Vuelven a la carga contra privatización de la sanidad en España

MADRID, ESPAÑA (13/ENE/2013).- Miles de profesionales y usuarios de la sanidad pública madrileña volvieron a manifestarse este domingo en la capital española contra el plan del gobierno regional de privatizar la gestión de algunos hospitales y centros de salud públicos.

Vestidos con sus batas blancas, médicos y enfermeros, junto a otros ciudadanos se manifestaron por el centro de Madrid entre gritos de "¡sanidad pública!".

"La privatización no va a suponer un abaratamiento", aseguró Juan, de 45 años, un médico de un hospital madrileño, que ya estuvo en la primera manifestación de los sanitarios del año 2013 el pasado día 7.

Los manifestantes, convocados por diversos sindicatos sanitarios y encabezados por una gran pancarta en la que se podía leer el lema de las protestas: "la sanidad no se vende, se defiende", recorrieron una de las principales arterias de Madrid entre la plaza de Colón y el ministerio de Sanidad español.

Los profesionales sanitarios protestan contra el plan de reforma de la sanidad madrileña que prevé privatizar la gestión de 27 centros de salud y seis hospitales de la región y que fue aprobada por el Parlamento madrileño el pasado 20 de diciembre, en el marco del proyecto de presupuesto regional para 2013.

Los médicos especialistas de Madrid desconvocaron el 28 de diciembre una huelga indefinida tras un mes de paros después de la aprobación del plan, pero advirtieron que seguirían las movilizaciones contra él mismo.

Ese mismo día, el consejero (ministro regional) de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, afirmó que los presupuestos regionales de 2013 incluían un recorte de 600 millones de euros en la sanidad madrileña.

Duramente golpeada por la crisis, como el resto del país, la región de Madrid, en manos del conservador Partido Popular (PP), decidió duras medidas de austeridad para rebajar su déficit público, que en 2011 alcanzó el 2.2 %.

Esta reforma regional se suma a las medidas de ahorro en la sanidad pública española, de siete mil millones de euros anuales, decididas por el gobierno central de Mariano Rajoy, también del PP.