BARCELONA, ESPAÑA (26/MAR/2017).- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, confirmó su disposición a dialogar con los nacionalistas catalanes que impulsan un proceso soberanista, pero reiteró que no admitirá la celebración de un referéndum ni llegar a acuerdos para "violar la ley".Rajoy intervino en un acto de su partido (PP, centroderecha) en la periferia de Barcelona, donde habló de las aspiraciones independentistas del Ejecutivo de esa región, partidario de celebrar una consulta soberanista antes de septiembre.El Tribunal Constitucional ya anuló el intento de referéndum de noviembre de 2014 y sus impulsores están siendo procesados y, hasta el momento, condenados a inhabilitación para ejercer cargo público."No podemos admitir la celebración de un referéndum que no permite nuestra Constitución ni ninguna Constitución escrita del mundo", dijo Rajoy quien, al mismo tiempo, abrió la mano a hablar acerca de cuestiones como la mejora de las infraestructuras y otros servicios públicos básicos y sobre la financiación de las regiones.El jefe del Ejecutivo español acusó a los soberanistas de "destruir" la cohesión social en Cataluña, una región de 7.5 millones de habitantes cuya renta está muy por encima de la media del país.El debate sobre Cataluña es uno de los más presentes en la política española en los últimos años y cobra más relieve con el paso del tiempo y ante la posibilidad de que se convoque esa consulta soberanista antes de septiembre.La coalición independentista, que tiene mayoría en el Parlamento de la región, pero no en número de votos populares en los comicios de finales de 2015, sigue dando pasos con ese objetivo que son llevados ante los tribunales por el Gobierno central.Hace unos días se aprobaron los Presupuestos de la región que incluyen la partida destinada a financiar ese referéndum y que fue cuestionada por los servicios jurídicos de la Cámara.Los analistas creen que una de las posibilidades es que finalmente los independentistas no fuercen el proceso y se convoquen nuevas elecciones regionales en las que se presenten como víctimas del Gobierno español en su pretensión de ver reconocido el derecho a decidir sobre su territorio.
