Gobierno de Bush preparó interrogatorios coercitivos antes de autorizarlos

WASHINGTON, EU.- El Gobierno del ex presidente George W. Bush comenzó a preparar el uso de técnicas coercitivas en interrogatorios antes de que fueran autorizadas legalmente y semanas antes de que la CIA capturara a su primer sospechoso de terrorismo de alto nivel, según un informe del Senado de EU.

El documento del Comité de Servicios Armados del Legislativo que fue divulgado hoy revela nuevos detalles sobre el proceso que llevó a la autorización de métodos coercitivos en interrogatorios a supuestos miembros de Al Qaeda.

El texto, de 263 páginas, se conoce en medio de una gran polémica desatada por la desclasificación de unos informes en los que altos cargos de la pasada Administración Bush autorizaban y justificaban esas prácticas.

El abuso de detenidos bajo custodia estadounidense "no puede ser atribuido a acciones de unas pocas manzanas podridas a iniciativa propia", indica el informe del Senado de Estados Unidos.

El hecho es, señala el Congreso, "que altos cargos del Gobierno de EU solicitaron información sobre cómo usar técnicas agresivas, redefinieron la ley para crear la apariencia de legalidad y autorizaron su aplicación a detenidos".

El documento recuerda que el 7 de febrero de 2002, el entonces presidente George W. Bush firmó un memorando anulando el Artículo 3 de la Convención de Ginebra, que se refiere al tratamiento de prisioneros de guerra, para detenidos de Al Qaeda y los talibán.

El Gobierno calificó a estos detenidos como "combatientes enemigos" e indicó que no les correspondían las protecciones de la Convención de Ginebra, dado que no eran miembros de organizaciones militares formales.

En diciembre de 2001, más de un mes antes de que el presidente firmara el memorando, una oficina legal del Departamento de Defensa ya había solicitado información sobre la "explotación" de detenidos a la JPRA, una agencia experimentada en entrenar a personal estadounidense para resistirse a técnicas de interrogación consideradas ilegales bajo la Convención de Ginebra.

En concreto, JPRA es la agencia del Pentágono que supervisa el entrenamiento de "Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape" (SERE) para personal militar en el exterior.

Durante estos entrenamientos, personal militar estadounidense es expuesto a presiones físicas y psicológicas que simulan condiciones en las que se podrían encontrar si fueran capturados por enemigos y que no se ajustan a la Convención de Ginebra.

Esa agencia comenzó su trabajo en 2002 y se extendió durante los próximos dos años. Durante este periodo, el Gobierno se apoyó en el conocimiento de la JPRA y en su ayuda directa para los interrogatorios.

El 1 de agosto, sólo semanas después de que la JPRA entregara a Defensa una lista de las técnicas del SERE y un memorando de los efectos psicológicos del entrenamiento de este programa, la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia emitió dos opiniones jurídicas, después de consultas con el entonces asesor de la Casa Blanca Alberto Gonzales y un asesor del vicepresidente.

Ambos informes fueron firmados por el fiscal general adjunto de la Oficina Legal Jay Bybee, en la que redefinió y justificó la tortura, y se refirió a la legalidad de tácticas específicas.

El informe del Congreso también revela que mientras el Gobierno preparaba el entramado legal para autorizar las torturas, también se entrenó a personal en la prisión de Guantánamo sobre estas técnicas.

Todas estas gestiones no pasaron sin la oposición de algunos expertos militares legales, que cuestionaron y expresaron su preocupación acerca de esas técnicas.

El documento del Senado indica, además, que el propio secretario de Defensa de ese entonces, Donald Rumsfeld, aprobó el empleo de técnicas agresivas contra detenidos en Guantánamo tras buscar consejo legal.

Después, personal en la prisión naval de Cuba comenzaron a elaborar procedimientos operativos para aplicar las técnicas del SERE en los interrogatorios.

La autorización de Rumsfeld también llegó al conocimiento de agentes en Afganistán y una copia del memo fue enviado de Guantánamo a ese país. El titular de Defensa anuló en enero de 2003 su decisión sobre Guantánamo, pero el documento siguió influyendo en los interrogatorios, indica el Congreso.

Por último, desde Afganistán las prácticas llegaron a Irak y con ello a la Abu Ghraib.