La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco tiene 50 carpetas de investigación abiertas contra jueces; sin embargo, el fiscal Gerardo de la Cruz considera que sólo 10 podrían ser “verdaderos actos de corrupción”.

Debido a estas investigaciones, algunos señalados ya han promovido cuatro amparos.

Muchas de las denuncias presentadas, aclara, pueden ser por venganza de un litigante que perdió un asunto.

Acentúa que han puesto atención en estos asuntos por la trascendencia que tienen. No es una persecución ni una cruzada personal.

Destaca que no revisan el actuar del juzgador porque saben que puede haber errores, “pero nos llama la atención cuando los errores se dan en asuntos de mucha cuantía, o  con algunos despachos de abogados de renombre”.

El mes pasado, el gobernador Enrique Alfaro se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para exponer las redes de corrupción y complicidad en el Poder Judicial del Estado. Este medio publicó en febrero sobre una “mafia” que reparte a discreción medidas cautelares.

De la Cruz reporta que en los 16 meses que lleva en el cargo se han judicializado nueve asuntos. Los más graves son dos relacionados con jueces. Fueron apelados por la Fiscalía porque no se vincularon a proceso.

En uno se indaga a un agente del Ministerio Público y al Juzgado Noveno de lo Penal, quienes hicieron prosperar una denuncia y giraron órdenes de aprehensión por un caso de fraude genérico que ya había sido visto en Sonora. Otro es el del juez Sergio Peña, señalado por ejidatarios de El Zapote por abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de la justicia, en el proceso por la disputa de terrenos del aeropuerto tapatío.

“No creo que sea sencillo que un juzgador sea el primero que vincule a un compañero, pero eso va a llegar”.

La dependencia ha recibido 266 denuncias por presuntos delitos cometidos en la administración de justicia.

Abuso en medidas cautelares, principal problema en Jalisco

Luego de las declaraciones realizadas la semana pasada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en las que señalaba que Jalisco se encuentra entre los Estados con mayor problema de corrupción por parte de los jueces federales, el zar anticorrupción  reconoce que hay investigaciones y estudios que ponen en muy malas condiciones tanto a la procuración como la administración de justicia de la Entidad.

Subraya que una de los temas investigados por la dependencia a su cargo y, que inclusive fue noticia a  nivel nacional, fue cuando judicializaron el segundo caso en contra de jueces por la forma en que se otorgan medidas cautelares en el Estado y, en específico, en casos relacionados con algunos despachos.

Comenta que si bien Jalisco no se destaca tanto en el tema de corrupción, sí considera que en la Entidad han sido creativos a la hora de inventar nuevas formas de obtener beneficios indebidos, lo que se ha exportado a otros Estados.

“Por eso es que ha llamado mucho la atención en el caso del Poder Judicial Federal, el Tercer Circuito, porque muchos de esos supuestos a los que me refiero terminan en amparos que se ventilan en el Poder Judicial Federal y, algunos de los juzgadores que se han movido, han tenido que ver con medidas cautelares o con conceder suspensiones que tienen que ver con esos casos que nosotros tenemos en investigación”.

Cruces Mada promueve cuatro amparos

Los funcionarios de la pasada administración se “están cuidando”, y por ello están presentando amparos, señala De la Cruz Tovar. En el caso del ex titular de la Secretaría de Salud (SSJ), Antonio Cruces Mada, informa que éste ha promovido cuatro.

En marzo pasado, el gobernador señaló al ex secretario de haber cometido irregularidades en el sector salud por alrededor de 605 millones de pesos, y advirtió que la cifra podría ser mayor.

El fiscal anticorrupción comenta que los amparos promovidos por los ex funcionarios han sido contra alguna orden de presentación o de aprehensión, que han resultado en sentido negativo, “porque aun cuando existan las carpetas de investigación, no están en el momento procesal”.

A pesar de reconocer que a la fecha no se han judicializado asuntos trascendentes relacionados a la pasada administración, apunta que pronto se dará a conocer el caso de un funcionario a nivel dirección, “me refiero a que (en breve) se estará presentando un oficio pidiendo fecha, y esto tiene que ver con una dependencia de buen nivel”.

Aunque no forman parte de las dependencias u organismos de la administración estatal que encabezan el mayor número de denuncias, De la Cruz Tovar subraya que tanto las áreas de salud como el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), son las que requieren un trabajo de investigación más amplio.

En el tema de salud, el asunto del Hospital Materno Infantil que concentra anomalías en la compra de medicamentos, es uno de los casos con más líneas de investigación.

En Pensiones, agrega, se tienen nueve denuncias, entre las que se encuentra la compra de medicamentos a sobreprecio. A pesar de que la investigación se inició en 2017 por la FGE, fue retomada por la dependencia a su cargo.

Los otros casos más sonados son Chalacatepec, Abengoa y el de una enfermera a la que se le pagaron 9.9 millones de pesos por servicios de curaciones. Este último forma parte de los contratos discrecionales o de abusos detectados durante el proceso de entrega-recepción.

Indica que algunas investigaciones son complejas, como la de Abengoa, pues está relacionada con temas bursátiles, con muchas inversiones y cuestiones internacionales.

También se tiene una investigación completa sobre los nombramientos que se otorgaron de manera irregular en el instituto, pues “se denunciaron muchísimos”, y se requiere una revisión completa de todos los expedientes administrativos, “el determinar en qué tipo de ley estaban, porque vamos, en ese proceso han cambiado mucho las leyes en cuanto a las exigencias”.

En el caso de la venta de plazas en la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), remarca que es un tema más mediático, que incluso involucra a particulares cometiendo delitos, y no necesariamente a servidores públicos.

Otra de las áreas investigadas es la extinta Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), por anomalías en la entrega de apoyos a algunas organizaciones civiles, “que pudieran tener relación de parentesco con algún servidor público activo”.

Añade que también se tienen muchas denunciasen contra de las dependencias, relacionadas a laudos.

Temas varios

Amenazas. Durante el año y cuatro meses que lleva como fiscal anticorrupción, De la Cruz Tovar ha recibido amenazas por el trabajo realizado. “Sí, fui amenazado hace un tiempecito…, curiosamente, después de una plática con jueces. Así es, al día siguiente que tuve una plática con jueces recibí una amenaza velada, pero amenaza al final de cuentas”.

Cárcel. El zar anticorrupción reconoce que ninguna de las personas investigadas por la dependencia a su cargo ha parado en la cárcel. “Aquí tenemos también que ser muy cuidadosos con ese tema, porque hablar de personas que están en la cárcel, estaríamos hablando de que se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa, y ninguno de los asuntos que tenemos son de prisión preventiva oficiosa”.

Acuerdos. Tras ser cuestionado sobre el caso del World Trade Center de Guadalajara, en el que los particulares están en fase de resolver el problema, De la Cruz Tovar aclara que eso puede pasar en algunos asuntos en donde los involucrados llegan a un arreglo, “qué bueno que se arreglen, pero si nosotros consideramos que el hecho de corrupción existió, esto no es de querella y tiene que continuar”.

Defensa. En febrero pasado, el juez segundo de Control y Juicio Oral, Juan José Rodríguez, determinó que los hechos imputados al juez oral, Sergio Peña, y al ex agente del Ministerio Público, Roberto Avilés, eran “técnicamente deficientes”, pues no eran constitutivos de los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de la justicia, por lo que se decretó la no vinculación a proceso. Cuestionado con relación a que los ministerios públicos se defienden mal, en específico en este caso denunciado por ejidatarios de El Zapote, el zar anticorrupción comenta que esa audiencia fue muy curiosa porque se formó una imputación, y después de la formulación de ésta, la defensa solicitó recesos que se llevaron dos horas. Luego el juez dio su resolución y regañó al MP, “con razón o sin razón, pero no tienes oportunidad ahí de contestar”.

Gobernador. El fiscal acentúa que desde que ambos tomaron protesta, ha visto en un par de ocasiones al gobernador. Hubo una reunión previa, en donde Alfaro Ramírez dijo que está comprometido con el combate a la corrupción, ofreció apoyo y se vio reflejado en el presupuesto. “Después de esto hemos tenido dos reuniones, se ha tocado en una sola de ellas el tema de la corrupción al interior del Poder Judicial”.

Reuniones. Gerardo de la Cruz menciona que ha visto en diversas ocasiones al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro, con quien ha conversado sobre la corrupción en el Poder Judicial, “hemos encontrado eco en algunas cosas, en algunas otras hay pendientes”.

Desarticulan instituto de formación ministerial

Aunque en este año la Fiscalía Anticorrupción recibió más presupuesto del esperado, que permite la contratación de más agentes del Ministerio Público y policías investigadores, esto no se ha podido concretar por la falta de capacitación para el ingreso formal de los elementos. Lo anterior, por la falta del Instituto de Formación y Profesionalización responsable de impartir los cursos de 900 horas, exigidos por la ley para ocupar las plazas vacantes.

En diciembre pasado, luego de que el Congreso del Estado aprobara la propuesta de reestructura administrativa presentada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, se separó nuevamente a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, lo que provocó que el instituto se quedara en esta última. “Hay una situación que tal vez no se cuidó desde el punto de vista de reforma legal”, declara el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar.

Recuerda que la dependencia a su cargo cerró 2018 con tres agencias del Ministerio Público y siete policías investigadores. A pesar de que en abril se sumaron otros dos agentes y cuatro elementos de la Policía Investigadora, se requiere ocupar el resto de las plazas con cuadros formados. Se proyecta que, al término de este año, se concluya con un total de 14 agentes del MP y 45 policías.

Considera que esto podría lograrse, pues a partir del pasado 1 de mayo, la Fiscalía General del Estado ya cuenta con el instituto de formación donde apenas se está capacitando a la primera generación. “Tengo candidatos, tengo prospectos, pero no he podido designar nuevos agentes del Ministerio Público o policías investigadores, hasta que aprueben este curso”.

Puntualiza que cada agencia del Ministerio Público debe tener un mínimo tres policías investigadores, “en este momento no los tengo, solamente tengo dos policías por agencia”.

Para este año, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con un presupuesto de 63.5 millones de pesos, mientras que en su primer año ejerció sólo 20 millones.

Reconoce que tienen más recursos, pero el tema presupuestal está limitado porque continúan formando parte de la FGE.

Presentan denuncia penal por anomalías en programa de robótica

El pasado 17 de mayo, la Contraloría del Estado presentó una denuncia en contra de quienes resulten responsables por las presuntas irregularidades detectadas en la operación del programa de robótica, que se implementó durante el sexenio pasado a través de la Secretaría de Educación.

Los delitos señalados en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción son por presunto peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como fraude genérico.

De acuerdo con la auditoría aplicada, las dos empresas encargadas de impartir la capacitación de los talleres de robótica en mil 169 escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), incumplieron con lo estipulado en los tres contratos que recibieron por 105 millones 076 mil pesos.

Pese a esto, la SEJ avaló los pagos a través de oficios en los que se aseguraba que los proveedores cumplieron con los contratos, “situación que resultó completamente falsa. Se habían entregado los kits robóticos, pero no se recibió la capacitación para su uso. No debió liquidarse el servicio por la falta de capacitación en algunas escuelas”, se lee en el documento de la denuncia.

El 22 de diciembre de 2016 se firmó el contrato 554/2016 por 14.9 millones de pesos para la implementación del taller en 230 secundarias, así como la entrega de 460 kits de robótica. La dependencia reportó que se habían recibido con entera satisfacción, “causando con esto una atmósfera de error y falsedad”.

El 19 de diciembre de 2017 se firmó el contrato 711/2017 por 78.7 millones para brindar el taller en escuelas de preescolar, primaria y secundaria, y la entrega de tres mil 288 kits.

Y 10 días después, mediante el oficio CEB-745bis/2017, se reportó que la empresa responsable “entregó a entera satisfacción en tiempo y forma”. Sin embargo, para esa fecha sólo habían transcurrido dos días hábiles del calendario oficial, pues las vacaciones decembrinas comenzaron el día 21, tan sólo dos días después de la firma del contrato. “Situación que es imposible de materializar, ya que las obligaciones que emanan de las especificaciones técnicas, establece que el servicio consta de la impartición de capacitación”.

La Contraloría concluyó que no se realizaron las capacitaciones. De 56 escuelas visitadas, sólo nueve respondieron que recibieron los cursos, pero no se comprobó que fueron impartidos por el proveedor.

Las autoridades estatales firmaron un tercer contrato, el 583/2018, por 24.8 millones de pesos. Éste fue para impartir el taller de robótica en 78 escuelas de educación preescolar y 234 de primaria, así como la entrega de kits.

Sin embargo, los auditores de la Contraloría visitaron  nueve escuelas, en donde se percataron que únicamente se recibió el equipo, pero no la capacitación.

Trabajan en mil 848 casos

Entre 2018 y lo que va de 2019, la Fiscalía Anticorrupción ha recibido mil 848 denuncias. Durante el año pasado tuvo conocimiento de mil 456 casos, y en este año se tienen 392 carpetas de investigación.

“Obviamente no son todas las que estamos operando en estos momentos, porque han concluido muchas. Algunas han concluido con observaciones de investigar, algunas se han declinado en favor de otras instituciones”.

Puntualiza que finalmente se derivaron las carpetas de investigación relacionadas a casos de tortura a la unidad especializada en la materia que se puso en marcha a finales de 2018, “ahí nos ahorramos bastante trabajo”.

De las atendidas durante el año pasado, 560 fueron por abuso de autoridad, 396 por tortura, 199 por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, y 43 por peculado.

“Más de 900 se distribuyen entre abuso de autoridad y tortura. Esto implica mucho lo que nosotros hemos venido diciendo, que estos dos delitos no necesariamente son actos de corrupción… el de tortura ya nos lo quitaron, pero el de abuso de autoridad no necesariamente es de competencia de esta Fiscalía”.

El fiscal reitera que hay muchas fracciones de abuso de autoridad que no deben ser vistas por la dependencia a su cargo, como por ejemplo, cuando una persona es golpeada por algún policía durante un proceso de detención que, incluso, convierten a la Fiscalía General en la dependencia con más denuncias.

“La sociedad espera resultados de la Fiscalía Anticorrupción, pero no en esos asuntos que nos saturan, sino en temas que resultan trascendentes”.

Delitos con más denuncias

Carpetas de investigación 2018

560 por abuso de autoridad.
396 por tortura.
199 por delitos cometidos en la administración
de justicia y en otros ramos.
43 por cohecho.
26 por peculado.
26 por robo.

Carpetas de investigación 2019

149 por abuso de autoridad.
67 por delitos cometidos en la administración
de justicia y en otros ramos.
40 por peculado.
34 por delitos cometidos en custodia
o guarda de documentos.
24 por cohecho.

Investigaciones por dependencias

Primeros 10 durante 2018

481 Fiscalía del Estado.
95 Ayuntamiento de Guadalajara.
84 Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano.
82 Consejo de la Judicatura del Estado.
55 Ayuntamiento de Zapopan.
48 Secretaría de Transporte.
44 Ayuntamiento de Tlaquepaque.
39 Ayuntamiento de Tonalá.
30 Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
5 Congreso del Estado.

Primeros 10 durante 2019

90 Fiscalía del Estado.
38 Consejo de la Judicatura del Estado.
35 Ayuntamiento de Guadalajara.
18 Ayuntamiento de Zapopan.
15 Secretaría de Transporte.
15 Ayuntamiento de Tlaquepaque.
9 Secretaría de Seguridad.
9 Ipejal.
8 Ayuntamiento de Chapala.
7 Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. 

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