Los falsos positivos de Uribe

En medio de la reciente ruptura de las relaciones entre Venezuela y Colombia, hay capítulos fuertes del país cafetalero que se asemejan a otros escritos en cualquier lugar de Latinoamérica, donde se registran casos de familias que terminan fracturadas en su estructura y viven el resto de sus días inmersas en el dolor, la impotencia y la falta de respuesta a desapariciones de alguno de sus integrantes.

En Colombia, uno de los escándalos más sonados del agónico Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es el de los “falsos positivos”, jóvenes que fueron secuestrados, asesinados y presentados después por el Ejército colombiano como guerrilleros muertos en combate. Las madres de las primeras víctimas que se dieron a conocer a finales de 2008, no daban crédito a lo sucedido. Observadoras, fieles al conocimiento natural de una progenitora por sus hijos, vieron “esos detalles” que otros descuidaron. Esas pequeñas señales que aumentaban su intuición de que algo no estaba bien: los cadáveres encontrados tenían entre otras tantas incongruencias detectadas por estas mujeres, particularidades como las botas tipo militar con tamaños distintos en cada pie, o con medidas en la ropa que no coincidían con los cuerpos que conocían a la perfección.

La leyenda urbana de la que todos hablaban se convirtió en una cruel realidad con el hallazgo, por aquellos días, de los primeros 19 jóvenes que desaparecieron de las localidades de Soacha y Ciudad Bolívar, que fueron localizados y posteriormente presentados como resultado del trabajo de las brigadas en combate, en una localidad llamada Norte de Santander. ¿Cómo podían ser paramilitares jóvenes estudiantes integrados a una familia, que aparecían 24 horas después de ser privados de su libertad con ropa de guerrilleros?

Los hechos tenían un botín muy valioso para los miembros de la milicia, fue revelado por miembros del Senado colombiano y apuntaba a la firma de la llamada resolución 029 que hizo el propio Gobierno federal con el Ministerio de Defensa, y que consistía en ofrecer poco más de dos mil dólares por cada guerrillero o paramilitar muerto. Así que para muchos, si los insurrectos no existían ni estaban a su alcance, los inventaban. Ésa fue la forma.

La insólita explicación que daban las autoridades no dejó satisfecha a ninguna familia. Por su cuenta iniciaron su propia investigación, tenían que dar con los responsables. Preguntaron en las calles, buscaron y a cambio encontraron amenazas anónimas y daños colaterales. Carmenza Gómez, una de las madres, perdió a otro hijo luego de que éste intentara averiguar quiénes eran los asesinos de su hermano: una tarde, luego de varias advertencias, un desconocido descendió de una moto y utilizando una pistola con silenciador le disparó en el rostro. Murió horas después. En seis meses, Carmenza enterró a dos hijos y hoy es la líder de las madres de Soacha, como se les conoce.

Uribe ya se va, y con él la justicia que esperaban muchos.