En 2018, Jalisco ocupó el segundo lugar nacional en denuncias por temas de contaminación ambiental en materia federal, con 342 casos. La Zona Metropolitana del Valle de México encabeza la lista, con 589 denuncias, mientras que el Estado con menos quejas fue Tamaulipas, con 15.En todo el país se documentaron cinco mil 140 denuncias, pero se han concluido tres mil 451, de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).Según la dependencia federal, las denuncias se clasifican en diversos tipos de contaminación en: agua, atmósfera, residuos peligrosos, fauna, flora, recursos forestales, impacto ambiental, ordenamiento ecológico, recursos pesqueros y marinos, riesgo ambiental, suelos o contaminación marítima.De los 342 señalamientos que involucran a Jalisco, 39 fueron por eventos de contaminación de agua, la tercera causa de denuncia después de recursos forestales y afectaciones a la fauna. Sin embargo, la Profepa precisa que solamente le han dado conclusión a 177 casos.A nivel nacional, las principales denuncias ambientales fueron por recursos forestales (mil 887), seguidas de impacto ambiental (668), afectación a la fauna (667), contaminación a la atmósfera (613) y contaminación por residuos peligrosos (279).Por otra parte, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco (Proepa) recibió 16 denuncias por descargas irregulares de agua residual entre enero del año pasado y mayo de 2019. Según los datos, los giros comerciales infractores durante 2018 fueron hoteles, tequileras, torres, restaurantes y fábricas. En uno de los señalamientos se indica que la construcción de una torre de departamentos en Zapopan estaba afectando los mantos freáticos.En lo que va del año se han registrado cinco denuncias. Se acusa de malas prácticas a una empresa de composta en el Municipio de Arandas. También es señalado un rastro de pollos en Zapopan. Además, se presentaron quejas por la ruptura de un tubo en una planta de tratamiento en Puerto Vallarta, una descarga en Atotonilco El Alto y una zanja en mal estado en el Municipio de Mexticacán.En el informe que la Proepa presentó sobre las inspecciones a polígonos prioritarios en 2018 acentúa que realizó 56 visitas a la cuenca del Ahogado, en donde encontró irregularidades en 45 revisiones. Y detectó anomalías en las revisiones realizadas a la presa de la Vega y río Salado.Fuente: Profepa.LA VOZ DEL EXPERTOArturo Gleason (académico de la Universidad de Guadalajara)Arturo Gleason evidenció que no se cuenta con la capacidad para garantizar que las plantas de tratamiento funcionen como se debe, por lo que se contamina de manera impune. Por ello, propuso crear una red de monitoreo, desde Ocotlán hasta la barranca de Huentitán, para verificar de manera instantánea la calidad del agua. Mencionó que, a través de sensores, se podría transferir la información a un centro de inteligencia, que descubra el agente activo que contamina.“Que manden señal cuando detecten contaminantes. En países como Alemania, el río Rin quedó muerto por los contaminantes de la guerra, pero después lo levantaron; ahora hasta hay salmón. En Estados Unidos y Japón existe la tecnología”.Destacó que la ribera de Chapala es uno de los puntos más sensibles porque abastece al 60% de la población de Guadalajara.“En el tema de las supervisiones, una de las grandes áreas de oportunidad es el hecho de que es importante monitorear de manera digital las descargas. Lo que ocurre ahora es que revisan y se van. Debe regularse lo que utilizan las edificaciones, las concentraciones urbanas. No es lo mismo limpiar aguas de desechos humanos que metales pesados. No está mal que hagan las supervisiones, pero no alcanzan”.Agregó que actualmente no todos los Gobiernos municipales pueden enfrentar la problemática. “Se crean instituciones como el SIAPA para que juntos doten y traten el agua. Así era el modelo, se delegaron las funciones, pero no el presupuesto. Hay municipios que no tienen esa capacidad. Las plantas, una vez que se corta el listón, necesitan químicos, tanques de sedimentación, personal. Generan una carga financiera importante”.TELÓN DE FONDOEl Congreso de Jalisco aprobó, el pasado 26 de marzo, un aumento económico en las sanciones por contaminación a los cuerpos de agua en el Estado.La reforma, que modifica el Código Penal y la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, establece una multa de hasta cuatro millones 200 mil pesos y una pena de nueve años de cárcel, a quien descargue, deposite, infiltre aguas residuales, químicos o desechos contaminantes. Este medio publicó que las sanciones también aplican a quien descargue agua tratada fuera de los parámetros o límites permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.También dieron atribuciones a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) para hacer las inspecciones de vigilancia en cumplimiento de las disposiciones que son competencia del Estado. Se precisaron procesos que deben seguir las revisiones, diligencias administrativas y procedimientos ambientales. De acuerdo con los legisladores, la Proepa operaba en un ambiente de incertidumbre jurídica y dependía del criterio del inspector.La iniciativa forma parte del Plan de Saneamiento Integral para el río Santiago, anunciado por el gobernador Enrique Alfaro en diciembre pasado.Para el proyecto se invertirán mil 450 millones de pesos, principalmente en construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento.AlertaEn noviembre de 2017, la Profepa emitió una recomendación dirigida a Jalisco, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas para que realizaran acciones de control y vigilancia en las descargas de aguas residuales a los ríos Lerma y Santiago. “Con el fin de detectar todas las descargas, ya sea de sistemas de drenaje y alcantarillado o industriales, para crear un inventario para verificar si éstas se realizan previo tratamiento y se encuentran funcionando en cumplimiento con la legislación vigente”.Gabriel Vázquez, director general de la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, remarcó que es necesario que los datos sobre la calidad del agua del vaso lacustre sean más accesibles y transparentes.Consideró que los análisis al respecto no son compartidos de forma abierta a los habitantes, quienes están preocupados por el tema de los metales pesados.Opinó que es complicado que las plantas de tratamiento trabajen en condiciones óptimas. “Es muy difícil que estén al 100%, porque muchas son operadas por el municipio y no tienen presupuesto. Sería bueno solicitar un diagnóstico de las plantas de tratamiento, principalmente en las que están relacionadas con el río Santiago. Se necesita un sistema de monitoreo muy puntual para los resultados de la calidad de agua con un número más amplio, pero al alcance del público en general”.Apuntó que la creencia entre los habitantes es que los cuerpos de agua también están afectados por escurrimientos de agroquímicos. Por ese motivo, existe la necesidad de que las tratadoras regresen el agua con la calidad suficiente a los ríos y los afluentes naturales.Recordó que en esta zona se cuenta con un nodo hidrológico importante que recibe aguas pluviales, escurrimientos y residuos de las comunidades grandes. “Es un sistema muy importante. El río Zula viene de Los Altos y termina donde empieza el río Santiago. El río Santiago empieza en lago de Chapala, a 300 metros el uno del otro, a 300 metros de Ocotlán”.En la página de la Comisión Estatal del Agua se informa que Chapala cuenta con cuatro plantas de tratamiento en operación: San Antonio Tlayacapan-Ajijic, que trata 32 litros por segundo; San Nicolás de Ibarra, con capacidad para ocho litros por segundo; Santa Cruz de la Soledad, que trata cuatro litros por segundo, y la de Chapala, con capacidad para 80 litros por segundo.En días pasados, este medio publicó que activistas de la Unión de Pueblos denunciaron que los enfermos renales de la ribera de Chapala no recibían atención médica por parte de instituciones públicas. Informaron que, debido a la pobreza que padecen, tenían que consumir peces contaminados en San Pedro Itzicán, ubicado a 28 kilómetros del centro de Chapala.InfraestructuraLa Comisión Estatal del Agua informa en su página que hay 219 plantas de tratamiento en Jalisco, de las cuales 125 están en operación, 90 fuera de operación y cuatro en proceso de estabilización.La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó irregularidades en ocho plantas de tratamiento de aguas residuales en Jalisco, tres localizadas en Tlajomulco, dos ubicadas en Chapala y tres en Poncitlán, La Barca y Jamay. Vía Transparencia, el organismo informó que encontraron esas anomalías en las inspecciones realizadas entre 2018 y principios de 2019.De acuerdo con la Profepa, en julio visitaron la planta de aguas residuales de Chapala, mientras que en marzo pasado acudieron a la planta de San Antonio Tlayacapan-Ajijic. El área de Comunicación Social de la Secretaría de Gestión Integral del Agua respondió que la última inspección fue derivada de una denuncia ante la instancia federal, mientras que las demás obedecieron a inspecciones de rutina.“La documentación requerida correspondiente a la operación y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento por las irregularidades detectadas se refieren a que no fueron presentados documentos que son competencia del municipio, como por ejemplo, títulos de concesión, pagos de derechos por descargas de cuerpos federales, entre otros”, explicó el equipo de Comunicación Social.Sobre la inspección a esa misma planta, la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Chapala contestó que las líneas de drenaje colapsaron. “Y por las líneas de drenaje se fue arena, que llegó a la planta de tratamiento, y se asentó… tuvimos problemas con los filtros”.Las otras irregularidades se encontraron en las plantas de Cuexcomatitlán y Cajititlán, de Tlajomulco, en julio del año pasado. Dos meses después, detectaron anomalías en la planta de San Miguel Cuyutlán, del mismo municipio.El alcalde Salvador Zamora afirmó que, al inicio de su administración, en octubre de 2018, las plantas de tratamiento solamente trataban un 20% de agua. Además, no se habían entregado al municipio, pese a que 2016 fue la fecha límite.Explicó que le precisó al constructor que le dejaría de pagar hasta que no arreglara la situación. “Tardaron unos equipos en llegar, tres meses. Luego los instalaron en febrero (de 2019). Separamos las aguas pluviales de las residuales, pero ya funcionan al 100%, mandamos a hacer un estudio de la calidad del agua”.Juan Guillermo Márquez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, afirmó que la problemática de la calidad de agua tratada es importante. Y se evidencia con lo poco que se revisa, ya que las autoridades no tienen la capacidad para supervisar todas las plantas de tratamiento que existen en el Estado.“La norma (NOM-003-ECOL-1997) de tratamiento es laxa, pero ni así cumplen al 100%. Hay un problema grave si con toda la permisividad no hay calidad debida. Definitivamente esas plantas tienen un tratamiento parcial, pero no van a alcanzar los niveles necesarios para que las personas no se enfermen”.Explicó que, aunque se indica que las descargas son de tipo residual, que se refiere a sitios domésticos, el contenido pudiera ser más amplio. “¿A dónde descargan los comercios o las industrias? Generalmente no hay colectores diferenciados, entonces todo va hacia un mismo lugar, en esas condiciones”.Indicó que las inspecciones que realizó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Jalisco podrían obedecer a una ruta específica porque se trata de lugares cercanos. “Pero en todo el Estado hay problemas de diferente intensidad, donde ha sido más notorio es donde hay cuerpos de agua estáticos, como lagunas y estancamiento de agua, porque resta oxigenación. El tema de residuos químicos presentes debe detectarse con mucha puntualidad para seguir la pista”.Alertó sobre la importancia de atender el problema, ya que no solamente involucra a las personas cercanas a estos cuerpos de agua, pues el líquido también se utiliza para la producción de alimentos.“Podemos encontrarnos con sorpresas, como lo que ocurrió con una reciente marca de refrescos. Hay que hacer una revisión puntual en los alimentos, cuánta agua no tratada se utiliza para cultivo de legumbres, por ejemplo”.Ante la baja cantidad de inspectores con los que cuentan las autoridades ambientales, propuso utilizar tecnología para las revisiones. “No es algo que se puede arreglar de manera inmediata, pero en algún momento debe de atenderse, de otra forma no va a existir un sistema de salud que pueda atender a tantos enfermos”.LA VOZ DEL EXPERTOLuis Gabriel Torres (investigador del CIESAS)Además del proyecto de saneamiento para el río Santiago, Luis Gabriel Torres enfatizó que es urgente analizar más alternativas para limpiar las aguas residuales. Dijo que una opción es el uso de humedales, pero se ha desdeñado.“No es fácil encontrar las condiciones para desarrollar los humedales, pero sí funcionan. Las plantas de tratamiento tradicionales a veces son muy caras y significan mucho gasto en cuestiones como la electricidad”.Otro punto tiene que ver con algunas plantas que tienen diseños complejos. Además, los espacios son manejados por los constructores o grupos que los Ayuntamientos no pueden controlar. “Se tardan lo que quieren, a veces es complicada la operación porque no se sabe a ciencia cierta cuál es el funcionamiento, no hay supervisión seria y constante. O tienen elementos que solamente se consiguen en el extranjero, por lo que suman meses sin funcionar”.El experto del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) reflexionó que en Tlajomulco no existió una revisión exacta de la cantidad de agua que iban a tratar. “Hay cuatro plantas ligadas a la laguna, que reciben una gran cantidad de aguas residuales, incluso, previamente de un canal”.Afirmó que en Chapala hay problemas con la calidad del agua, lo que ha desarrollado problemas endémicos. Por eso varios activistas han pedido que la Federación declare zona de emergencia sanitaria en Poncitlán, El Salto y Juanacatlán, ubicados en los alrededores del Lago de Chapala.“Es un problema serio, las plantas se construyen tarde, cuando ya tienen necesidades mayores de lo que se requiere. Además, son obsoletas o representan negocios muy grandes”. Sigue: #DebateInformador¿Cuál es la principal contaminación ambiental en su colonia?Participa en Twitter en el debate del día @informador
