''Sin justicia, no habrá reconciliación''

GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2013).- ''Yo, al momento del golpe, pertenecía a una organización política llamada ‘Movimiento de Izquierda Revolucionaria’ y era un destacado dirigente sindical en Chile'', recuerda Ramón Vera Salvo, 40 años después del golpe militar que acabó con el régimen democrático en el país del Cono Sur, el 11 de septiembre de 1973. ''Fui inmediatamente perseguido; por fortuna logré enterarme de lo que la dictadura pretendía hacerme: yo estaba en una lista de los que debían ser fusilados sin mayor trámite, donde me encontraran. Estuve huyendo durante tres meses, hasta que me exilié en la embajada de México. Estuvimos seis meses en la embajada, porque no nos dejaban salir, hasta que fue el canciller Emilio Rabasa (secretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Luis Echeverría) a negociar con la dictadura''.

Ramón tiene 66 años y recuerda su experiencia desde el despacho de asesoría fiscal que atiende en la colonia Providencia.

En Jalisco hay una importante comunidad de chilenos que dejaron su tierra y echaron raíces en el Estado. Son de diferentes edades y ocupaciones, y no todos vivieron lo que Ramón; algunos, al momento del final de la dictadura militar, apenas tenían dos o tres años.

Cuatro integrantes de esas comunidad hablan sobre sus impresiones a 40 años del golpe que derribó a Salvador Allende. Independientemente de su ideología, todos coinciden: en Chile no habrá una reconciliación hasta que haya justicia; es decir, que los culpables de las torturas y homicidios vividos durante la época sean castigados, y que se dé razón de los desaparecidos.

Ramón Vera agrega: ''El Gobierno hizo un acto que pretendía buscar esta reconciliación. El problema ha sido que muchos de los torturadores, de los asesinos, no han sido juzgados; muchos de los que han sido juzgados han salido libres o han sido condenados a muy pequeñas penas: seis, ocho años de cárcel, cuando las violaciones a los derechos humanos fueron enormes''.

Polarización

La brecha generacional no es sinónimo de desinterés. Ricardo Alvial, de 25 años de edad, trabaja en un despacho de arquitectura. Aún no tenía uso de razón cuando terminó la dictadura, pero está informado: ''los protagonistas de aquel entonces, jóvenes en ese momento, son protagonistas principales hoy en día, lo que hace que esté presente aquel doloroso episodio. Por estos días se han realizado muchos actos y conmemoraciones que han vuelto a levantar un clima de tensión, especialmente por la cobertura periodística, que contribuye a la polarización de las partes''.

Esta polarización, agrega, provoca que sea políticamente incorrecto señalar que el quiebre de la democracia comenzó desde la presidencia de Salvador Allende; ''es poco correcto decir algo positivo acerca del Gobierno militar: te acusan de estar con las torturas''.

Ricardo coincide en que hay una deuda grande, que mientras no sea pagada, impedirá cualquier reconciliación; es la del ámbito judicial, que no ha logrado imponer justicia.

Los jóvenes como él, afirma, rechazan cualquier supresión de las libertades y violación de derechos; por lo mismo, menciona que hubo casos de esta índole tanto en el régimen militar como en el Gobierno de Allende: desde la violencia física, hasta la alza en la inflación que dificultó el acceso a la canasta básica.

Los hijos de la dictadura

Es posible que Cristian de Rivera y Néstor Gabriel Platero no se conozcan, pero comparten similitudes en sus historias de vida: además de que los separan apenas seis años de existencia, ambos crecieron en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Cristian tiene 43 años y se dedica a la música. Cuenta: ''culturalmente, estuvimos vetados durante 17 años. Hubo un veto total a lo que entraba a Chile. Lo que se veía en televisión era estructurado a la medida del Gobierno militar; no había ninguna posibilidad de tener acceso a la buena literatura; todo lo que fuera pintura o música, espectáculos, todo eso estaba totalmente prohibido''. En medio de la música pop, Cristian se las arreglaba para escuchar a escondidas a Silvio Rodríguez.

Desde la escuela, Néstor vivió una experiencia parecida. Ahora tiene 37 años y trabaja en la Universidad de Guadalajara. Los libros en la escuela son su recuerdo: ''la historia, no te la enseñaban. Tenía un tope, te enseñaban hasta 1970. Yo te estoy hablando de la década de 1980. No se podía estudiar la historia reciente del país, no podías juzgar a través de los libros de historia; y menos en clase escuchar a tus profesores contar sobre lo que paso de 1970 en adelante. Con esa privación es que yo y muchos de mis contemporáneos vivimos''.

Ambos muestran su postura sobre la reconciliación. Cristian dice que aún hay mucha gente desaparecida y otros que tienen mucho que decir, como generales y personas retiradas de las Fuerzas Armadas. ''No han dicho dónde están estas personas, a dónde las llevaron, mataron y enterraron. Mientras no se cierren esas heridas, es muy difícil que el pueblo se pueda reconciliar''.

Néstor también ve a un país dividido: “En teoría, al avanzar el tiempo, tiene que reconciliarse el país en términos de los que en su momento apoyaron al régimen militar y por otra parte los que vivieron e impulsaron la democracia; todavía hay ese rencor político e ideológico, que ha recalado muy fuerte en lo social”. Ese hecho tendrá lugar, sentencia, cuando los acusadas de homicidio y diversas violaciones paguen sus condenas.


SABER MÁS

Ni torturas ni desaparecidos

Manuel  Contreras, el encarcelado exjefe de la policía política de la dictadura de Augusto Pinochet, la DINA, negó que ese organismo represivo haya torturado o hecho desaparecer a personas durante ese período.

También negó la existencia de desaparecidos políticos y la  participación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), que operó entre  1973 y 1979, en los crímenes del general Carlos Prats y su esposa en Buenos  Aires, en 1973, y del excanciller Orlando Letelier, en Washington, un años más  tarde.

Contreras cumple en una prisión militar casi 400 años de condena por sucesivos casos de violaciones a los  derechos humanos.