Amnistía denuncia ejecuciones de opositores en Burundi

LONDRES, INGLATERRA (22/DIC/2015).- Las fuerzas de seguridad de Burundi condujeron en ese país decenas de asesinatos sistemáticos, incluso ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y saqueos, que deben ser investigados, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).
 
La organización pro derechos humanos calificó el pasado 11 de diciembre como el día más mortífero en la actual crisis en Burundi, que estalló tras un fallido golpe de Estado contra el presidente Pierre Nkurunziza en mayo pasado y se recrudeció con su reelección.
 
En su informe "Mis hijos tienen miedo: la profundización de la crisis de derechos humanos de Burundi", AI documenta ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y saqueos por parte de la policía en Bujumbura, capital burundesa, el 11 de diciembre de 2015.
 
El director regional de AI para África, Muthoni Wanyeki, refirió que ese fatal día "las calles de Bujumbura quedaron sembradas de cadáveres, muchos con un sólo tiro en la cabeza, y por lo menos un cuerpo fue encontrado atado".
 
Opinó que las tácticas violentas de las fuerzas de seguridad ese día en la capital representan una escalada dramática, en comparación con la intensidad de las operaciones conducidas con anterioridad, pues al menos 87 personas murieron.
 
La versión oficial de los hechos ocurridos el pasado 11 de diciembre es que rebeldes atacaron tres instalaciones militares en la capital y que las fuerzas del ejército repelieron la agresión, que terminó con la muerte de 70 enemigos y ocho soldados.
 
Sin embargo, AI señaló que, según la información que recabó, después de esos tres ataques, la policía comenzó operaciones de búsqueda en los llamados "barrios de oposición política", donde recorrió casa por casa deteniendo y matando a decenas de personas de manera arbitraria.
 
"Las víctimas fueron sacadas de sus casas y les dispararon a corta distancia, mientras que otras fueron abatidas en el instante en el que abrieron sus puertas", precisó la organización.
 
Su reporte cita testimonios de residentes sobrevivientes que describieron los hechos y de investigadores que relataron lo visto cuando visitaron los barrios en cuestión.
 
Para Amnistía, la intensificación pronunciada de crímenes y abusos es un augurio preocupante para el futuro de Burundi.
 
El descontento en ese país africano se originó cuando el presidente Nkurunziza anunció su intención de buscar un tercer mandato en abril pasado y se agravó cuando ganó las elecciones de julio siguiente con masivas protestas que fueron objeto de represión.
 
Paulatinamente, esas manifestaciones de inconformidad degeneraron en ataques armados, principalmente contra objetivos gubernamentales y militares.
 
El gobierno de Burundi acusa a los rebeldes opositores de la violencia en el país, afirmando que están cometiendo crímenes contra los miembros de la policía y del ejército, así como contra el mismo pueblo.
 
AI afirmó que la violencia en Burundi debe ser investigada e instó a las autoridades del país a hacer uso de herramientas legales para hacer frente a la actual situación de seguridad, pero principalmente frenar con urgencia las tácticas abusivas de sus fuerzas.
 
"La investigación anunciada por la Fiscalía General de Burundi, el 17 de diciembre, es un buen primer paso, si se permite que el equipo lleve a cabo su trabajo de una manera verdaderamente independiente, imparcial y exhaustiva", concluyó la organización.