Juez no emite orden de aprehensión contra Rick Perry

TEXAS, ESTADOS UNIDOS (18/AGO/2014).- Un juez en Texas optó el lunes por no emitir una orden de aprehensión contra el gobernador Rick Perry, pero el político republicano aún podría enfrentar la apertura de un expediente policial donde se tomen sus huellas dactilares y su fotografía.

Además ha tenido que conformar un equipo de abogados muy prestigiosos para hacer frente a dos cargos graves por abuso de poder.

La mayoría de los líderes conservadores de todo el país se han alineado para apoyar al gobernador con más tiempo de servicio en la historia de Texas, y asistentes de Perry dijeron que el caso no desbaratará su activa agenda de viajes, la cual incluye visitas a varios estados cruciales en la contienda presidencial en su intento por postularse por segunda ocasión para ocupar la Casa Blanca, ahora en 2016.

"Esto no es más que política de república bananera", dijo Tony Buzbee, un abogado defensor de Houston que encabeza al equipo de cuatro abogados de Texas y Washington que defiende a Perry.

"Los cargos lanzados contra el gobernador son un ataque realmente sucio no sólo sobre el estado de derecho sino sobre la Constitución de Estados Unidos, el estado de Texas y también sobre las protecciones constitucionales fundamentales de las que gozamos todos", agregó en una conferencia de prensa.

Perry se convirtió el viernes en el primer gobernador de Texas desde 1917 en ser encausado. Los cargos en su contra conllevan una sentencia máxima de 109 años de prisión por llevar a la práctica una amenaza de vetar fondos para la contraloría del estado a mediados del año pasado.

El gobernador ha respaldado enfáticamente su veto y rechazó haber actuado en contra de la ley. El juez que supervisa el caso, el republicano Bert Richardson, decidió no emitir una orden de arresto, y en lugar de ello un fiscal especial designado para el asunto planea una orden de comparecencia judicial simple. Eso sigue significando que a Perry se le abrirá un expediente policial en el futuro.

Buzbee dijo desconocer cuándo ocurriría eso exactamente, pero señaló que el gobernador no tiene intenciones de esconderse: "Eso será algo que, cuando él acuda a que se le abra el expediente y se le tome la foto, nosotros se los haremos saber".

Se estaba preparando una orden de comparecencia para que Perry responda a los cargos el 29 de agosto a las 09:00 horas, según la Oficina del Secretario de Distrito del Condado Travis. Pero Felix Browne, vocero de Perry, dijo la tarde del lunes que la fecha no ha sido confirmada, al tiempo que agregó que no habría necesidad de que el gobernador comparezca personalmente en la lectura de cargos. Sí se presentaría en la apertura de expediente.

Un jurado investigador en Austin, un bastión liberal en un estado conservador en su mayor parte, acusó formalmente a Perry de llevar a la práctica la amenaza de vetar un financiamiento de 7.5 millones de dólares para la contraloría del estado después de que la fiscal de distrito del Condado Travis, la demócrata Rosemary Lehmberg, se negó a renunciar tras ser arrestada por conducir en estado de ebriedad. La contraloría reside en la oficina de Lehmberg.

Nadie rebate que Perry tiene el poder de vetar medidas aprobadas por la Legislatura, pero su promesa de veto antes de implementarlo realmente motivó una queja de un grupo activista de izquierda. Perry fue acusado de abusar de su capacidad oficial y de intimidar a un funcionario público.

La noticia de que sus abogados estaban negociando una comparecencia en la corte suscitó algunas conjeturas respecto a que hubiese favoritismo, pero observadores jurídicos dijeron que abstenerse de emitir una orden de arresto es común en casos administrativos.

El ex fiscal federal Matt Orwig indicó que insistir en una orden de aprehensión contra Perry hubiera sido un "acto para llamar la atención".

"Obviamente no existe riesgo de que huya ni representa un peligro para la comunidad", dijo Orwig. "Eso no significa que ya no enfrente la deshonra de que se le abra un expediente".

La contraloría también encabezó el caso contra el ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom Delay, un republicano de Texas que fue condenado en 2010 por cargos relacionados a financiamiento de campaña, los cuales fueron desechados en una apelación.