PARÍS, FRANCIA (30/MAY/2017).- El Gobierno francés debe poner fin al estado de emergencia, en vigor desde los atentados de noviembre de 2015, que "por su naturaleza amenaza el ejercicio de los derechos humanos", denunció Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado hoy.Esta situación "no debería convertirse en la norma", y solo debería ser prorrogada si el Gobierno demuestra que es "estrictamente necesaria" para enfrentarse a la amenaza terrorista, recomienda el documento, titulado "Un droit, pas une menace" (Un derecho, no una amenaza).El texto fue publicado una semana después de que el presidente, Emmanuel Macron, avanzase que instará al Parlamento a prolongar la medida, que expira el próximo 15 de julio, hasta el 1 de noviembre.Uno de los autores del informe, Marco Perolini, aseguró que "el estado de emergencia ha sido utilizado para fines que no tienen nada que ver con la amenaza terrorista, como mantener el orden público" durante las manifestaciones.Casi el 90 % de las 639 medidas individuales dictadas por los prefectos de policía fueron para impedir la participación en las manifestaciones contra la reforma laboral del expresidente François Hollande, destaca AI.Unas movilizaciones durante las cuales miembros de AI en cuatro de estos actos en París observaron a "una minoría de participantes" cometer "actos violentos o ilegales".Una conducta ante la que la policía reaccionó imponiendo "restricciones injustificadas al derecho a la libertad de reunión pacífica" a personas que "no tienen nada que ver con el terrorismo", aseguró Perolini.El estado de emergencia "ha sido utilizado indiscriminadamente", insistió.Las medidas excepcionales, aprobadas por el gobierno en respuesta a unos atentados que mataron a 130 personas, otorgan a los prefectos de policía la capacidad de restringir las reuniones públicas y la libre circulación de las personas.El informe destacó que las autoridades prohibieron con frecuencia manifestaciones con el argumento de que no disponían de efectivos suficientes para mantener el orden público."Aunque el riesgo de atentados ha mermado los medios policiales", las autoridades desplegaron "frecuentemente" cientos de miembros de las fuerzas de seguridad "para contener a manifestantes pacíficos", lo que "cuestiona ese argumento", según Amnistía Internacional.Amnistía también denunció un "recurso a la fuerza no necesario o excesivo" en varios casos investigados, y llamó al Gobierno a prohibir un tipo de granadas de mano que, una vez lanzadas, dispersan dieciocho fragmentos de plástico.Una de las víctimas de este abuso excesivo de la fuerza es Laurent Théron, quien después de 16 años sin pisar una manifestación estuvo en una "por azar", donde perdió el ojo derecho debido a la explosión de una granada antidisturbios lanzada por la policía."Esos artefactos están diseñados para tirarlos por el suelo", dijo Théron, quien añadió que el policía "no contaba con la formación adecuada" por lo que lanzó el artefacto por el aire.Macron también ha anunciado una nueva ley para hacer frente a la amenaza terrorista más allá del estado de emergencia, una noticia que Perolini define como "problemática".La legislación antiterrorista fue revisada en tres ocasiones durante 2016, lo que según Perolini ha servido para "introducir medidas procedentes del estado de emergencia en el derecho común".
