Congreso vota proyecto de tributos agrarios que mantiene en vilo a Argentina

BUENOS AIRES - El Senado debatía el miércoles una ley de  tributos agrarios auspiciada por el Gobierno, rechazada por la oposición y las  patronales de agricultores, en una Argentina escindida en dos bandos y harta  del conflicto.

La importancia de la ley está dada por la condición de potencia agrícola  que tiene Argentina, con exportaciones anuales de materias primas y  manufacturas agroindustriales por 35 mil millones de dólares, en un mundo que  atraviesa una crisis alimentaria, según los organismos internacionales.

Sólo por derechos aduaneros para las exportaciones de soja, el Gobierno  intenta recaudar este año unos 11 mil de los 24 mil millones de dólares que  genera la cosecha de la leguminosa, que ocupa más del 50% de la superficie  cultivada en Argentina.

Los senadores trataban la norma que sancionó la Cámara de Diputados y  esperaban convertirla en ley o rechazarla la madrugada del jueves, a más  tardar, luego de las multitudinarias demostraciones de fuerza del martes, a  favor o en contra del Gobierno, con centenares de miles de manifestantes en las  calles.

El gobernante peronismo socialdemócrata de la presidenta Cristina Kirchner  tiene la mayoría en el Senado, pero los cómputos preliminares muestran un  virtual empate en el recinto de 72 escaños.

Al caer la noche, centenares de jóvenes kirchneristas comenzaron a llegar a  la Plaza de los Dos Congresos con banderas y pancartas y al son de los  tradicionales bombos peronistas, para aguardar el resultado de la votación.

En tanto, los líderes agrarios y decenas de productores seguían la sesión  de la Cámara alta en una gigantesca pantalla montada al aire libre en el paseo  del barrio Palermo, a unos 4 kilómetros del Congreso.

El ex presidente Néstor Kirchner (2003/2007) había asegurado el martes que  el Gobierno va a respetar la decisión del Congreso.

En reacción, Alfredo de Angeli, el más popular y pintoresco de los líderes  agrarios, anticipó que si el Congreso sanciona la ley de retenciones (impuestos  a las exportaciones) móviles, los agricultores van a vender "lo justo y  necesario para mantenerse y no va a haber para exportar".

Argentina es el primer exportador mundial de harinas y aceites de soja, el  cuarto de trigo, el segundo de maíz -detrás de EU- y el tercero de granos de  soja, según la secretaría de Agricultura estadounidense.

Productores minifundistas y grandes grupos financistas de siembra mantienen  hace 127 días una rebelión fiscal contra los tributos flotantes, que incluyó  huelgas con cortes de rutas, desabastecimiento, ataques a legisladores  oficialistas y trabas a los embarques de granos y cereales.

Pero el hartazgo de la ciudadanía por la puja se reflejó esta semana en una  encuesta según la cual un 65% dijo sentir "asco, bronca y cansancio" por los  actos callejeros, informó la privada Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Un pronunciamiento sin medias tintas del propósito de los agricultores lo  había dado De Angeli ante el gigantesco mitin opositor en el barrio de Palermo  con su llamado "a crear una Argentina agroexportadora, la que soñaron nuestros  abuelos", cuando Argentina era considerada 'el granero del mundo'.

Pero el Gobierno manejado con mano de hierro por el matrimonio Kirchner  puso como meta prioritaria alentar la industria y apoyarse en la central obrera  oficialista CGT, al considerar que el campo recibe ganancias extraordinarias  con baja inversión y casi sin mano de obra.

Un informe del estatal Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)  subrayó que se ubica entre 600 y 800 dólares por hectárea la renta de un  productor que siembra soja y la rota cada año con trigo, lo que representa un  ingreso nunca inferior al 100% anual del capital invertido.

"La rentabilidad del negocio de los granos hoy, con retenciones, es  superior a la de cualquier alternativa industrial o financiera o también del  propio campo, si se compara con la ganadería u otras variantes", dijo el INTI.

Pero agricultores minifundistas señalan que la condición flotante del  impuesto a la soja, el maíz, el trigo y el girasol puede convertirse en  confiscatoria si el precio internacional se eleva por encima de los 600 dólares  la tonelada y la tasa aduanera aumenta en forma proporcional.