Juez bloquea partes de la ley antiinmigrante de Georgia

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS (27/JUN/2011).- Un juez federal de Estados Unidos ordenó hoy bloquear partes de la ley de inmigración del estado de Georgia, impugnada por organizaciones civiles que la consideran inconstitucional y cuya entrada en vigor estaba programada para el 1 de julio.

Thomas Thrash, juez de la Corte Federal en Atlanta, capital de Georgia, bloqueó hoy las secciones de la ley HB87 que permitían a las autoridades locales verificar el estatus migratorio de quienes no puedan proporcionar una identificación válida y también la provisión que buscaba penalizar a quienes transportaran o albergaran a inmigrantes.

La ley migratoria de Georgia, promulgada en mayo, es una de las más duras y polémicas normas estatales sobre esta materia y guarda importantes similitudes con la de Arizona, cuyos pasajes más controvertidos están suspendidos temporalmente por una corte federal.

Una coalición de organizaciones, encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles, el Sindicato de Trabajadores de Servicios, la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos y el Centro Nacional de Ley de Inmigración, presentó a principios de junio la demanda por considerar la ley como inconstitucional.

La ley, que sus detractores califican como una copia de la SB1070 de Arizona -que criminaliza a los indocumentados-, fue aprobada por el Legislativo estatal en abril de este año y promulgada por el gobernador de Georgia, Nathan Deal, dos semanas después.

En Estados Unidos, la inmigración es una competencia del Gobierno federal, no de los gobiernos estatales; sin embargo, la ausencia de una reforma de las leyes migratorias ha llevado a que algunos estados promulguen normas contra los indocumentados.

El Gobierno de México protestó por esta legislación al presentar el pasado 15 de junio ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito norte de Georgia, un escrito de "Amigo de la Corte" (Amicus Curiae), para apoyar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por organizaciones de la sociedad civil en ese estado en contra de la ley.

A este recurso se sumaron los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú.