BUENOS AIRES, ARGENTINA (07/MAR/2017).- La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció que es víctima de una persecución "judicial y mediática" al acudir a un citatorio en los tribunales por un caso de presunta corrupción. Fernández de Kirchner cumplió con la indagatoria convocada por el juez Claudio Bonadío en el marco de la causa conocida como "Los Sauces" en la que se le acusa de haber encabezado una asociación ilícita para desviar recursos públicos. Al igual que lo hicieron la víspera sus hijos Máximo y Florencia, quienes también están involucrados en este caso, la expresidenta estuvo escasos minutos en tribunales ya que se limitó a entregar un escrito de 45 páginas y no respondió preguntas del juez. En el documento, Fernández de Kirchner pidió ser sobreseída, es decir, que se considere que no hay elementos para ser procesada, ya que en caso contrario impugnará el fallo ante las instancias judiciales locales pertinentes y organismos internacionales de derechos humanos. "Los Sauces" es una empresa inmobiliaria fundada por los Kirchner y que obtuvo sus mayores ingresos gracias a que les alquilaron inmuebles a empresarios que, al mismo tiempo, fueron beneficiados con contratos de la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (2003-2012). La hipótesis que maneja Bonadío es que, en realidad, esos empresarios alquilaban propiedades de los Kirchner como una manera de entregarles un "retorno" (es decir, soborno) como pago por los millonarios contratos públicos recibidos. En su escrito, Fernández de Kirchner alegó que los alquileres son "reales y genuinos" ya que están reportados, contabilizados, bancarizados y acorde a precios de mercado, por lo que no es factible que hayan sido producto de sobornos. Bonadío tendrá ahora un plazo de dos semanas para decidir la continuidad del caso, aunque todo apunta a que procesará a la ex presidenta y a sus hijos ya que durante los últimos años ha demostrado una clara animadversión hacia la familia Kirchner. De hecho, Bonadío fue el primer juez que procesó a Fernández de Kirchner, pero en otra causa conocida como "dólar futuro" y en la que la acusa de "administración fraudulenta" por la venta anticipada de la divisa que realizó el estatal Banco Central en 2015, su último año de gobierno.
