Reportan protesta violenta en Fortaleza

FORTALEZA, BRASIL (27/JUN/2013).- Policía y manifestantes se  enfrentaron el jueves en Fortaleza (noreste) durante la semifinal España-Italia  por la Copa Confederaciones, mientras la presidenta Dilma Rousseff consiguió el  apoyo de líderes de la coalición de gobierno para un plebiscito que reformaría  el cuestionado sistema político brasileño.

Unos cinco mil manifestantes, según la policía, marchaban pacíficamente hacia el estadio Castelao de Fortaleza cuando algunos comenzaron a lanzar piedras contra la policía -varios utilizaban incluso hondas- e intentaron derribar las barreras metálicas que les bloqueaban el paso. La policía los dispersó con gases lacrimógenos.

Varios manifestantes también prendieron fuego a neumáticos en las calles.  La policía detuvo a 72 personas, según la secretaría de Seguridad del estado de  Ceará. Al menos un manifestante y tres policías resultaron heridos, según el  sitio web G1 de Globo.

En Brasilia, Rousseff se reunió con presidentes de partidos de la coalición  de gobierno, con quienes hubo "gran convergencia" sobre la realización de un  plebiscito que establezca nuevas reglas para la financiación de campañas  electorales y revea el sistema de votación, actualmente proporcional, dijo a la  prensa el ministro de Educación, Aloizio Mercadante.

"Diría que hubo una gran convergencia", precisó el ministro, aunque aclaró  que "la última palabra la tendrá el Congreso", el único autorizado a convocar  la consulta.

Rousseff tiene previsto reunirse este viernes con la oposición para  discutir el tema.

Las manifestaciones continúan en varias ciudades del país, pero con mucho  menor intensidad que el jueves pasado, cuando más de un millón de personas  salieron a las calles.

Las protestas se iniciaron hace más de dos semanas contra el aumento del  precio del transporte, pero rápidamente sumaron otras reivindicaciones, como  penas más duras contra políticos corruptos y denuncias contra el millonario  gasto público para el Mundial 2014, en vez de salud, educación y transporte.


La voz del pueblo

"La línea del gobierno es que el pueblo tiene que ser escuchado", dijo  Mercadante al defender el plebiscito para reformar el sistema político  impulsado por Rousseff.

El gobierno descartó una Asamblea Constituyente para la reforma política,  que había causado polémica, argumentando falta de tiempo, porque debería ser  aprobada un año antes de la elección presidencial de octubre de 2014.

Líderes de los partidos de oposición DEM (conservador) y del Partido de la  Social Democracia Brasileña (PSDB) han señalado que la reforma política debe  ser realizada por el Congreso porque es un tema complejo y luego la ciudadanía  debe limitarse a aprobarla o rechazarla en referendo.

"Primero, la presidenta debe enviar al Congreso lo que cree que es una  buena reforma política. El Congreso debatirá esa propuesta y de ahí pensamos en  un referendo (limitado a un "sí" o "no", ndlr) para lo que fuera aprobado. El  plebiscito es una respuesta improvisada de la presidenta para tratar temas tan  complejos, de responsabilidad del Congreso", dijo el presidente del PSDB y  senador Aecio Neves, citado por el diario O Globo.

Pero el gobierno llamó a no subestimar a la población.

"Creo que sospechar que la población no está preparada sería un error, el  mismo error de quien desconsidera la capacidad de movilización de las calles",  dijo a la prensa Gilberto Carvalho, ministro jefe de gabinete.

Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, ambos del PMDB, que  integra la coalición, han dado públicamente su aval a un plebiscito, y el  gobierno espera presentar una propuesta concreta al Congreso el próximo martes.


Congreso presionado

El Congreso se precipitó a aprobar a ritmo frenético una serie de proyectos  de ley reclamados por los manifestantes y que estaban en el limbo desde hacía  años.

Se aprobó la clasificación de la corrupción como "crimen atroz" en el  Código Penal, que agravará las penas, y fue rechazada una propuesta de enmienda  constitucional (PEC37) que pretendía limitar el poder de investigación de la  fiscalía, y que en la opinión de manifestantes aumentaba la impunidad.

Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó destinar 75por ciento de las regalías del  petróleo a la educación y 25 por ciento a la salud, y aprobó en comisión el fin del voto  secreto para tratar el fin de mandatos parlamentarios en caso de falta ética o  condenas penales de los legisladores.

La Corte Suprema, a su vez, dictó el miércoles prisión para un legislador  en funciones condenado hace tres años por corrupción, en la primera decisión de  este tipo desde la aprobación de la Constitución de 1988.

Las protestas se desataron tras dos años de bajo crecimiento y elevada  inflación en Brasil. Este jueves el Banco Central volvió a reducir la previsión  de crecimiento del país a 2.7 por ciento para este año (contra 3.1 por ciento previsto en marzo) y  elevó la de inflación a 6 por ciento (contra un 5.7 por ciento anteriormente).