La factibilidad cultural en México

En los primeros años del presente siglo, diversos países integrantes del Parlamento Latinoamericano, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), comenzaron a dar forma a una propuesta denominada “Factibilidad cultural”, orientada a impulsar en las actividades de planificación del desarrollo, medios e instrumentos conceptuales y metodológicos encaminados a incorporar correctamente la cultura en los procesos de identificación, formulación y ejecución, de las grandes políticas de acción en todos los sectores. Un objetivo estratégicamente relacionado, conceptual y funcionalmente, con el Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina, promovido por ambos organismos. El objetivo es que tanto en la teoría como en la práctica de la planificación, se realicen los estudios de factibilidad cultural necesarios, de la misma manera que se realizan los estudios de factibilidad financiera, económica, social, política o ambiental. Lo anterior implica la realización de una evaluación del impacto cultural en todas las actividades humanas de planificación, o de las que sean objeto de una intervención deliberada por parte de cualquier actor o agente social. Producto de lo anterior, en 2002, el Senado de la República propuso enmarcar la “Factibilidad cultural” en la legislación mexicana. Nueve años después, los primeros días de julio de este año, el Poder Legislativo reformó los artículos 2, 8, 21, 27 y 40 de la Ley de Planeación, para incorporar el concepto al proceso de planeación de las políticas públicas nacionales. La exposición de motivos de la citada reforma, señala que el objetivo es contribuir a los esfuerzos de desarrollo en México: “a través de la creación de instrumentos conceptuales y metodológicos que permitan incorporar la cultura en los procesos de identificación, formulación y ejecución en las políticas de acción internacional, nacional y local, así como en los niveles y órdenes intermedios y de proyectos concretos”. Esto es, incorporar en las normas y principios básicos con que se lleva a cabo el proceso de planeación nacional del desarrollo, el concepto cultura, y encauzar las actividades de la administración pública federal hacia un mejor desarrollo de las políticas públicas. En ese sentido, a partir de ahora, el artículo segundo de la Ley de Planeación establece la necesidad de impulsar el equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de estabilidad económica y social; y la factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales. México es el primer país de América Latina que adopta este concepto en sus políticas de planeación del desarrollo. Sin embargo, nada nos garantiza que el desarrollo humano establecido en la normatividad vigente vaya a ser más sustentable. Para ello falta ver su traducción y aplicación en los programas, planes, proyectos y acciones de los tres órdenes de Gobierno.