Presidente paraguayo suspende viaje en medio de nuevo escándalo

ASUNCION, PARAGUAY.- El presidente paraguayo, Fernando Lugo, suspendió el miércoles un viaje a Portugal para participar en la Cumbre Iberoamericana, en medio de un nuevo escándalo de paternidad que amenaza con atizar los roces políticos.

Lugo tenía previsto partir el sábado rumbo a la sede de la cumbre en Estoril, pero resolvió sorpresivamente cancelar el viaje, dijo a Reuters un portavoz de la presidencia.

"El presidente resolvió priorizar la agenda nacional (...) en función a múltiples temas que tienen que ver con la administración del Estado paraguayo", agregó la fuente citando un comunicado oficial.

El martes, una sobrina de Lugo denunció a medios locales que el ex obispo católico, que enfrenta actualmente dos demandas de filiación, tenía una hija no reconocida de 22 años.

Mirta Maidana, hija de una hermana de Lugo que cumple funciones de Primera Dama, sostuvo que la joven tenía un asombroso parecido físico con su tío y que la relación entre el ex sacerdote y la madre de la muchacha era un "secreto a voces" en la familia.

En abril, Lugo reconoció como hijo a un niño de dos años concebido cuando aún era obispo, presionado por una demanda judicial que finalmente fue desestimada. Otras dos mujeres recurrieron a la justicia para exigirle el reconocimiento de sus hijos pequeños.

La popularidad del mandatario socialista que cumple su segundo año de mandato se vio afectada por las denuncias que atizaron las rivalidad entre Lugo y los partidos de oposición que tienen mayoría en el Congreso y amenazan con iniciar un juicio político contra el gobernante.

Lugo enfrenta además la presión de empresarios y productores rurales por mejorar la política de seguridad tras el secuestro de un conocido ganadero de parte de un grupo armado en la conflictiva zona norte, una región de cultivos de marihuana de escasa presencia de seguridad del Estado.

Miles de campesinos se congregaron el miércoles en Asunción en el inicio de una manifestación multitudinaria para exigir al Congreso la restitución de fondos para programas sociales del Gobierno que los parlamentarios suprimieron del presupuesto.