Demandan a Holder por archivos de 'Rápido y Furioso'

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (13/AGO/2012).- La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, pidió el lunes a una corte federal que avale un citatorio emitido al secretario de Justicia Eric Holder en el que se le exige que entregue archivos de la fallida operación de rastreo de armas Rápido y furioso.

La demanda solicita a la corte que rechace los argumentos del presidente Barack Obama sobre la validez del privilegio ejecutivo en el caso, un recurso legal diseñado para evitar que se revele cierta información interna del gobierno.

El fracaso de los intentos de Holder y los republicanos de la Cámara de Representantes para lograr un acuerdo sobre los documentos llevó a votaciones en junio que originaron que el secretario de Justicia fuera declarado en desacato civil y penal ante el Congreso. La resolución por desacato civil llevó a la demanda.

Holder rechazó las solicitudes de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes para entregar, sin condiciones, los documentos que podrían explicar por qué el Departamento de Justicia negó en febrero de 2011 que se incurrió en una táctica riesgosa al permitir que se traficaran armas de fuego de Arizona a México.

Los agentes federales a cargo de la operación perdieron la pista de muchas de las armas. La operación identificó más de dos mil armas que fueron compradas ilícitamente y mil 400 de ellas no han podido ser recuperadas.

El departamento no reconoció que hizo declaraciones falsas por 10 meses. "Extrañamente, el Departamento de Justicia se resistió activamente a cooperar por completo con la investigación desde el principio", dice la demanda.

"Entre otras cosas, el departamento rechazó entregar documentos al comienzo y luego dio poco a poco cantidades muy limitadas de documentos, impidiendo que la comisión tuviera acceso a ciertos testigos, y limitando las preguntas de la comisión a otros testigos a los que se dio acceso", agrega.

El Departamento de Justicia ha dicho que no presentará cargos penales contra su jefe y los demócratas han encasillado a las demandas por desacato civil y penal como un ataque político.