NAIROBI, KENIA (09/NOV/2016).- Amnistía Internacional (AI) denunció hoy la muerte de al menos 800 personas en las protestas que se iniciaron hace casi un año en Etiopía y pidió al Gobierno medidas concretas para proteger los derechos humanos en el país."Sigue habiendo grandes tensiones y la situación de los derechos humanos es extrema, con detenciones masivas, cortes de Internet y enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas de seguridad y las comunidades locales", dijo en un comunicado el director de AI para África Oriental, Michelle Kagari.Desde Amnistía exigen la liberación de los presos políticos y la derogación de "leyes represivas", incluida la ley antiterrorista de 2009, cuya vaguedad ha permitido al Gobierno vincular a la oposición con actos terroristas y "ha contribuido a la agitación" en el país.Las protestas estallaron en Oromia en noviembre de 2015 en contra de los planes urbanísticos que buscaban expandir la capital, Adis Abeba, en tierras de esta región central, la más grande del país.Poco después, las demandas de los oromo, el grupo étnico más importante de Etiopía, evolucionaron hacia la exigencia de más autogobierno, más presencia en las instituciones políticas, una mayor redistribución de la riqueza y respeto a su identidad.Los oromo han experimentado una marginación y persecución sistemática por parte de las fuerzas gubernamentales, que han utilizado un uso excesivo de la fuerza contra sus protestas pacíficas.Las protestas se extendieron también a otras regiones de Etiopía como Amara, donde demandan el fin de las detenciones arbitrarias y la marginación étnica.Etiopía declaró el pasado octubre el estado de emergencia durante un periodo de seis meses para frenar la expansión de las protestas en Oromia y Amara, donde ha muerto la mayoría de las al menos 800 personas que estima AI.Bajo el estado de excepción, el Gobierno impuso toque de queda, las comunicaciones permanecen cortadas, las fuerzas de seguridad pueden realizar detenciones sin orden judicial, y, hasta ayer, los diplomáticos que querían viajar fuera de la capital tenían que pedir permiso al Gobierno.Desde que se declarara el estado de emergencia no se han observado protestas, aunque AI denuncia que esta situación "se paga con el aumento de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias masivas y las restricciones de los medios de comunicación".Sin embargo, en lo que parece ser un intento por suavizar la situación, el Gobierno puso en libertad la semana pasada a dos mil personas detenidas durante las movilizaciones y remodeló gran parte de su gabinete, entre los que figurarán representantes de los oromo.
