Jalisco se estancó y no registró progresos significativos en el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por World Justice Project, una organización civil internacional que evalúa los avances en el tema.El Estado obtuvo una nota general de 0.37 puntos, que es la misma de la revisión anterior, colocándose en el lugar 24 a nivel nacional. Las Entidades con los puntajes más altos fueron Querétaro, Yucatán y Guanajuato.El Índice utiliza una escala de 0 a 1 de puntuación, en donde el 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. Y evalúa ocho rubros: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.En Jalisco, entre lo peor evaluado en materia de justicia penal fueron los subfactores relacionados con el actuar de policías y agentes del Ministerio Público en la investigación de delitos. En esos rubros la calificación quedó por debajo del 0.20. Se documentó un bajo puntaje al valorar si el sistema de procuración de justicia es independiente y está libre de corrupción.En el factor de ausencia de corrupción, sobresale el bajo puntaje obtenido en la influencia indebida de los poderes políticos o económicos, o del crimen organizado. También empeoró en el rubro de cumplimiento regulatorio y en el ámbito local hubo retroceso en el factor de derechos fundamentales.Respecto al de orden y seguridad, Jalisco tuvo una mejoría al pasar de 0.27 a 0.32.En general, la evaluación refiere que los contrapesos estatales registran un deterioro en más de la mitad del país, ya que el puntaje de los límites al poder gubernamental bajó en 17 Estados, entre éstos Jalisco. Entre los resultados del Índice de Paz México 2021, Jalisco se ubicó en el lugar 19 en el país. Los Estados con más seguridad son Yucatán, Tlaxcala y Chiapas. Los peores son Baja California, Zacatecas, Colima, Guanajuato, Sonora y Chihuahua. “En los últimos años, la violencia se ha concentrado cada vez más en ciertas partes de México, y esta tendencia continuó en 2021. Al igual que en 2020, sólo seis Estados (Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Chihuahua y Jalisco) concentraron aproximadamente la mitad de todos los homicidios”, refiere el estudio.Añade que, desde 2015, Jalisco “ha transitado por una serie de altibajos en materia de paz y seguridad, aunque en 2021 mejoró una posición en la clasificación nacional pasando de la posición 20 a la 19, algunos indicadores como homicidio y delitos con violencia se mantienen en niveles altos, lo cual le impide mostrar mejoras más consistentes”.Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, estimó que cerca de dos tercios de los homicidios se atribuyen al crimen organizado, que también está vinculado con el incremento de delitos como extorsión, secuestro y trata de personas.También incide en que los Estados más pacíficos del último año han sido Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche e Hidalgo, en su mayoría en el sureste mexicano, mientras que los más violentos han sido Baja California, Zacatecas, Colima, Guanajuato y Sonora, casi todos del centro a la Costa del Pacífico.“Hemos identificado que estos cinco Estados tienen una fuerte presencia de delincuencia organizada y una alta disponibilidad de armas de fuego”.Esto lo atribuyó a los cambios en los mercados internacionales de droga, que ahora demandan más productos sintéticos, por lo que en estas zonas de mayor violencia también suelen encontrarse laboratorios de fentanilo.La violencia en ciertas regiones desplazó a más de 44 mil personas en México en 2021, más del doble que en 2016.La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió ayer a las autoridades de México que redoblen los esfuerzos para acabar con las desapariciones en el país, tras darse a conocer que hay más de 100 mil casos desde 1964.“El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones. Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria”, dijo a través de un comunicado.La Oficina de las Naciones Unidas que dirige Bachelet también denunció la “abrumadora tasa de impunidad” en torno a estas desapariciones, ya que sólo en 35, de más de 100 mil casos, han sido condenados los perpetradores.Bachelet recordó en su mensaje a las familias de las víctimas, “que han sido clave para organizar y proponer soluciones, así como para lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”.Agregó que más del 97% de las desapariciones cuya fecha se conoce ocurrieron posteriormente a diciembre de 2006, “cuando México transitó hacia un modelo militarizado de seguridad pública”.En Jalisco hay 14 mil 952 personas desaparecidas y no localizadas, según la más reciente actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, lo que significa que la Entidad se mantiene en el primer lugar nacional en la materia, por encima de Estados como Tamaulipas o el Estado de México, que le siguen con poco más de 11 mil desaparecidos.El Colectivo Por Amor a Ellxs advirtió sobre la cifra negra de los casos no denunciados. En un comunicado, subrayó que el registro oficial sólo incluye a quienes tienen presentada una denuncia, pero destacó que en la realidad existen muchos eventos en los que no se interpone denuncia.“El miedo, el desconocimiento y la falta de sensibilidad y atención adecuada de las autoridades alejan a las familias desapareciendo a las personas también de las cifras oficiales. Las redes de familias y colectivos no dejaremos de buscar, tengan denuncia o no. Exigimos justicia y verdad”.En la estadística oficial se detalla que 14 mil 388 personas están en la categoría de desaparecidas y a 564 se les refiere como no localizadas.Los municipios con mayor incidencia son: Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Tala.La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) localizó a un niño y a una mujer, quienes habían sido reportados como desaparecidos en la colonia Santa María, en Guadalajara.De acuerdo con los uniformados, las dos personas fueron reportadas como desaparecidas a sus familiares mediante llamadas de extorsión telefónica, por lo que sufrieron un secuestro virtual. Los policías entrevistaron a un hombre de 35 años, quien dijo ser el padre del menor de edad. Explicó que recibió una llamada telefónica, a través de la cual le exigieron 300 mil pesos por liberar a su hijo de 11 años y a la tía del menor, de 65 años de edad, que se encontraba con él. Al no poder contactar a sus familiares, el padre de familia llamó al 911.Los oficiales encontraron a las dos personas sanas y salvas en la plaza Las Torres, ubicada en avenida 8 de Julio y Lázaro Cárdenas. De acuerdo con el testimonio de la tía, ella fue contactada vía telefónica por los presuntos extorsionadores, quienes la convencieron de trasladarse a plaza Las Torres. En el lugar fue contactada nuevamente y convencida de que retirara su tarjeta SIM de su celular.En ese momento, los presuntos extorsionadores aprovecharon para llamar al padre del menor de edad para exigir dinero por el rescate de ambas personas.En otro caso, elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco localizaron a un adolescente que había sido reportado como desaparecido en la colonia Haciendas de Santa Fe, y quien también fue víctima de una extorsión telefónica, en la modalidad de secuestro virtual.Para incrementar las penas de cárcel y homologar el Código Penal estatal con la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la diputada Claudia Murguía Torres presentó una iniciativa de reforma que plantea armonizar la legislación local con la disposición federal que contempla sanciones más severas.La coordinadora de la fracción panista argumentó que prevenir, combatir y sancionar el delito de trata es un reto para el Estado, que presenta focos rojos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala. Detalló que tiene registro de que, desde 2019 y en lo que va de 2022, hubo 195 denuncias por presuntos casos de trata, en su mayoría relacionadas con hechos de prostitución y explotación sexual.“Somos conscientes que una sola reforma de ley no es suficiente, hay que implementar políticas públicas de prevención y de erradicación, en la parte que juzga, en el Poder Judicial, hacer valer las leyes”, dijo.En el proyecto de reforma se busca que el delito de corrupción de menores, que actualmente tiene una pena de tres a 10 años de prisión, alcance una sanción de 10 a 15 años más, y si hay elementos constitutivos de trata, llegar hasta 40 años.La sanción por lenocinio, que es de cinco a nueve años, se propone que se eleve de 10 a 15 años y que se investigue con los elementos de la Ley General. En la prostitución infantil, la propuesta es ampliar a la misma cantidad. La iniciativa se presentará en la próxima sesión del pleno del Congreso y será remitida a comisiones para su análisis.Tres elementos de la Guardia Nacional y un presunto delincuente fallecieron tras varios enfrentamientos ocurridos la tarde y noche del pasado lunes en algunas comunidades de los municipios de Villa Hidalgo, Teocaltiche y Jalostotitlán en la zona de Los Altos de Jalisco.Un grupo de sujetos armados agredió a policías municipales de Villa Hidalgo en la zona serrana del municipio sin que se registraran personas heridas o muertas.Horas después, en el mismo sitio, pero en ya en el municipio de Teocaltiche, elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por un grupo delictivo, y tras varios minutos de enfrentamiento a tiros, murieron.Hasta ahora la Fiscalía General de la República, encargada de las investigaciones, no ha brindado más detalles de lo ocurrido.El gobernador indicó que se trabaja en coordinación con el Gobierno federal para tratar de garantizar la seguridad de los ciudadanos en esta región.Un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal confirma que los civiles muertos en enfrentamientos que tuvo la Guardia Nacional con grupos criminales en 2021 fueron tres veces mayor al número de lesionados.Según el análisis, 65 civiles murieron en los 125 eventos donde se empleó la fuerza letal (el número de lesionados fue de 20 civiles).Por otra parte, el año pasado fallecieron 10 elementos de la Guardia Nacional durante enfrentamientos, y 62 resultaron heridos.El gobierno de Tlajomulco, encabezado por Salvador Zamora Zamora, realizó la presentación oficial del Gabinete Ciudad de Paz, el cual busca un abordaje transversal que incluya a todos los rubros sociales que impactan de diversas maneras a los ciudadanos. “No puede haber paz si no hay condiciones de seguridad, no puede haber paz si no hay empleo, no puede haber paz si no tenemos un espacio público de convivencia, no puede existir paz si no trabajamos de la mano de los más vulnerables, sin una agenda de perspectiva de género”, remarcó.Se trata del primer espacio en su tipo en el país y está compuesto por todas las dependencias del gobierno municipal y Organismos Públicos Descentralizados, quienes trabajarán mediante cinco ejes transversales: Espacios de Paz, Símbolos de Paz, Formación de Paz, Mediciones de Paz y Restablecer la Paz.El arranque formal será el próximo 6 de junio con diversas intervenciones sociales en las diferentes zonas del municipio, eventos, inauguraciones de espacios de paz, capacitaciones a los funcionarios y el fomento a la corresponsabilidad en los programas sociales. Para todo el programa se destinarán 350 millones de pesos, lo que representa el 10% del presupuesto municipal.¿Qué opina del trabajo de las autoridades contra la delincuencia?Participa en Twitter en el debate del día @informador
