Prometen pronto castigo a implicados en “Rápido y Furioso”

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (02/FEB/2012).- El Fiscal general, Eric Holder, invocó hoy la separación de poderes que consagra la Constitución para rechazar las acusaciones infundadas y resistir las amenazas de desacato que le ha lanzado la mayoría republicana en la Cámara de Representantes para obligarle a entregar todos los documentos relativos al fallido operativo de "Rápido y Furioso" que permitió el trasiego ilegal de armas a México entre 2009 y 2010.

Además, el Fiscal general prometió que "relativamente pronto", se fincará con los máximos cargos a los responsables de un operativo que ha causado un indeterminado número de víctimas hacia ambos de la frontera.

Durante la que ha sido su sexta ocasión ante el comité de supervisión de la cámara baja Holder reiteró por enésima ocasión que nunca autorizó, ni se enteró del tráfico supervisado de armas que fueron a parar a los carteles de la droga en México con el soslayo de agentes de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

"Nunca autoricé, ni me enteré de estas tácticas", repitió Holder a lo largo de una audiencia en la que los republicanos trataron nuevamente de acorralarle, mientras el procurador se encastilló en la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo y remarcó que no entregará documentos que pongan en riesgo la integridad jurídica de la investigación del fallido operativo de "Rápido y Furioso" que conduce el Departamento de Justicia para esclarecer responsabilidades.

El Fiscal General recordó algunos precedentes en el seno del ejecutivo para proteger documentos internos y reiteró que no piensa entregar nueva documentación mientras prosiga la investigación a cargo del inspector general del Departamento de Justicia:

"Administraciones anteriores han reconocido que una comunicación interna robusta y la habilidad del poder ejecutivo para responder requerimientos legislativos se vería afectado", justificó Holder.

Además, durante su comparecencia Holder arremetió contra el cinismo de algunos miembros del partido republicano que se han aprovechado el escándalo de "Rápido y Furioso" para sumarse a la cacería en su contra, mientras ignoran los operativos de tráfico de armas que se remontan al 2006 --desde el Operativo receptor Abierto autorizado por la administración de George W. Bush--, y cierran filas para boicotear las nuevas normas para regular la venta de rifles de asalto a compradores frecuentes en los estados fronterizos de Texas, California, Arizona y Nuevo México que pretende cortar el tráfico ilegal de armas hacia México.

"Desafortunadamente, en 2011, la mayoría de los legisladores en la cámara baja, incluyendo todos los miembros de la mayoría en éste comité, votaron para mantener a las agencias federales en la oscuridad cuando individuos realizan la compra múltiple de armas de asalto, como las AK-47, a lo largo de nuestra frontera sur", aseguró Holder en alusión al bloqueo sistemático de los republicanos a cualquier iniciativa que intente regular la venta y el tráfico de armas desde las más de 8 mil armerías fronterizas con México.

Durante la parte inicial de la audiencia, el demócrata de mayor rango en el comité de supervisión, Elijah Cummings, acusó a la mayoría republicana por sus intentos en "escalar esta controversia" a pesar de que, a lo largo de casi un año, no ha conseguido una sola prueba que demuestre que el Fiscal general, Eric Holder, autorizó el operativo de "Rápido y Furioso".

"Esto es una cacería de brujas en pleno año electoral", lamentó Cummings al acusar al presidente del comité de supervisión, Darrel Issa, de haber desoído las peticiones de la minoría demócrata para citar a los responsables del Departamento de Justicia durante los operativos de "Receptor Abierto", del "Caso Medrano" y del "Caso Hernández" que se remontan al año 2006 y durante los cuales se echó mano de la polémica estrategia de "dejar caminar" las armas a través de la frontera con México para identificar las rutas de contrabando y a los principales responsables de la red de suministro a los carteles de la droga.

Hace apenas dos días, la minoría demócrata dio a conocer un amplio reporte en el que identifica al menos cuatro operativos de tráfico ilegal de armas hacia México desde el 2006. El primero de ellos, fue la operación conocida como "Receptor Abierto", que tenía como objetivo identificar y desarticular las redes de contrabando que han dotado de un enorme poder de fuego a los carteles de la droga.

El segundo y tercer operativos, entre el 2007 y el 2008, han sido identificados como "El Caso Hernández", en referencia a Fidel Hernández, un intermediario en la compra de armas para los carteles en Arizona, y el "Caso Medrano", una investigación encubierta que hizo seguimiento del tráfico de armas organizado también desde Arizona por Alejandro Medrano, otro contrabandista al servicio de los carteles mexicanos.