La OEA y la UE tratan avances en América Latina

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (21/MAR/2013).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, sostuvo hoy una "fructífera" reunión con una delegación europea para analizar la colaboración bilateral, los desafíos y los avances en la democracia de la región.

Insulza reconoció "limitaciones" en estos territorios, aunque subrayó "grandes progresos también", al citar el aumento significativo de la estabilidad de los Gobiernos en los últimos años, mismos que han sido elegidos democráticamente.

El secretario de la OEA se entrevistó en Washington con Christian Leffler, el director ejecutivo para las Américas del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (UE), indicó el organismo en un comunicado.

Entre los temas tratados, Insulza citó "la democracia, el desarrollo, la pobreza y la inequidad, y el tema de los derechos humanos, que es el objeto de nuestra Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo mañana".

Insulza señaló que "los problemas del presente se centran fundamentalmente en el fortalecimiento de la democracia, ante las amenazas que surgen de los problemas de pobreza y desigualdad y criminalidad organizada".

Por su parte, Leffler, valoró la "buena cooperación entre la OEA y la Unión Europea durante muchos años", y aseguró que sus "esfuerzos en el continente siguen dos vías paralelas", que son traducir el progreso económico en progreso social y consolidar la gobernabilidad y la democracia.

La institución europea tiene estatus de observador permanente ante la OEA desde 1989 y la cooperación entre ambos organismos se formalizó en 2009 con la firma de un Memorando de Entendimiento que sienta las bases de la colaboración.

Precisamente, las relaciones con la UE marcarán parte del debate de mañana sobre la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que un grupo de países, liderado por Ecuador, ha propuesto que el órgano se financie únicamente por el presupuesto regular de la OEA y contribuciones voluntarias de los Estados miembros.

De este modo, se eliminaría la posibilidad de que busque fondos fuera de ese esquema, por ejemplo en la Unión Europea (UE), que financia hoy una buena parte de las actividades de la comisión.