Capriles impugnará elecciones en mayo

CARACAS, VENEZUELA (29/ABR/2013).- El ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles anunció el lunes que en los primeros días de mayo espera presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial venezolana, una solicitud de impugnación de los resultados de las elecciones del pasado 14 de abril que dieron la victoria al oficialista Nicolás Maduro.

Capriles, gobernador del estado central de Miranda, dijo a la prensa que "cualquiera de estos días antes del 6 de mayo" espera consignar ante el máximo tribunal el recurso que impugna los pasados comicios presidenciales, aunque admitió que tiene pocas esperanzas de lograr una decisión favorable en el Tribunal Supremo, cuyos miembros son señalados de simpatizar con el gobierno.

"No tengo ninguna duda que esto va a terminar en instancias internacionales y más temprano que tarde nuestro país tendrá una nueva elección", dijo el dirigente opositor durante un acto en Miranda. "Tengan los venezolanos, nuestro pueblo, confianza, fe, que la mentira por más que traten de sostenerla, la mentira siempre es muy frágil, la mentira siempre terminará cediendo a la verdad".

El anuncio del opositor ocurrió el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral ofreció los últimos resultados electorales, que incluyen al voto en el exterior y que hicieron más estrecha la victoria de Maduro frente a Capriles.

Ahora, la diferencia es de 224 mil 739 sufragios y antes era de 270 mil votos. Capriles logró 53 mil 845 votos en el exterior y Maduro tres mil 919, según los datos del Consejo Electoral.

Capriles cuestionó el anuncio que realizó el pasado fin de semana la presidenta del Consejo Electoral, Tibisay Lucena, sobre el proceso de auditoría ampliada de los comicios que realizará el organismo y llamó al mensaje que la funcionaria ofreció, en cadena de radio y televisión, como una "cadena infame" y que la auditoría acordada será una "farsa" porque no incluirá los cuadernos de votación.

"Lucena, el problema que ella tiene es que la orden que recibió de su partido político es que no se puede hacer la auditoría por eso no quieren hacer auditoría", dijo el opositor. "La auditoría que pretenden hacer es una farsa".

El dirigente sostuvo que la directiva del Consejo Nacional Electoral "no solamente le mintió a los venezolanos, se burló de los venezolanos, sino además se burló de todos los presidentes que en reunión extraordinaria fueron a Lima, a la reunión extraordinaria de Unasur. Esa reunión en la cual se cambió el documento era más bien celebrando la decisión de las autoridades electorales de nuestro país de que se celebrara la auditoría pues terminó siendo un engaño".

Maduro rechazó el lunes los cuestionamientos contra Lucena y exigió "respecto absoluto" para la funcionaria, que es señalada de simpatizar con el oficialismo. Maduro dijo a la televisora estatal, durante una visita al estado occidental del Zulia, que Lucena es una mujer "honesta" y "calificada" para ocupar la presidencia del organismo electoral.

El mandatario informó que tras revisar las actas de votación el oficialismo detectó que "900 mil chavistas no fueron a votar" y se quejó de que esos seguidores del gobierno no sufragaran porque creían que los oficialistas estaban "sobrados" para ganar los comicios.

Capriles anunció la semana pasada que la oposición no participaría en la auditoría ante la negativa de las autoridades electorales de auditar las papeletas, las actas y los cuadernos de votación. La oposición se ha negado a reconocer la victoria de Maduro alegando que en los pasados comicios presidenciales se cometieron una serie de irregularidades.

Por la ley venezolana en cada proceso electoral se debe auditar 54% de las cajas electorales. Tras desconocer el triunfo de Maduro la oposición demandó auditar los resultados, a lo que las autoridades electorales respondieron el 18 de abril que revisarían el 46% restante de las cajas de votación.

El gobernador de Miranda también cuestionó la detención el 27 de abril del general retirado del ejército Antonio Rivero, dirigente del partido opositor Voluntad Popular. Rivero fue apresado por su presunta vinculación con las protestas callejeras que se registraron en Caracas y otras ciudades del país luego de las elecciones.

"Este gobiernito quiere tratar de que los venezolanos sientan miedo. Utilizan en este caso al general Antonio Rivero sobre la base de nada. Eso es el fascismo, la persecución, tratar de poner gente presa ", sostuvo Capriles.

La Fiscalía General anunció en un comunicado que un tribunal local ratificó el lunes la detención de Rivero "por su presunta vinculación con hechos de violencia ocurridos recientemente en el país" luego de las elecciones presidenciales. El gobierno sostiene que esos incidentes violentos que se registraron en la capital y otras ciudades del interior del país murieron nueve personas y otras 78 resultaron heridas.

El general retirado, quien permanecerá recluido en la sede de la policía política, fue imputado de "instigación a delinquir" y "asociación para delinquir", agrega el escrito.

Un hermano del opositor detenido, Jose Vicente Rivero, dijo a la prensa, al leer una carta del oficial retirado, que Rivero se declaró inocente y decidió iniciar una huelga de hambre en rechazo al proceso judicial que le abrieron.

"Antonio Rivero es un preso político de Nicolás Maduro", dijo el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, al rechazar la detención del miembro de su organización, y sostuvo que "nosotros no dudamos que esto sea el primer paso hacia la ilegalización de los partidos políticos". López declaró a la prensa que su organización acudirá a instancias internacionales para denunciar el caso de Rivero y la existencia de "persecución política" en Venezuela.

Rivero, ex jefe de la agencia de gestión de emergencias, tiene pendiente desde hace más de dos años un proceso en instancias judiciales militares luego de denunciar la presencia de militares cubanos en Venezuela.

Capriles informó que el gobierno se ha negado en los últimos días a entregar los recursos presupuestarios a la gobernación de Miranda por razones políticas y exigió a Maduro rectificar la medida ya que de lo contrario llevará la denuncia a instancias internacionales. El dirigente consideró esa acción como un delito "contra los derechos humanos" porque afecta a 37.000 empleados de la gobernación de Miranda.