Colombia niega que sigan paramilitares y acepta recomendaciones sobre DH

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Colombia dijo el lunes que todos los grupos  paramilitares (ultraderecha) que actuaban en su territorio fueron disueltos,  contrario a lo asegurado por varias ONG, y aceptó unas 60 recomendaciones que  le formularon en el marco del examen periódico del Consejo de Derechos Humanos  de la ONU.

Por el contrario, las autoridades colombianas rechazaron una recomendación  de varios países que le pidieron renunciar a su política de recompensas por  informaciones sobre las guerrillas de izquierda y las cabezas de sus líderes.

El sistema de recompensas "ha debilitado enormemente a los grupos armados  ilegales y su estructura criminal, ha ayudado a resolver casos de secuestros y  ha contribuido a luchar contra la impunidad", dijeron las autoridades  colombianas en un anexo al informe que presentaron la semana pasada al  Consejo.

En total Colombia rechazó cerca de otras diez recomendaciones. El informe  final sobre la situación de los derechos humanos deberá ser aprobado en marzo  por el pleno del Consejo.

Una de las recomendaciones señalaba que Colombia debia desmontar las  estructuras económicas y políticas de los paramilitares desmovilizados.

En el agregado al informe las autoridades colombianas aseguraron que "el  concepto de paramilitar, (es) un termino que no se aplica en la situación  actual", tras la desmovilización de unos 31mil combatientes de esas  organizaciones, que concluyó en 2006.

Varios grupos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales  denunciaron la semana pasada ante el Consejo que los grupos paramilitares  -cuyos vínculos con políticos cercanos al gobierno investiga la justicia-  continuan actuando y simplemente cambiaron de nombre.

El gobierno repondió que lo que restan son "bandas criminales emergentes"  conformadas por unos 2.000 hombres y que controlan el tráfico de unas 500  toneladas de cocaína al año.

Para las ONG, sin embargo, esos grupos están conformados por entre 9 mil a  10.200 miembros, y superan en número a la principal guerrilla de izquierda de  país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conformada por unos  siete mil  combatientes según cifras del ministerio de Defensa.

Al defender lo actuado por su gobierno en materia de derechos humanos, el  vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, enumeró el miércoles pasado ante  el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "67 compromisos que asumimos de manera  solemne ante ustedes".

Luego, tras escuchar las recomendaciones de los países intervinientes en el  debate, Santos dijo que "muchos de estos compromisos son similares a las  recomendaciones" y se comprometió a "responder por escrito a todas las  delegaciones".

Unos 40 países intervinieron en el debate, entre éstos Chile, México,  Argentina, Brasil, Perú, Cuba, Uruguay, Panamá, España, Suiza, Gran Bretaña y  Dinamarca.

Venezuela, vecino con el que Colombia tiene difíciles relaciones, asistió  al debate pero no intervino.

Entre las recomendaciones anunciadas desde la semana pasada, se encontraba  la del envío de "tres relatores especiales", formulada por México.

Esos relatores debían ocuparse de la situación de los defensores de  derechos humanos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y la independencia  de jueces y abogado.

Bolivia había recomendado el envío de un relator para abordar la situación  de los pueblos indígenas y Chile reclamó a Colombia evitar que los acusados de  abusos y violaciones graves "sean beneficiados por leyes de amnistía".