Hay un policía por casi tres guardias de seguridad privada

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Por cada policía que hay en Centroamérica con bajo salario, equipo deficiente y escasos recursos para luchar contra la delincuencia organizada, existen casi tres guardaespaldas privados que, con atractivo sueldo y mayores posibilidades técnicas y materiales, se dedican a cuidar a acaudaladas familias, poderosos hombres de negocios, residenciales de lujo y empresas.

La crisis regional de inseguridad mostró la realidad de un nuevo foco de diferencia que separa a las clases sociales en el istmo. En mil 272 compañías privadas de seguridad registradas en seis países centroamericanos (Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá), hay 246 mil 941 efectivos, pero en las fuerzas policiales de las seis naciones hay solamente 89 mil 77 policías para proteger la vida y los bienes de casi 40 millones de habitantes del área, según cifras oficiales.

“El hecho de haya más seguridad privada que seguridad pública está demostrando la ausencia de Estado y magnificando, nuevamente, un factor de exclusión”, dijo el consultor guatemalteco Héctor Rosada, presidente del Centro de Estudios y Estratégicos y de Seguridad en Centroamérica (no estatal).

“La seguridad privada no sustituye a la del Estado, sino en los sectores que la pueden pagar, porque si el resto la población tuviera suficiente ingreso para tener una seguridad privada, el balance sería más o menos equitativo”.

Los cuerpos privados son “una carga económica fuerte que la gran mayoría de la población no puede pagar, porque son un nuevo proceso económico que lo sufraga y está al servicio de sectores económicos de élite”, explicó, al destacar que en las sociedades más democráticas e igualitarias, la seguridad privada es cada vez más innecesaria porque la pública va ganando eficacia. “Hay que agregar un factor más triste en el caso de Guatemala: la Policía Nacional tiene altísimos niveles de corrupción e impunidad y vínculos con el crimen organizado”.

“El número de empresas y de vigilantes privados se multiplica, las normas de control no son siempre adecuadas, la vigilancia por parte de los organismos de supervisión es apenas nominal y abundan las agencias o celadores clandestinos o no registrados ni supervisados por parte del Estado”.

“Más que una fuente de seguridad, estas empresas o individuos —a menudo armados— son una fuente adicional de inseguridad para la ciudadanía en general”, señaló, al reafirmar que en la región hay un proceso de privatización “indebida” de la seguridad. La ausencia de controles es una de las características del mercado.

Según el informe del PNUD, la Policía de Guatemala registraba, a junio de 2008, un total de 25 mil 735 personas con 24 mil 133 armas en 143 firmas de seguridad privada, “lo cual significa que el resto de efectivos, armas y empresas no están registradas ni bajo su control”.

El empresario costarricense Gustavo Gutiérrez, socio de la Corporación de Servicios de Seguridad G&G S.A., dijo que debe existir “una estricta regulación, no sólo por el interés público, sino por el interés como comerciante”.
“El que a mí me regulen permite que me quiten la competencia desleal, que son aquellas empresas formadas por personas que creen que es algo sencillo, pero no tienen experiencia ni responsabilidad de capacitar al personal”.

Consultado acerca de que si la existencia de este servicio crece por la ineficiencia de la seguridad pública, explicó que “en el mercado, todo producto surge por alguna necesidad. Hay gran necesidad en el sector privado. La seguridad pública no puede abarcar todos los ramos del comercio en cada país y no se pueden tener oficiales de seguridad pública en instituciones privadas”.