Se opone fiscalía a que Garzón abra causa por Guantánamo

MADRID, ESPAÑA.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pidió hoy al juez Baltasar Garzón que no admita la querella presentada contra seis ex altos cargos de la Administración estadounidense considerados "responsables jurídicos" de la creación de la cárcel de Guantánamo.

El ministerio público sostiene que no cabe abrir una causa general en España para perseguir presuntos delitos contra la humanidad cometidos en ese recinto estadounidense.

El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, adelantó ayer jueves su postura contraria a la querella, que calificó de "fraudulenta".

Los denunciados son Alberto Gonzales, principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005, cuando se convirtió en fiscal general de Estados Unidos, y otros miembros de la anterior Administración de George W. Bush: David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional española, Javier Zaragoza, considera, además, que la querella, de ser admitida a trámite en España, no sería competencia del juez Garzón, sino de su compañero Ismael Moreno, que tiene abierta una causa en la que investiga los vuelos de la CIA que supuestamente trasladaban a presuntos terroristas a centros de detención como Guantánamo.

Los querellantes, letrados que representan a la Asociación pro Dignidad de los Presos y Presas de España, presentaron la denuncia ante Garzón al estimar que este magistrado es competente para investigar los hechos, ya que tiene abierta una causa en la que figuran ciudadanos españoles o residentes en España que estuvieron presos en Guantánamo.

El fiscal expone en el informe enviado hoy al juez que "sin perjuicio de considerar que las decisiones ejecutivas adoptadas pueden ser constitutivas conforme a nuestro derecho penal de delitos contra las personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado (...) la propia redacción de la querella, la amplitud de su objeto y el hecho de que esté dirigida exclusivamente contra quienes elaboraron informes jurídicos" dificultan su admisión a trámite.

Considera asimismo necesaria la delimitación de hechos concretos "pues en otro caso nos encontraríamos ante una especie de causa general dirigida a investigar toda la política desarrollada -por muy reprobable que ésta sea- por la anterior Administración de EEUU durante su mandato, absolutamente incompatible con los límites, exigencias y fines de proceso penal en un Estado de Derecho".

Por ello, anuncia que, "a los efectos de establecer criterios jurídicos claros" que delimiten "las condiciones mínimamente exigibles para el ejercicio de la jurisdicción universal", consultará a la Fiscalía General del Estado para fijar la posición a adoptar en estos casos.

Zaragoza cree también que los querellantes no pueden acusar a los responsables jurídicos de la creación de Guantánamo de un delito de torturas y cuestiona que no hayan promovido la acción penal ante la jurisdicción preferente, que sería la de Estados Unidos.

La querella sostiene que los denunciados "participaron activa y decisivamente en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento de un cuerpo de derecho positivo o andamiaje jurídico" que permitió privar de derechos a los prisioneros, poner en práctica técnicas de interrogatorio que incluían la tortura y dar cobertura legal a esa situación.

Y les acusa de "establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que ha participado en lo sucedido en el centro de detención de Guantánamo" (Cuba).