PHOENIX, ESTADOS UNIDOS (16/MAY/2017).- El Departamento de Trabajo de Estados Unidos acusó a una compañía propietaria de campos agrícolas en Arizona de albergar a unos 70 trabajadores mexicanos en condiciones insalubres y peligrosas, y de pagarles salarios ilegalmente bajos.La dependencia federal interpuso una demanda en una Corte Federal de Phoenix en contra de la compañía "G Farms", con sede en "El Mirage" un suburbio del noroeste de Phoenix.La demanda sostiene que Santiago González, dueño de "G Farms", alojó en abril pasado a los trabajadores en un improvisado campamento conformado por autobuses escolares y remolques sin ventanas y cobertizos al aire libre, en violación de las normas federales de seguridad.Los trabajadores fueron traídos legalmente a Estados Unidos bajo el programa de visas H-2A supervisado por el gobierno federal, que permite a los productores agrícolas importar trabajadores temporales.Bajo este programa, los empleadores están obligados a pagar un salario mínimo establecido por el gobierno federal y proporcionar a los trabajadores transporte gratuito y vivienda, que debe incluir un mínimo de 4.6 metros cuadrados de espacio para dormir por persona."Los demandados infringieron su obligación de mantener registros de los días y horas trabajadas por sus empleados, no mantuvieron registros de deducciones hechas a los ingresos de los trabajadores y no les proporcionaron registro de pago o de horas laboradas o ganancias", indica la demanda.De acuerdo a la querella, González violó los derechos de los trabajadores al hacerlos trabajar más de cinco días a la semana y más de ocho horas por día. Los trabajadores mexicanos protestaron por las condiciones y el dueño de "G Farms" los reubicó a dos hoteles.Sin embargo, la semana pasada uno de los trabajadores llamó al Departamento del Trabajo y reportó que González les estaba cobrando por permanecer hospedados en las habitaciones y por la comida y el transporte.En la demanda, el Departamento del Trabajo solicita a la Corte una orden de restricción temporal para obligar a González a pagar a los trabajadores lo que se les debe y "para asegurar que estos trabajadores estén a salvo de condiciones que amenacen la vida".Rick Mahrle, abogado de la compañía agrícola, dedicada al cultivo de forrajes para alimento de ganado, dijo que las denuncias fueron exageradas e inexactas, y que la empresa ya ha colocado a los trabajadores en un hotel y apartamentos.
