Senado EU no vota enmiendas a inmigración

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (12/JUN/2013).-  Las objeciones de la bancada republicana a la exigencia de la mayoría demócrata de reunir 60 votos para aprobar enmiendas al proyecto de ley de reforma migratoria impidieron al Senado comenzar a votar enmiendas durante la jornada de debate celebrada el miércoles, dejando una vez más en clara evidencia los obstáculos que enfrenta la iniciativa en el Capitolio.

El senador por Iowa, Chuck Grassley, calificó como un "acto muy provocador" la propuesta del jefe de la bancada mayoritaria, el demócrata por Nevada, Harry Reid, de someter a votación cinco enmiendas para cuya aprobación serían necesarios 60 votos, y no los 51 por mayoría simple que bastan en el procedimiento legislativo ordinario.

Tres de las cinco enmiendas buscan aumentar los requisitos de seguridad fronteriza que debería cumplir el gobierno estadounidense antes de que los 11 millones de inmigrantes sin papeles puedan iniciar los trámites de su legalización.

Una de las cinco propuestas busca que el departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) certifique haber logrado control efectivo de la frontera con México durante seis meses antes de que los inmigrantes sin documentos puedan comenzar los trámites para su legalización.

Otra exige la construcción de 700 millas de cerca fronteriza reforzada antes de que los inmigrantes sin papeles puedan obtener residencia permanente, y otra persigue la implementación de un sistema de identificación biométrico en todos los puertos de entrada del país.

Grassley le dijo a Reid que "no hay razón, especialmente en el comienzo de este proceso, para someter nuestras enmiendas a un margen de 60 votos. Al menos empecemos con el procedimiento ordinario".

Reid le respondió que la bancada republicana suele exigir el margen de 60 votos rutinariamente, y se mostró sorprendido por la queja de Grassley.

"Si usted está tan interesado en el procedimiento ordinario, ¿por qué hemos esperado tres meses para celebrar una conferencia de conciliación entre ambas cámaras sobre el presupuesto gubernamental", dijo Reid refiriéndose a uno de los grandes temas que copan la agenda legislativa este año, además de la reforma migratoria.

"Ahora de repente, cuando les resulta ventajoso, quieren librarse de la regla McConnell", indicó Reid refiriéndose al senado por Kentucky y jefe de la bancada republicana en el Senado. "La regla McConnell consiste en exigir 60 votos para todo".

Ambos partidos seguirán negociando las condiciones del proceso con la meta de someter a votación el jueves las primeras enmiendas al proyecto de ley elaborado por un grupo bipartidista de ocho senadores, que busca condicionar el reforzamiento de la seguridad fronteriza a la naturalización de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que no tengan prontuario policial, que paguen multas por dos mil dólares y que pasen 10 años con un estatus provisional que les permita trabajar y viajar al extranjero.

Hasta la noche del miércoles habían sido presentadas 61 enmiendas, pero se desconoce cuántas serán sometidas a votación.

El proyecto de ley obtuvo la víspera más de 80 —de 100 votos posibles— para proceder a su debate en el pleno de la cámara alta, un reflejo del deseo bipartidista de debatir el proyecto para reformar las leyes migratorias.

Pese a la abundancia de los votos, los legisladores republicanos advirtieron que exigirán endurecer la seguridad fronteriza e imponer condiciones más estrictas a quienes intenten legalizar su situación.

Los partidarios de la iniciativa creen que podrán obtener los 60 votos necesarios para que el proyecto sea aprobado en el Senado antes del cuatro de julio. Los demócratas ocupan 54 escaños en la cámara alta y los republicanos 46, pero varios oponentes dijeron que la aprobación no está asegurada.

Con ese fin, los creadores del proyecto, cuatro republicanos y cuatro demócratas, intentarán aceptar las enmiendas de los conservadores sobre la seguridad fronteriza y otros temas para lograr la aprobación del proyecto, pero sin endurecer tanto el proceso de obtención de la ciudadanía que la bancada demócrata rechace esas enmiendas.

Una de las enmiendas que copó buena parte del debate el miércoles es una del senador republicano por Texas, John Cornyn, quien busca imponer como requisito previo a la legalización de inmigrantes sin documentos que sea arrestado el 90 por ciento de las personas que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos a lo largo de la frontera, y no en tramos específicos como estipula el proyecto de ley del Senado.

Demócratas han calificado la enmienda de Cornyn como un "píldora venenosa" que busca descarrilar la reforma.

Cornyn tomó la palabra para negar que su enmienda busque descarrilar la reforma y más bien la presentó como "esencial" para mejorar los parámetros de seguridad fronteriza necesarios para que el proyecto de ley sea aprobado en la cámara baja.

Pero el senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, y el republicano por Arizona, John McCain, ambos autores de proyecto de ley, le respondieron que rechazan su enmienda porque pospondría indefinidamente el trámite de legalización para los inmigrantes sin papeles y porque elevaría los costos de manera desproporcionada.

Mientras el Senado celebraba su debate, cinco representantes republicanos presentaron el miércoles un proyecto de ley que busca crear un proceso que permita al Congreso certificar si la frontera está segura y en caso que no lo esté, permite desplegar mil 500 agentes fronterizos en la frontera con México y 10 mil guardias nacionales si así solicita algún gobernador fronterizo.

El principal autor de la iniciativa, el republicano por Texas Ted Poe, indicó que su proyecto de ley será considerado por la comisión de seguridad nacional de la cámara baja.

Al preguntarle si esta iniciativa se verá afectada de alguna manera cuando un grupo bipartidista de siete representantes que negocia a puertas cerradas un proyecto de ley integral desde 2009, de manera interrumpida, lo presente públicamente durante las próximas dos semanas, Poe respondió que "cuando ellos lo presenten, veremos. Nosotros estamos avanzando y éste es un paso hacia adelante".

Mientras el Senado ha abordado la reforma migratoria con un proyecto de ley integral, la mayoría republicana en la cámara baja ha mostrado preferencia por proyectos de ley separados.

Y los activistas también celebraron eventos para expresar sus puntos de vista.

Representantes de 400 organizaciones se dieron cita el miércoles en el congreso para solicitar al presidente Barack Obama que suspenda inmediatamente las deportaciones de inmigrantes sin papeles que se ampararían en el proyecto de ley de reforma migratoria debatido actualmente en el Senado.

"Es importante que paren las deportaciones. ¿Por qué no nos dan una tregua? Somos muchos los que seríamos protegidos y evitaría la separación de muchas familias", dijo Oscar Alfaro, un hondureño padre de dos hijas y residente en Maryland que enfrenta una orden de deportación.

A espaldas de Alfaro permanecían decenas de jóvenes vestidos con toga y birrete para simbolizar los deseos de inmigrantes sin papeles de legalizar su estatus para culminar estudios universitarios.

La Casa Blanca ha reiterado que una reforma legislativa es la única solución porque el gobierno federal está obligado a cumplir las leyes vigentes, y como un paliativo ha intentado limitar las deportaciones a criminales. En 2012 suspendió las deportaciones a algunos inmigrantes menores de 30 años que reúnan ciertos requisitos, conocidos como "Dreamers".

Activistas y algunos legisladores demócratas como el representante por Illinois Luis Gutiérrez consideran que el promedio actual de mil 100 deportaciones diarias afecta a la comunidad hispana de manera desproporcionada.

"Mientras los 'Dreamers' disfrutan de DACA (siglas en inglés para el programa de suspensión de deportaciones para algunos inmigrantes menores de 30 años), sus padres están bajo la amenaza de las deportaciones", dijo Gutiérrez ante los aplausos de la concurrencia. "Es tiempo de que el presidente entienda. ¡Salve a los padres, señor presidente!"

Debido a que el proyecto de ley del Senado no concede a los deportados sin cargos criminales después del 31 de diciembre del 2011 el derecho de volver a Estados Unidos si un pariente estadounidense lo solicita, Gutiérrez dijo que "la mejor vía parece ser detener las deportaciones ya, para que no haya más familias separadas hoy".

El director de la Red Nacional de Jornaleros, Pablo Alvarado, señaló que "no tiene sentido seguir deportando a las mismas personas que intentamos legalizar con tanto esfuerzo. Exigimos que este sufrimiento termine".

El gobierno de Obama ha deportado un promedio anual sin precedentes de 400 mil personas.

La coalición de 400 organizaciones que envió el miércoles la carta a la Casa Blanca incluyó a la coalición de Dreamers United We Dream, la central sindical AFL-CIO y el Fondo para la Educación y Defensa Legal de los Mexicano-Estadounidenses.

Obama pronunció la víspera un discurso en la Casa Blanca para exhortar al Senado a aprobar el proyecto de ley redactado por un grupo bipartidista de ocho senadores.