BRASILIA, BRASIL (25/AGO/2016).- En la fase final del juicio político que hoy empieza, la presidente Dilma Rousseff responderá por cuatro supuestos “delitos de responsabilidad” que pueden llevar a su destitución, según se establece en la Constitución brasileña.En ningún caso, los cargos contra Rousseff configuran delitos de tipo penal, pero sí de administrativo y están tipificados en leyes que regulan el uso de dinero público.La mandataria, suspendida desde mayo, está acusada de emitir tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y de contratar créditos con banca pública a favor del Gobierno.Ambas operaciones están tipificadas como “infracciones” en la Ley de Responsabilidad Fiscal, en vigor desde el año 2000, que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los presupuestos y en esos casos establece como pena la destitución y la pérdida de los derechos políticos por ocho años.Según las previsiones del Senado, la votación que decidirá si Rousseff es culpable y por tanto debe ser despojada del cargo, será entre el martes y el miércoles de la semana próxima.Ayer, horas antes del inicio del juicio, Rousseff pidió a sus seguidores mantener la esperanza: “Con la misma fuerza que luché contra la dictadura militar y ganamos porque recuperamos la democracia, de esa misma manera vamos a luchar para profundizar la democracia ahora en nuestro país. Tenemos que tener esperanza”.
