SAO PAULO, BRASIL, (27/AGO/2016).- Senadores brasileños interrogaron el sábado a los últimos dos testigos de la defensa de la presidenta Dilma Rousseff en su juicio político por supuestamente violar las leyes fiscales en el manejo del presupuesto federal.En el tercer día de deliberaciones, los senadores interrogaron al ex ministro de Finanzas, Nelson Henrique Barbosa, así como al profesor de leyes de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Ricardo Lodi.Varios días de debate, que incluirán un discurso de Rousseff el lunes, terminarán con una votación para decidir si la remueven permanentemente del cargo.En mayo, el Senado votó para iniciar el procedimiento de juicio político y suspenderla hasta por 180 días en lo que se preparaba el caso.El vicepresidente Michel Temer ocupó el cargo de presidente interino en mayo. En caso de que se destituya a Rousseff, Temer fungiría como mandatario durante el resto del periodo que concluye en 2018.Rousseff y sus seguidores afirman que los intentos por retirarla del poder representan un golpe de Estado.Rousseff está acusada de transferir ilegalmente fondos entre presupuestos gubernamentales.Los partidos de oposición señalan que eso fue con la intención de impulsar el gasto público y acumular apoyo al tiempo que enmascaraba profundos déficits. Aseguran que sus maniobras agravaron una severa recesión en la principal economía de Latinoamérica.Rousseff y sus partidarios señalan que los legisladores corruptos quieren derrocarla para poder diluir una investigación sobre los miles de millones de dólares en sobornos pagados en la paraestatal petrolera Petrobras.Los dos años de investigación han provocado el encarcelamiento de decenas de empresarios y políticos, y amenaza con hundir a muchos más.El viernes, la defensa de Rousseff llamó al estrado a expertos para testificar y responder preguntas, un día después de que la fiscalía dominara la sesión.El economista Luiz Gonzaga Belluzzo argumentó que Rousseff no quebrantó las llamadas leyes de responsabilidad fiscal.Dijo que en lugar de ocultar el gasto gubernamental, como señalan sus críticos, a principios de 2015 estaba conformando un plan de contingencia para mantener el gasto ante el declive de ingresos.
