Congreso peruano suspende decreto al que se oponen indígenas

LIMA, PERÚ.-  El pleno del Congreso aprobó el miércoles la suspensión por tiempo indefinido de un cuestionado decreto que provocó un levantamiento indígena que dejó 32 muertos en la selva amazónica, pero desestimó su derogatoria.

Por 57 votos a favor, 48 en contra y una abstención el legislativo aprobó suspender indefinidamente la vigencia del decreto legislativo 1090 sobre ley forestal y de fauna silvestre cuya derogatoria exigen los nativos amazónicos por considerar que debilita su derecho de propiedad sobre sus territorios ancestrales.

El congreso optó por la suspensión del decreto en un intento de apaciguar los ánimos de los indígenas y dar tiempo para la búsqueda de una solución al problema.

El viernes último los indígenas chocaron con la policía en la región Amazonas, a 730 kilómetros al norte de Lima, donde murieron 23 agentes siete de ellos por heridas de lanzas y 9 civiles durante una operación policial para despejar una carretera tomada por los nativos.

Tras la votación, y luego de un encendido debate de más de cuatro horas, entre quienes apoyaban la suspensión del decreto y quienes pedían su inmediata derogatoria, congresistas del Partido Nacionalista, que apoyan las demandas indígenas, se apostaron en el centro del hemiciclo portando carteles con mensajes de apoyo a los nativos.

"Queremos dirigirnos a la comunidad internacional para denunciar el maltrato y el desprecio que se siente por las comunidades nativas'', dijo el legislador nacionalista Roger Nájar.

La votación a favor de la suspensión del decreto fue posible con los votos de la mayoría oficialista del Partido Aprista, con el respaldo de las bancadas de los partidos de derecha, Unidad Nacional y Alianza por el Futuro, del ex presidente Alberto Fujimori.
 
"Su congreso los ha escuchado, su congreso ha establecido una opción y esa opción es que los decretos legislativos 1090 y 1064 no están más vigentes'', dijo el legislador fujimorista Rolando Souza, al hacer un llamado a los nativos para que suspendan sus medidas de fuerza.

Los indígenas preparan para el jueves una movilización nacional de protesta a la que se han plegado sindicatos, organizaciones de izquierda y otros.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, anunció el miércoles que el gobierno ha dispuesto que las fuerzas armadas actúen en respaldo de la policía para garantizar el orden interno el jueves, especialmente en el resguardo de locales y servicios públicos que podrían sufrir el ataque de manifestantes.

El presidente Alan García dijo antes de la votación del Congreso que Perú no debe ``ceder a chantajes ni a posiciones de fuerza. Un país que está marchando bien, si se deja vencer por pequeños grupos que no representan lo más avanzando en el país, entonces es un país que está condenado a detenerse o retroceder'', agregó.

Condenó la muerte de los policías al decir que "es un crimen que no puede quedar olvidado ni impune''.

El miércoles fueron sepultados los restos de un comandante de la policía, que murió con otros nueve agentes tras ser secuestrados y asesinados durante los hechos de violencia del viernes.

"La situación fue gravísima en el sentido que por primera vez se degüella policías'', dijo García defendiendo la decisión del gobierno de difundir fotografías de los cadáveres de los agentes en avisos televisivos.

La protesta de los nativos se inició el 9 de abril con un paro con bloqueos de carreteras que no han cesado. El miércoles mantenían bloqueada la carretera que une las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas, en la región Loreto, a 686 kilómetros al noreste.

"Nos enfurece por la burla que hace (García) a nuestro país, la derogatoria no quiere dar, no sabe cómo sancionar a los dirigentes (indígenas), a todos los dirigentes los están investigando'', dijo en Yurimaguas el nativo Segundo Pizango, presidente del Comité de Lucha, a Canal N.

En la víspera, el líder indígena Alberto Pizango (correcto) recibió el asilo político de Nicaragua. Pizango es acusado por el gobierno de azuzar a los nativos a levantarse, y ha sido denunciado por sedición, conspiración, rebelión y motín, pesando sobre él una orden de detención.

García dijo que Perú como país democrático aceptaba la decisión del gobierno nicaragüense. ``Lo que tienen que saber es que tres países antes de Nicaragua rechazaron el asilo porque dicen aquí sí hay condiciones para que haya juicio justo a las personas'', dijo García, sin mencionar qué países lo hicieron.

Según algunas versiones, uno de esos países fue Bolivia, pero el miércoles el embajador boliviano en Lima Franz Solano, negó que Pizango hubiera solicitado asilo.

Los nativos dicen que los decretos que cuestionan permitirán la venta de sus tierras a las grandes multinacionales petroleras y gasíferas, pero García aseveró que ``está consagrada la propiedad de 12 millones de hectáreas (de bosques) para 400.000 nativos, que es bastante''.

Los decretos fueron dictados por el ejecutivo el año pasado para adaptar la legislación nacional a las exigencias del tratado de libre comercio (TLC), firmado con Estados Unidos, que entró en vigencia en febrero pasado.