Condenan a seis agentes de la dictadura chilena por secuestro

SANTIAGO DE CHILE (17/JUN/2016).- La justicia chilena condenó hoy a seis agentes del aparato represor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), por el secuestro y desaparición de dos víctimas de la denominada "Operación Colombo", en 1974.

Según fuentes judiciales, la Corte Suprema, en fallo dividido, dictó sentencia definitiva en contra de César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko, a 10 años y un día, acusados de ser los autores del plagio.

Asimismo, Demóstenes Cárdenas Saavedra y Alejandro Astudillo Adonis deberán purgar, cada uno, dos penas de tres años y un día de presidio, en calidad de cómplices de ambos delitos, y el agente Orlando Manzo Durán fue condenado a cinco años y un día de presidio por su responsabilidad, como autor, en el secuestro de una de las víctimas.

Todos ellos fueron acusados por el máximo tribunal chileno por el secuestro y desaparición de Modesto Espinoza Pozo (32 años), militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Roberto Aranda Romero (37 años), militante del Partido Comunista (PC), ambos detenidos en sus domicilios, cuyos cuerpos hasta ahora "no han sido habidos".

La Operación Colombo es considerada el primer episodio de la Operación Cóndor, una coordinación entre las dictaduras militares de los países del Cono Sur para eliminar opositores.

Según el fallo, el 22 de agosto de 1974, agentes de la temible Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), detuvieron en su domicilio a Espinoza Pozo, quienes se lo llevaron al centro de detención "Cuatro Álamos" y a otros lugares similares conocidos como Londres 38 y Villa Grimaldi, todos en Santiago.

En todos ellos sufrió tormentos y torturas y la última vez que fue visto con vida fue a finales del primer semestre de 1975.

Un día después fue detenido el comunista Aranda Romero, quien fue trasladado a los mismos lugares de detención y tortura al que fue llevado Espinoza Pozo, desapareciendo posteriormente.

En el aspecto civil, el máximo tribunal condenó al Estado de Chile a pagar la suma total de 350 millones de pesos (unos 511 mil dólares) a familiares de las víctimas.

Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas tres mil 200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales mil 192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33 mil como secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas.