Viernes, 18 de Octubre 2024
Internacional | El juicio contra Manuel Zelaya pasó a manos de la Suprema Corte de Honduras

Juez hondureño se declara incompetente para juzgar a ex presidente

Al ex mandatario se le acusa de e siete delitos, cinco de carácter político, y dos por fraude y falsificación de documentos

Por: AP

Zelaya ha anunciado su intención de volver a su país al país cuando sean eliminados los juicios. ARCHIVO  /

Zelaya ha anunciado su intención de volver a su país al país cuando sean eliminados los juicios. ARCHIVO /

TEGUCIGALPA, HONDURAS (07/ENE/2011).- El juez penal Claudio Aguilar se declaró incompetente el viernes para conocer dos juicios por corrupción en contra del derrocado presidente Manuel Zelaya y pasó los expedientes a consideración de la Corte Suprema de Justicia.

En su resolución, el juez argumentó la inhibición "de conocer y decidir sobre la existencia del derecho material planteado por los abogados (defensores) José Anahín Orellana y Edgar Lanza a favor del ciudadano Manuel Zelaya porque él es un alto funcionario público''.

Por su condición de ex presidente, Zelaya (2006-2009) asumió en diciembre como diputado del Parlamento Centroamericano, organismo político con sede en Guatemala. Los ex mandatarios de los países miembros del Parlacen adquieren ese derecho al abandonar el poder.

Aguilar no quiso hablar al respecto, pero el portavoz de la fiscalía Melvin Duarte dijo en rueda de prensa que "Aguilar se inhibió y no decidirá en esta situación''.

Informó que "la decisión del juez de no conocer la existencia del caso vinculado a Zelaya es analizado por la fiscalía''.

Tras la inhibición, los juicio son trasladados a la Corte Suprema que deberá designar a uno de sus 15 magistrados para ventilar la situación con el fin de iniciar el proceso legal.

Aguilar nombró a mediados de diciembre a tres abogados de oficio para defender a Zelaya de las acusaciones entabladas por la fiscalía, a petición del presidente Porfirio Lobo y la procuraduría general.

Los defensores de Zelaya han pedido a los tribunales eliminar los cargos en su contra bajo el argumento que éste fue expulsado a Costa Rica por los militares, que violaron su derecho a un debido proceso.

Tras una investigación del Tribunal de Cuentas, la fiscalía acusó a Zelaya de siete delitos, cinco de carácter político, y dos por fraude y falsificación de documentos públicos para supuestamente retirar del Banco Central unos tres millones de dólares en efectivo.

Unos 12 funcionarios de Zelaya también fueron encausados por esos delitos y en su mayoría han sido sobreseídos.

Zelaya viajó a Santo Domingo en enero con un salvoconducto de Lobo, el mismo día que asumió para una gestión de cuatro años. El ex gobernante estuvo refugiado más de tres meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, después de haber sido derrocado.

Lobo ha reiterado en público su deseo de no ver preso ni a Zelaya ni los militares que participaron en el golpe de Estado de junio de 2009 y ha pedido a la Corte Suprema dejar libre al ex mandatario cuando regrese a Honduras.

El gobernante califica el asunto de "interés nacional'' por "la constante presión de la comunidad internacional que trata de ayudar a Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA)''. A raíz del golpe, la OEA suspendió a Honduras como miembro de ese organismo.

Zelaya ha anunciado su intención de volver a su país al país cuando sean eliminados los juicios, luego de señalar que la Corte Suprema se involucró en la conspiración que generó su defenestración.

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