jóvenes, muchos de ellos con los rostros cubiertos con caretas o con máscaras de luchadores, acudieron a la casa del ex rector y presunto factótum de la casa de estudios, para sumarse a la demanda que en diversos tonos han hecho, en las últimas semanas, varios altos funcionarios del Gobierno, en el sentido de que Padilla “saque las manos” de entidades emanadas de —y vinculadas con— la universidad: la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional del Cine, el Auditorio Telmex, el Teatro Diana y el Centro Cultural Universitario, concretamente.

—II—

El argumento esgrimido por el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, para pedir esa separación, parecería, por sí mismo, baladí. Que Padilla lleve 21 años a la cabeza de los patronatos que manejan tales organismos, no debería ser algo intrínsecamente perverso. Si todos ellos cumplen con los loables fines culturales para los que supuestamente fueron creados; si su salud financiera es bonancible; si no gravitan, a base de simulaciones, sobre las asignaciones presupuestales destinadas a la universidad; si no se distraen, en suma, en empresas vinculadas con el “show business” (los espectáculos, pues, ocasionalmente en terrenos de la chabacanería más ramplona; de la prostitución del arte, para decirlo con todas sus letras) las funciones esenciales de la casa de estudios —la formación de profesionistas, la investigación y la cultura—, la continuidad de Padilla en el cargo sería la consecuencia lógica y natural de la excelencia de su desempeño. Si hay, en cambio, como insistentemente se afirma, no sólo la sospecha sino la convicción de que hay desvío de recursos, operación discrecional de los mismos en beneficio de dichas empresas y en perjuicio del quehacer específico de la universidad, y enriquecimiento ilícito de quienes manejan sus finanzas a su arbitrio, ¿no debería el Gobierno del Estado, en ejercicio de sus atribuciones y en acatamiento a su compromiso de “velar en todo por el cumplimiento de la ley y el bienestar de los ciudadanos”, exigir —¡él, que sí puede hacerlo!— la transparencia que, al menos a nivel de discurso, ha convertido en su bandera...?

—III—

¿Entonces...?