El Parlamento europeo entierra el ACTA

ESTRASBURGO, FRANCIA (04/JUL/2012).-  El Parlamento Europeo (PE) rechazó  definitivamente, por una inmensa mayoría, el tratado antipiratería ACTA, enterrando así este polémico acuerdo internacional que, según sus detractores,  amenaza las libertades individuales, en particular la de millones de  internautas. 

En total 478 parlamentarios votaron en contra, 39 a favor y 165 se  abstuvieron, dando un revés a la Comisión Europea, que deseaba firmar este  texto para defender los intereses económicos de las empresas víctimas de la  piratería y de la falsificación. 

"Acepto la decisión del Parlamento Europeo (...) La Comisión Europea  seguirá trabajando para obtener asesoramiento legal del Tribunal de Justicia  Europeo para confirmar si el acuerdo perjudica los derechos fundamentales de  los ciudadanos europeos, entre ellos la libertad de expresión", opinó el  comisario de Comercio, Karel de Gutch, en un comunicado. 

El ACTA fue firmado en enero por 22 de los 27 gobiernos de la Unión  Europea, así como por Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda,  Singapur, Corea del Sur, Suiza, México y Marruecos. 

Esta votación se produce después de tres años de movilización de los  detractores del texto: centenares de miles de personas se han manifestado  contra el acuerdo y se han recabado 2.8 millones de firmas contra el ACTA. 

En las últimas semanas, todas las comisiones parlamentarias consultadas se  pronunciaron en contra del acuerdo. 

La eurodiputada socialista española María Badía, miembro de la comisión de  Comercio Internacional, se congratuló por el resultado de la votación, al  asegurar que "con el rechazo de ACTA hemos ganado todos". 

"El rechazo de la Eurocámara no significa que no se esté de acuerdo con los  objetivos, sino que los instrumentos que propone no son adecuados", afirmó. 

En el debate del martes, sólo una parte de los conservadores defendió el  ACTA. Poco antes de la votación, pidieron sin éxito que el Parlamento esperara,  antes de pronunciarse, a que el Tribunal Europeo de Justicia dictamine si el  texto se ajusta al derecho europeo. 

Para su entrada en vigor, el ACTA necesita ser ratificado por al menos seis  de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia,  México, Marruecos y Japón. Y en el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y  ratificarlo cada uno de los Estados miembros, por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y comunitarias. 

El relator del texto, el laborista británico David Martin, reconoció la  importancia de la lucha contra la piratería y las falsificaciones, pero se  opuso al ACTA por su carácter "ambiguo" y por tanto "peligroso" para las  libertades individuales. 

Uno de los puntos más polémicos era, según sus detractores, la posibilidad  de que las empresas proveedoras de acceso a internet comunicaran a los  titulares de los derechos de las obras, las direcciones IP de los internautas  sospechosos de realizar descargas ilegales. 

La conservadora francesa Marielle Gallo explicó que este temor se debe a la  "desinformación". Según ella, la entrada en vigor del ACTA no habría supuesto  la "criminalización de los jóvenes adolescentes que hacen descargas   ilegalmente".