Parlamento español rechaza independencia catalana

MADRID, ESPAÑA (08/ABR/2014).- Los diputados españoles dieron este martes un "no" masivo al proyecto de referéndum sobre la independencia de Cataluña, que  el gobierno regional catalán, con un fuerte respaldo popular, se dijo dispuesto a organizar pese a todo el 9 de noviembre.

Tras siete horas de debate, los legisladores rechazaron por 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención una petición del Parlamento regional  catalán para que le fuera transferida la capacidad de organizar consultas.

La oposición a la iniciativa unió a los conservadores del PP --del jefe de gobierno español Mariano Rajoy-- con los socialistas del PSOE y algunos  partidos pequeños.  

"No concibo España sin Cataluña, ni Cataluña fuera de España y de Europa",  afirmó Rajoy, explicando su negativa a permitir un referéndum que considera anticonstitucional.

En un vehemente discurso, se dirigió "muy especialmente a los ciudadanos de  Cataluña", gran región del noreste del país, orgullosa de su lengua y su  cultura, donde desde hace años crece el sentimiento independentista atizado por  una crisis económica que agravó las tensiones políticas.

"Se les escucha y se les entiende muy bien", aseguró, reafirmando su  "disposición al diálogo siempre que se produzca (...) sobre aquellas cuestiones  que la Constitución nos permite dialogar". Es decir, no sobre el referéndum.

"Un 'no' dialogante es como un helado caliente, es como el agua seca", le  respondió el diputado ecolo-comunista catalán Joan Herrera. "Un no es un no",  subrayó.

Pero su compañera Marta Rovira, del formación independentista ERC, segunda  fuerza catalana, dejó muy claro que los partidos secesionistas, muy  mayoritarios en el Parlamento regional, están dispuestos a seguir adelante pese  a este rechazo.

"No nos vamos a rendir, esto no acaba aquí", aseguró.  
 

Determinación a votar
 
El presidente regional catalán, Artur Mas, de la coalición nacionalista CiU, no acudió al debate en Madrid pero reaccionó inmediatamente desde Barcelona.

"Se han equivocado y creo que el tiempo lo demostrará", afirmó en un  discurso televisado. Pero "a partir de este 'no' doloroso, las instituciones catalanas buscarán la construcción de marcos legales, que hay varios, para poder celebrar esta consulta el 9 de noviembre", aseguró.  

Esa es la fecha que las principales fuerzas políticas catalanas fijaron  para una consulta con una doble pregunta: "¿Quiere usted que Cataluña sea un  Estado?" y "¿Quiere que sea un Estado independiente?".

De tener lugar, este referéndum marcaría un punto de inflexión en la  presión nacionalista de esa región de 7,5 millones de habitantes, donde un  poderoso grupo de presión independentista, la Asamblea Nacional Catalana, ya  marcó la fecha del 23 de abril de 2015 para una separación unilateral.

Otrora motor económico de España y ahora una de sus regiones más  endeudadas, Cataluña reclama desde hace tiempo una mayor autonomía fiscal y  acusa al gobierno central español de no redistribuir la riqueza de forma  equitativa al tiempo que recentraliza competencias.  

"No es verdad que Cataluña sufra una opresión insoportable, no es verdad  que se asfixie la lengua, que se torpedee el bienestar, como tampoco es verdad  que no se les ayude en las dificultades", negó Rajoy.
Y advirtió a los catalanes de "las consecuencias" de la ruptura con España:  "Cataluña sería más pobre, saldría de la Unión Europea, del euro, perderían  todos sus derechos como españoles".

"Lo que no cabe en la Constitución es preguntar a unos cuantos lo que  afecta a todos", afirmó por su parte Alfredo Pérez Rubalcaba, líder del PSOE,  principal fuerza de la oposición, oponiéndose también a la separación: "España  sin Cataluña es otra cosa, pero España desde luego no es".

"¿Tenemos un problema de convivencia entre Cataluña y España? ¿Sí o no? Y  si lo tenemos ¿cómo lo podemos solucionar?", se preguntó Rubalcaba, cuyo  partido defiende una reforma constitucional que implante un modelo federalista  en España.

Varios partidos más pequeños aludieron también, de una forma u otra, a la  necesidad de reformar una Constitución, aprobada en 1978, que permitió al país  iniciar la transición hacia la democracia tras casi cuatro décadas de Guerra  Civil (1936-1939) y dictadura franquista (1939-1975).