Presidente de Ecuador se reúne con una delegación de policías sublevados

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QUITO, ECUADOR (30/SEP/2010).-  El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se reunió hoy con un grupo de los policías sublevados en rechazo a la eliminación de incentivos profesionales, informó la agencia pública de noticias Andes.

"Una delegación conformada por representantes de los policías sublevados acompañados por un abogado mantienen en estos momentos una reunión con el presidente de la República, Rafael Correa", señaló Andes en su web.

La cita tiene lugar "en una de las habitaciones del Hospital de la Policía Nacional, en donde (Correa) está asilado tras ser agredido por los manifestantes, quienes además impidieron la salida del mandatario", añade.

Según Andes, en la reunión también está presente el ministro de Finanzas, Patricio Rivera.

Correa permanece en el hospital de la policía a donde llegó después de salir del Regimiento Quito, donde recriminó a los policías sublevados por su accionar y les recalcó que no claudicará en su intención de cambiar las estructuras del país.

En su tumultuosa y atropellada salida del regimiento, en medio de gases lacrimógenos, Correa, que acaba de ser operado de una rodilla, se hizo daño en una pierna y por eso fue al hospital.

El hospital está cercado por policías sublevados, mientras que en las calles aledañas fuera de ese anillo se ha congregado una multitud de simpatizantes de Correa, contra la que los agentes han disparado pelotas de goma.

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, ha llamado a los ciudadanos de Quito a dirigirse al lugar para "rescatar" a Correa.

En las inmediaciones del hospital no hay presencia militar visible. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, el general Ernesto González, ha pedido a los sublevados que depongan su actitud y se preserve el estado de derecho.

Al mismo tiempo, pidió que el proyecto de ley que reduce los beneficios salariales de los policías y militares, que dio lugar a las protestas, "sea revisado o dejado sin efecto", de forma que los agentes "no se vean afectados en sus derechos".

El gobierno no ha aceptado por ahora esa demanda.