Dueña de diario argentino acusa a gobierno de mentir

BUENOS AIRES, ARGENTINA (27/AGO/2010).- La dueña de “Clarín” afirmó que el diario se mantendrá firme ante “las mentiras más burdas”, en alusión a las acusaciones del gobierno de que ese medio periodístico actuó en complicidad con el último régimen militar para apoderarse de la proveedora de papel de prensa en Argentina.

Es la primera vez que la empresaria Ernestina Herrera sale públicamente al cruce de las imputaciones del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, quien anunció el martes que denunciará ante la justicia a los dueños de los diarios “Clarín” y “La Nación” por supuestamente haberse apropiado de forma ilegal de Papel Prensa en 1976.

En un acto celebrado el jueves por la noche para celebrar los 65 años de fundación del diario, el de mayor circulación en el país, la también directora de “Clarín” afirmó que el gobierno puso a “todo el Estado'' en contra del medio.”Pero nos seguiremos defendiendo con la verdad y con la ley”, agregó.

En tanto, Fernández se refirió el viernes a esta controversia, al reclamar al poder judicial que no le tema “al titular de un diario”.

“Necesitamos instituciones fuertes(..) y también jueces y un sistema judicial que no se sientan presionados por nadie, que no le teman al titular de un diario o a la presión del dinero”, afirmó la mandataria en un discurso que dio en un acto en la provincia de Santa Fe.

El diario dirigido por Herrera integra el Grupo Clarín, el mayor conglomerado comunicacional de Argentina y uno de los principales de América Latina. Desde hace dos años mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Fernández.

“Hoy, Clarín vive tiempos que ponen a prueba nuestra fortaleza y nuestra templanza. Nunca pensamos que, en democracia, el ejercicio de nuestra tarea nos traería tan duras consecuencias. Nunca pensamos que la persecución y los ataques podían adquirir métodos tan brutales”, señaló Herrera.

Papel Prensa, que abastece a más de 170 diarios en todo el país, pertenecía al banquero David Graiver, vinculado al grupo guerrillero Montoneros, y fue vendida a “La Nación”, “Clarín” y “La Razón”, diario que quebró en 2000, varios meses después de que el empresario muriera en un confuso accidente aéreo.

Según dijo Fernández basándose en denuncias de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, esta última y otros familiares “actuaron bajo amenazas'”y apremios al ceder sus acciones a los tres diarios, cuando Herrera ya era dueña de “Clarín”.

Esa acusación fue rechazada por “Clarín”, “La Nación”, accionistas privados en Papel Prensa -donde el Estado tiene una participación minoritaria- y un hermano del banquero.

En su discurso, la presidenta confirmó que el gobierno enviará este mismo viernes un proyecto que declara de interés público la producción y comercialización del papel de diario para que “más de 170 medios gráficos del país cuenten con las mismas condiciones para su insumo básico”.

Entre sus planes está, además, elaborar un marco regulatorio del papel, ya que considera que los dos diarios, accionistas mayoritarios de Papel Prensa, monopolizan la producción y los precios de ese producto.

Ambas iniciativas han sido rechazadas por diputados de la oposición. Afirman que el gobierno quiere controlar Papel Prensa y silenciar a la prensa crítica, además de fomentar la creación de medios afines.

Lidia Papaleo declaró el jueves ante un fiscal y según “Clarín” y “La Nación” admitió que se encontraba en libertad cuando vendió la empresa en noviembre de 1976, y que desde que fue detenida en marzo de 1977 no salió de los centros de arresto donde estuvo retenida para firmar algún documento.

Pero el hermano de la mujer, Osvaldo Papaleo, dijo que ésta había declarado que entregó Papel Prensa “en un clima de presiones” y que estaba en una suerte de libertad controlada, según declaraciones publicadas el viernes por el diario ``Tiempo Argentino'', señalado como cercano al gobierno.

En el acto de anoche Herrera estuvo acompañada de sus hijos adoptivos, Marcela y Felipe Noble Herrera.

La empresaria está señalada por organizaciones de derechos humanos como posible apropiada de Marcela y Felipe a personas que desaparecieron en la última dictadura (1976-1983).

La justicia investiga si los dos jóvenes, adoptados por Herrera en 1976, son en realidad hijos de personas víctimas de la represión militar. Ellos han declarado que no quieren conocer su identidad y han cerrado filas con su madre adoptiva.