Congreso argentino aprueba nueva ley para regular medios

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El Senado de Argentina aprobó en la madrugada del sábado una controvertida ley sobre radiodifusión que busca reducir la concentración del sector obligando a grandes empresas periodísticas a desprenderse de medios.

La iniciativa prevé un mayor espacio radioeléctrico para los medios del Estado, que a diferencia de los privados podrán establecer cadenas de alcance nacional.

La presidenta Cristina Fernández ha dicho que la ley que propuso, aprobada tras un debate de casi 20 horas en el Senado, ayudará a la democracia, pero los críticos al proyecto dicen que apunta a quitarle poder al Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de Argentina.

Medios de comunicación privados como Clarín, el centenario diario La Nación o el denominado Grupo Uno, un gran conglomerado de empresas periodísticas, ven en la nueva norma un intento del Gobierno, que mantiene una áspera relación con la prensa, de cercenar la libertad de expresión.

Fernández y su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, mantienen una pelea con el Grupo Clarín desde la posición crítica que adoptó este grupo respecto del Gobierno durante las fuertes protestas del sector agrario del año pasado.

Los siguientes son los principales puntos de la iniciativa aprobada:
 

Prohibe que los poseedores de licencias de un canal de aire puedan tener una señal de cable en la misma región o servicio por satélite.

    *   Habrá límites al número de licencias para radios y canales de televisión regionales. Varios grupos de medios deberán renunciar a algunas licencias para preservar las operaciones más rentables, algo que permitiría la entrada de nuevos participantes al negocio.

    * La música, películas y programas locales tendrán un cupo mínimo garantizado en radio y televisión. Las estaciones de radio deberán dedicar el 30 por ciento de su emisión de música a artistas argentinos, y los canales de televisión deberían emitir al menos seis nuevas películas locales por año.

    * Se crea un nuevo ente regulador, que reemplazará al actual Comfer. El Gobierno también controlará al nuevo ente, pero éste ahora incluirá a miembros de la oposición. Críticos a la ley dicen que el ente regulador debe ser autónomo o depender del Congreso. El Gobierno también designará a un defensor del público que se encargará de las relaciones con el público y recibiría reclamos.

    *  El Estado, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro -como la Iglesia Católica y universidades- se repartirán cerca de un tercio de las licencias para radio y televisión para cada uno.

    * Eso podría implicar un recorte en el espacio radioeléctrico disponible para las compañías privadas y garantiza por primera vez espacio para organizaciones sin fines de lucro.