Senado argentino rechaza polémico impuesto agrario

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El Senado rechazó el jueves el proyecto oficial sobre un nuevo esquema de gravámenes a la exportación de granos que desde hace más de cuatro meses mantiene enfrentados al gobierno y al sector agropecuario, en una votación que se definió con el inesperado voto del vicepresidente Julio Cobos.

La votación de la iniciativa, que ya contaba con la media sanción de la Cámara de Diputados, había quedado empatada en 36 votos, y Cobos que en su condición de vicepresidente es también titular del Senado tuvo que definir la suerte del proyecto oficial tras más de 17 horas de debate.

``Hoy creo que debe ser el día más difícil de mi vida. Dicen que tengo que acompañar (al gobierno) por la institucionalidad ... mi corazón dice otra cosa. Que la historia me juzgue, mi voto no es positivo, es en contra'', dijo Cobos al justificar su decisión.

Cobos ya había expresado sus discrepancias con el esquema móvil de retenciones (gravámenes), que sujeta la tasa del impuesto a la cotización de los granos en el mercado internacional. El proyecto fue dispuesto en marzo por el gobierno y luego enviado por la Presidenta Cristina Fernández al Congreso con la esperanza de que fuera ratificado.

Desde que fueron anunciadas hace poco más de cuatro meses, las retenciones desataron la reacción del campo, uno de los sectores económicos más poderosos de Argentina que realizó cuatro huelgas y bloqueos de carreteras que causaron desabastecimiento de alimentos.

Antes de la votación, el gobierno adelantó que respetaría la decisión del Congreso.

El voto de Cobos fue una decisión extrema, pues la Constitución estipula que el vicepresidente no tiene derecho a voto a menos que haya un empate.

``Yo sé que formo parte de este gobierno y que vengo de otro sector del campo político y por ahí esto me permite disentir o diferir en algunas cosas. Esa es la pluralidad'', dijo Cobos sobre su voto que podría desencadenar una crisis institucional en el seno del gobierno.

El vicepresidente pertenece a la centenaria Unión Cívica Radical, históricamente opositora al peronismo, pero aceptó integrar la fórmula presidencial en el marco de la concertación plural de partidos que promovió el anterior Presidente, Néstor Kirchner.

El ex presidente, esposo de la actual mandataria, emprendió la concertación con la intención de ampliar su base de apoyo político.

El prolongado conflicto agrario desató la primera crisis para el gobierno de Fernández, que asumió en diciembre, además de que provocó un fuerte descenso en la popularidad de la mandataria.

Fernández remitió el proyecto al Congreso a principios de julio con el argumento de que la intervención parlamentaria dotaría de mayor ``institucionalidad'' la resolución del gobierno.

La Presidenta ha sostenido que las nuevas retenciones son una herramienta de redistribución de la riqueza porque impiden que se traslade al mercado local el aumento internacional en el precio de los alimentos, a la vez que pone un freno a la ``sojización'' del país en perjuicio de otros cultivos como el trigo y el maíz.

``Las retenciones móviles constituyen la única política viable para que los alimentos estén al alcance de toda la población'', sostuvo el senador oficialista Eric Calcagno durante la sesión.

A precios corrientes, las nuevas retenciones implican un alza de más del 10% en la tasa a la venta al exterior de soja, de la que Argentina es el tercer productor mundial.

Para los productores, el impuesto que se aplica sobre la renta bruta ``es confiscatorio''. Este fue el argumento más escuchado entre los legisladores que votaron en contra.

``La resolución 125 (del Ejecutivo que dispuso las nuevas retenciones) es inconstitucional, regresiva, confiscatoria, pone en peligro a los pequeños y medianos productores'', afirmó el senador Juan Agustín Pérez Alsina, perteneciente a un partido provincial.

La incógnita sobre el desenlace de la votación se mantuvo hasta el final. En un clima expectante, centenares de partidarios del gobierno montaron una vigilia frente al Congreso.

En el barrio de Palermo, donde el martes el campo había reunido a más de 200 mil personas en un acto contra las retenciones, los productores rurales siguieron el debate en vivo a través de una pantalla gigante montada al aire libre. También se registraron algunos ``cacerolazos'' en los barrios del norte de la ciudad.

En junio, la Corte Suprema de Justicia se declaró competente en una demanda de inconstitucionalidad contra las retenciones y otros impuestos federales que fue promovida por la provincia de San Luis. El gobernador provincial, Alberto Rodríguez Saá, es un peronista de derecha muy crítico de la Presidenta y de su esposo.

Sin embargo, el fallo del máximo tribunal podría demorar hasta un año.